Queremos que escuchen y reconozcan los derechos a las víctimas de explotación sexual.

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Carta abierta a la Corte Constitucional
De mujeres sobrevivientes y en situación de prostitución

Nosotras las mujeres sobrevivientes y que sobrevivimos en la prostitución, en ocasión del día internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, saludamos y queremos decirle a la Corte Constitucional, a propósito de la Sentencia T-594 de 2016, que:

1.      Nos parece muy bien que se obligue a la policía a que nos respete nuestra libertad de estar en el espacio público, pues no estamos cometiendo, ni hemos cometido ningún delito.

2.      No queremos ser llamadas trabajadoras sexuales, este término nos desconoce como personas con los derechos vulnerados por los explotadores sexuales y por el Estado que no ha cumplido con su función de protegernos de la explotación sexual en la prostitución y todas las violencias que vivimos a diario en ella.

3.      Queremos que se reconozcan nuestros derechos como personas, no como trabajadoras, la prostitución no es un trabajo, simplemente es la forma en la que hemos podido sobrevivir, pero no tiene nada de trabajo porque el trabajo dignifica y no destruye.

4.      No queremos que se reglamente el que ustedes llaman “Trabajo Sexual”, no queremos que los explotadores sexuales estén amparados por la ley.  El código de policía nos pone en una situación adicional de vulnerabilidad pues nos impone cargas y sanciones a nosotras, y facilita la conducta de nuestros explotadores.

5.      No queremos pagar salud, pensión y ARL con el producto de la violencia sexual que se ejerce sobre nuestros cuerpos.

6.      Queremos que quede claro que esta violencia que vivimos y la angustia de estar en esta situación, ha dejado huellas en nuestra salud física y mental y en la de nuestros hijos e hijas. 

7.      Queremos que se reconozca que muchas hemos sido empujadas a la explotación sexual, porque llegamos a Bogotá desplazadas por las violencias que hemos sufrido en nuestras casas o por el conflicto armado.

8.      Queremos políticas públicas que nos reparen, que nos permitan acceder a oportunidades para reconstruir nuestras vidas y tener trabajos dignos. Estas políticas no pueden ser de “trabajo sexual” sino que deben empezar por reconocer que nuestros derechos han sido vulnerados como mujeres y población discriminada.

9.      Queremos que se prevenga la explotación sexual de mujeres y niñas.

Como integrantes de la Iniciativa Ciudadana: De la prostitución a la Equidad de Género, pedimos que se nos escuche como sobrevivientes y mujeres en situación de prostitución, y se revise la Sentencia T-594 de 2016, que termina teniendo un impacto mucho peor sobre nuestros derechos fundamentales.

Original Firmada y Radicada ante la Corte Constitucional el 25 de noviembre de 2016.

 

DATOS DE INTERÉS:  

Violencia policial en la explotación sexual: la punta del iceberg:

Lo que la Corte Constitucional no comprendió en la Sentencia T-594

 La Sentencia T-594 de 2016 en la que Esperanza y Abril presentan acción de tutela en contra de varias instituciones del Estado para solicitar la protección a su derecho a la libre circulación, al mínimo vital, al trabajo y el debido proceso, así como a la integridad personal, la discriminación y una vida libre de violencia, al haber sido retenidas por la Policía en La Mariposa- Barrio Santa Fe en Bogotá por ser “trabajadoras sexuales” y “ocupar espacio público indebidamente”, es otro intento -bien intencionado- pero desinformado que confunde y agrava notablemente la problemática de la explotación sexual en la prostitución en Colombia.

Con excepción de la protección del derecho a la libre circulación, los argumentos/peticiones de las demandantes y las organizaciones que les apoyan, así como las consideraciones de la comisión de la Corte Constitucional para defender los derechos fundamentales vulnerados a sujetos de especial protección constitucional, resultan ser solo la “punta del iceberg” de esta problemática social y los derechos fundamentales que vulnera. 

La parte escondida del iceberg, invisible a primera vista, es la industria del sexo, el crimen organizado, los feminicidios, las violencias de género, la explotación sexual a través del proxenetismo y los hombres que pagan por sexo, quienes se ven enormemente beneficiados con la Sentencia. Simultáneamente las niñas, niños, adolescentes, mujeres y transgenero explotadas sexualmente o víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, y las mujeres en general que se ven perjudicadas estructuralmente por las consideraciones, conceptualizaciones y resoluciones de esta Sentencia y las que la precedieron.

 El caso

Las demandantes denunciaron que la Policía llegó a la Mariposa, en el barrio Santafé y destruyó sus bolsos, las descalzó y subió a un camión para detenerlas en la estación, las abusó verbalmente y realizaron inspecciones vaginales. Estos y otros patrones sistemáticos y persistentes contra ellas (como amenazas de traslado a la estación si no pagan por estar allí, esparcimiento de rumores sobre el estatus de VIH de algunas mujeres, amedrentamiento de los “clientes”, probar estado de lactancia descubriendo su pecho, requisas por droga) violan sus derechos fundamentales.

Argumentan además que ellas no prestan el servicio en calle, sino que allí se encuentran con sus “clientes” para luego ir a los establecimientos o habitaciones. Es decir, no se encontraban vendiendo su cuerpo, sino usando el espacio público. Solicitaron investigación disciplinaria de la Policía, reparación por daños económicos, sociales y psicológicos, y disculpas públicas. También garantizar el ejercicio libre y voluntario del trabajo sexual, y protocolos en la Policía para garantizar sus derechos.

 La sentencia

Luego de analizar los hechos la Corte Constitucional considera que la medida de retención es un desconocimiento de este grupo como marginado, una discriminación con base en su “labor”, usando el perfilamiento estereotipado para realizar requisas arbitrarias, detenciones indiscriminadas y actos de violencia física o psicológica amparado en normas asociadas al control del orden público o la prevención contra el delito.

Argumenta que el trabajo sexual, o la prostitución, es legal en el país, y que al no haber exhibiciones obscenas en la vía, se infiere de la acción de la Policía una discriminación basada en su apariencia física y forma de vestir. También cuestionan la  concepción institucional de las “trabajadoras sexuales” como vendedoras ambulantes, para el caso en que “la venta estacionaria es su cuerpo”. Concluye que estas concepciones y prácticas tienen mayor impacto en personas vulnerables por su situación socioeconómica por lo cual requieren de mayor protección y desarrollos que regulen la prostitución para no estar en riesgo.  Consideran que las medidas administrativas de la Policía fueron arbitrarias, excluyendo un segmento de la población del espacio público y violando sus derechos a la libertad personal, la libre circulación y a la igualdad. Proponen políticas que incluyan a los usuarios de estos servicios, y a derribar los estereotipos alrededor de trabajo sexual como derecho al trabajo.

Afirma la Sentencia que “En contraste el trabajo sexual lícito, es decir, la prostitución por cuenta propia o por cuenta ajena -a partir del ejercicio de la voluntad libre y razonada, y la actividad comercial de las casas de prostitución-, no se encuentran penalizadas en Colombia”. Lo cual interpreta y extiende del artículo del Código aún vigente de Policía que dice Artículo 179.- El solo ejercicio de la prostitución no es punible.” Aunque más adelante reconozca que este código hace referencia únicamente a la persona que “trafica” con su cuerpo y no a la “actividad comercial de las casas de prostitución”. De esta interpretación la Corte en precedentes sentencias de tutela, conceptúa la existencia de un “trabajo sexual por cuenta ajena” y asume que este, que hasta ahora se conoce como proxenetismo en el lenguaje común y que se tipifica en el delito de Inducción a la Prostitución, es lícito y además debe ser protegido.

En el marco de lo anterior la Corte entre otras medidas relacionadas con el derecho a la libre circulación y la no repetición de su vulneración por parte de la Policía de Bogotá, resuelve ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá que en el término de dos meses instale una mesa para la conceptualización de la Política Pública que incluya representantes de las trabajadores sexuales y otros representantes de ONG´s y de la sociedad civil para que en un plazo máximo de un año implemente el programa de oportunidades para esta población. Además de exhortar al Ministerio del Trabajo a que elabore una propuesta de regulación sobre el trabajo sexual de acuerdo con los lineamientos establecidos en esta decisión, que priorice la adopción de medidas que protejan a quienes ejercen la prostitución legalmente y que cuente con la participación de sus representantes.

La Corte acierta en condenar la violencia física, verbal y detención arbitraria de la Policía Nacional a personas con base en estereotipos y perfilamiento. Sin embargo, no devela la estructura subyacente a esta discriminación y violencia basada en género que pretende normalizarse con la regulación del “trabajo sexual por cuenta propia y por cuenta ajena”.

Lo que incomprendió la Corte

·        La explotación sexual no está definida por la “voluntariedad, autonomía o agencia” de sus víctimas. Es una conducta cometida por el explotador donde solo su dolo está en juicio. La  explotación sexual, de acuerdo con la ley modelo del protocolo de Palermo y el glosario de Naciones Unidas, consiste en la obtención de beneficios económicos, o de otro tipo, mediante la participación de una persona en la prostitución, incluidos los actos pornográficos o la producción de material pornográfico. Es cualquier abuso o intento de abuso de una posición de vulnerabilidad, desequilibrio de poder o confianza, con fines sexuales. Incluyendo pero no limitado a ganancias económicas, sociales o políticas producto de la explotación sexual de otra persona.

·        No hay ninguna ley en Colombia o constitución en el mundo, que afirme que el “trabajo sexual” es trabajo y es legal. Y es que el foco no debe ser si la prostitución es legal, sino en que la explotación sexual es ilegal. Quien “ejerce” la prostitución no son las mujeres, sino los proxenetas y los que pagan por sexo, al pretender obtener el consentimiento a cambio de pago, abusando de la vulnerabilidad económica, social, psicológica, de género-edad-etnia de ellas. Querer regularizar el “trabajo sexual” hace invisible y aceptables los delitos de explotación sexual poniendo la responsabilidad en las víctimas de su propia explotación.

·        La gran mayoría de quienes se encuentran siendo explotadas sexualmente en la prostitución, son poblaciones vulnerables por  desplazamiento forzado, abuso y maltrato en  la niñez y adolescencia (incluida la explotación sexual), por falta de oportunidades laborales y económicas basadas en discriminación. No son los estereotipos alrededor del “trabajo sexual como indigno” los que contribuyen a la exclusión y marginación de esta población, sino la falta de reconocimiento social de que se trata de una violencia basada en género con graves impactos en la vida de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, transgénero y hombres gay principalmente.

·        En la explotación sexual la violencia es la norma por parte de sus explotadores sexuales directos e indirectos, es decir proxenetas y los mal llamados “clientes”: quienes adicional a la explotación que ejercen sobre ellas, también son los autores de ataques físicos y verbales, tortura, violación, esclavitud, feminicidio, desaparición, entre otros crímenes. Es imposible estar “libre de violencias” en la prostitución y así lo constatan hasta la minoría de mujeres de estratos altos y tratadas internacionalmente para la prostitución. Así, el trato digno y la prohibición de maltrato físico y verbal por parte de la Policía es una medida superflua frente a la magnitud de la violencia experimentada por la población explotada sexualmente en la prostitución.

·        En el caso de la explotación sexual en la prostitución, el cuerpo SI es la mercancía, base fundamental de la lucrativa industria del sexo. Es decir, el cuerpo o una parte se alquila o vende al que paga por tener sexo o por humillar y maltratar. En la prostitución una persona quiere sexo y la otra no, por lo cual esta última debe cobrar. Entonces, la “cosificación institucional” que lleva al menosprecio y la subordinación de las personas es inherente a todo el sistema que prostituye a esta población y que se beneficia de su explotación. Es imposible separar los supuestos “servicios sexuales” de la integridad sexual y la dignidad de la persona, y disminuir sus riesgos.

·        Las personas explotadas sexualmente en la prostitución no escogen voluntariamente esta vida, ni la disfrutan como “trabajo” (son mínimas las personas que dicen hacerlo con gusto y son presentadas glamurosamente por los medios de comunicación). Las demandantes mismas lo dicen: “diariamente soportamos todo tipo de abusos y discriminación porque carecemos del mínimo para sobrevivir y mantener a nuestras familias”. No se trata de respetar el libre desarrollo de la personalidad por su forma de vestir, sino de entender que este es el “disfraz” que deben usar para cumplir el estereotipo  que atrae a quienes pagan por sexo. Estas mujeres en su vida cotidiana no se visten así y normalizar esta forma extrema de supervivencia, termina desconociendo las graves vulneraciones a sus derechos humanos fundamentales (la vida, la igualdad, libertad e integridad sexual, la dignidad humana, la no discriminación, vivir libre de esclavitud, tortura, a vivir sin humillaciones, al trabajo digno, a la seguridad social, vivienda, educación, mínimo vital, la salud y otros).

·        El Estado Colombiano ha dejado desprotegida a esta población, porque el conflicto armado además, ha alimentado este lucrativo negocio conectado al narcotráfico. Pero es contradictorio pedirle al Estado que regule el “trabajo sexual como trabajo digno” y luego crear programas de oportunidades para esta población vulnerable. O es lo uno, o es lo otro. Y se ha probado que reglamentar facilita la violación de derechos de las poblaciones más vulnerables, y si no recordemos el Bronx zona reglamentada de alto impacto, cuyos patrones de delito son similares a los de la legalización en Alemania (ver cuadro).

La solución

Reglamentar o legalizar la prostitución o el “trabajo sexual” no cambia la violencia inherente a ella. Para considerar el iceberg completo, es fundamental poner el foco en los explotadores, aplicando las prohibiciones sobre la explotación de la prostitución ajena, prohibiendo el pago por sexo, reestableciendo los derechos de las mujeres, niñas y niños, transgenero y gays a través de políticas públicas eficaces.

También requiere de una sociedad que defienda la equidad de género y que considere a estas poblaciones tradicionalmente discriminadas como iguales en dignidad y derechos, y por lo tanto no comercializables. El modelo de EQUIDAD DE GENERO, implementado por los países Nórdicos y en Francia entre otros, es la solución. En Colombia ya tenemos avances, no están criminalizadas las personas en situación de prostitución, la explotación sexual está criminalizada, y hay intentos por hacer políticas públicas integrales. La misma Corte Constitucional ha admitido esta perspectiva en  sentencias Constitucionales, recomendando la abolición, erradicación y desestimulo de la prostitución.

 ¿Quienes somos?

La Iniciativa: De la Prostitución a la Equidad de Genero, una alianza de activistas, sobrevivientes y víctimas de explotación sexual en la prostitución y organizaciones en Bogotá-Colombia-Sur América en contra de la explotación sexual de seres humanos.  Pretende fortalecer el trabajo avanzado por lideresas y sobrevivientes, informar a la ciudadanía y autoridades, investigar en profundidad y contribuir a generar avances jurisprudenciales, legislativos, en políticas públicas y cambios socioculturales.  Hace visible la conexión de la explotación sexual de mujeres y trans, con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas, con el objetivo de restablecer los derechos de esta población, prohibir el proxenetismo y desestimular la demanda.

Para contactarnos: iniciativaequidadgenero@gmail.com

Texto completo con gráficas y fuentes en: https://es.scribd.com/document/332321600/201611ElIceberg-SentenciaT-594-2016FINAL-Ok  



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