Pídele al Congreso que proteja a los líderes ambientales y apruebe el Acuerdo de Escazú

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Las personas y organizaciones firmantes nos hemos unido para solicitarle con urgencia al Congreso de la República de Colombia que ratifique el Acuerdo de Escazú para la protección de los líderes y lideresas ambientales en el país.

Recordemos que en diciembre, el Gobierno Nacional firmó este Acuerdo ante las Naciones Unidas. Sin embargo, está en las manos del Congreso de la República la aprobación de este convenio que permitirá ratificar el compromiso de Colombia para  prevenir los conflictos ambientales que surgen a diario en el territorio y evitar el aumento desmedido de asesinatos de defensores ambientales, aún más luego de haber sido Colombia catalogado como el país más peligroso en el mundo para ejercer la defensa del medio ambiente y el territorio.

El Acuerdo de Escazú es un tratado multilateral, adoptado y firmado por 24 países y ratificado por 10 de ellos, en el que los estados se comprometen a garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, a través de herramientas que respondan a las prioridades y necesidades de cada país.

Para Colombia, el Acuerdo de Escazú es un instrumento de vital importancia que le permitirá superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental y contar con un marco jurídico unificado y estandarizado que proporcione reglas claras a todos los actores nacionales. 

Este no atenta contra la soberanía nacional; el Acuerdo no contiene disposiciones sobre los espacios terrestre, marítimo o aéreo del territorio nacional. De hecho, su implementación se guía por dos principios clave que garantizan la soberanía de los Estados: el artículo 3 menciona los principios de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, e igualdad soberana de los Estados; y el artículo 4 dispone que las obligaciones contenidas en él deberán ser incorporadas por los Estados según su propia legislación, sin que estas limiten o deroguen otros derechos y garantías más favorables previstas por las legislaciones del Estado que lo ratifique.

De antemano, la Corte Constitucional ha reconocido que el país tiene un déficit de protección constitucionalmente inadmisible en materia de participación ciudadana, debido a la inexistencia de una regulación definida de mecanismos de participación ciudadana ambiental e instrumentos de coordinación y concurrencia.

La ratificación del Acuerdo envía una fuerte señal a los demás países, incluidos los aliados comerciales y de cooperación, así como a los inversionistas extranjeros, al reafirmar el compromiso de Colombia con la buena gobernanza, la transparencia y la participación pública en la toma de decisiones ambientales, en el marco de su vinculación con la OCDE y de inversiones a través de la Banca Multilateral.

Es urgente incorporar en Colombia garantías asociadas con los derechos de acceso y políticas de sostenibilidad en línea con las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Con la ratificación de este instrumento regional, el país contará con un mejor marco legal para la transparencia y mayor seguridad jurídica que contribuyen al desarrollo de proyectos e incentivan las inversiones en Colombia, en cumplimiento y concordancia con los estándares comerciales globales y regionales.

Cabe resaltar que, en lo que respecta al desarrollo de proyectos, obras o actividades Colombia es un país en el que la mayoría de contingencias relacionadas con proyectos del sector privado ocurren justamente por falta de procesos de participación y acceso a la información efectivos, lo que demuestra la importancia del Acuerdo de Escazú para el fortalecimiento de agendas de desarrollo a favor de todos los actores involucrados.

Por eso, FIRMA y COMPARTE ya esta petición para ayudarnos a solicitarle al Congreso de la República que se comprometa con los líderes ambientales y aprueben el proyecto de ley del Acuerdo de Escazú.

#ColombiaConEscazú