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Los efectos que causa la reforma laboral impuesta por el Gobierno son evidentes y pueden contabilizarse. Medio millón de personas han sido despedidas desde su entrada en vigor.

Son muchos los ejemplos que en la actualidad podemos encontrar de empresas que tienen beneficios y, sin embargo, despiden a sus trabajadores de forma fácil y barata bajo unas supuestas razones económicas que enmascaran la búsqueda de contrataciones más precarias o una deslocalización empresarial.

Con el actual marco legal, se entiende que concurren causas económicas para despedir de forma legal colectiva o individualmente, con una indemnización de 20 días por año trabajado y con un límite de 12 mensualidades, cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. Y se aclara que, en todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. La situación económica negativa puede pues justificarse simplemente por una disminución en los ingresos, aunque la empresa tenga sólidos beneficios y una situación patrimonial saneada.

El despido se ha descausalizado pero además, cuando un despido sea declarado improcedente por un juez en sentencia definitiva, pueden ocurrir dos cosas: la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo con las mismas condiciones laborales de las que disfrutaba con anterioridad al despido, o que el trabajador reciba una indemnización por despido improcedente fijada, con carácter general, en 33 días de salario por año de servicio y hasta un máximo de 24 mensualidades. Estas son las dos soluciones que establece el Estatuto de los Trabajadores para un despido considerado como improcedente. Despido así considerado porque el empresario no ha cumplido los requisitos formales o por no quedar acreditado el incumplimiento que según el empresario justifica el despido, su gravedad y su culpabilidad.

Pero la capacidad de elección ante una u otra solución, indemnización o readmisión, no pertenece al trabajador que ha sido despedido sin causa justificada, sino al empresario, desequilibrando la balanza aun más a favor de quien es la parte fuerte en la relación laboral.

Abaratar, descausalizar y facilitar el despido se planteaba como una de las soluciones a la crisis y como una herramienta para procurar mayor estabilidad y calidad en el empleo. Sin embargo, las empresas sólo invertirán y generarán empleo en el sector privado cuando tengan expectativas de vender en el mercado sus servicios o productos. En plena recesión y con la demanda deprimida, abaratar el despido significa automáticamente mayor destrucción de empleo.

Y respecto a la calidad del empleo, no parece que las sucesivas reformas que han abaratado directa o indirectamente el despido e implantado una mayor desregulación laboral, arrojen un balance positivo en términos de estabilidad en el empleo. La precariedad laboral se ha conformado como un rasgo estructural de nuestro mercado de trabajo. Abaratar el despido podría significar añadir mayor inestabilidad a las relaciones laborales.

Reducir el coste del despido no va a procurar que nuestra economía sea más eficiente, ni más productiva, ni va a conseguir que el empleo que se cree, cuando se cree, sea de mayor calidad.

Las causas económicas establecidas en el marco legal como instrumento de extinción colectivo o por causas objetivas de contratos, son la puerta de entrada a la generalización absoluta de este mecanismo para el despido barato con tan solo 20 días de indemnización. Y en el caso de despido declarado improcedente, que también se ha abaratado, no es justo que la opción por la indemnización o la readmisión pertenezca al empresario.

Por todo ello, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas legales oportunas para:

1.- Establecer que concurren causas económicas para objetivar la extinción de contratos de trabajo únicamente cuando de los resultados de la empresa se desprenda una progresiva evolución económica negativa que haya conducido a una situación de pérdidas y que impidan el desarrollo de la actividad de la empresa.

2.- Establecer que en el caso de despido declarado improcedente sea el trabajador el que pueda optar a la readmisión en su puesto de trabajo.

3.- Establecer que cuando el despido sea declarado improcedente el empresario, en su caso, deberá abonar una indemnización equivalente a 45 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 42 mensualidades.

4.- Tipificar como un delito de desobediencia civil el incumplimiento por parte del empresario de los derechos del trabajador en el caso de despidos sin causa justificada.”

(Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL)

Letter to
Presidente del Gobierno Español Mariano Rajoy Brey
Los efectos que causa la reforma laboral impuesta por el Gobierno son evidentes y pueden contabilizarse. Medio millón de personas han sido despedidas desde su entrada en vigor.

Son muchos los ejemplos que en la actualidad podemos encontrar de empresas que tienen beneficios y, sin embargo, despiden a sus trabajadores de forma fácil y barata bajo unas supuestas razones económicas que enmascaran la búsqueda de contrataciones más precarias o una deslocalización empresarial.

Con el actual marco legal, se entiende que concurren causas económicas para despedir de forma legal colectiva o individualmente, con una indemnización de 20 días por año trabajado y con un límite de 12 mensualidades, cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. Y se aclara que, en todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. La situación económica negativa puede pues justificarse simplemente por una disminución en los ingresos, aunque la empresa tenga sólidos beneficios y una situación patrimonial saneada.

El despido se ha descausalizado pero además, cuando un despido sea declarado improcedente por un juez en sentencia definitiva, pueden ocurrir dos cosas: la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo con las mismas condiciones laborales de las que disfrutaba con anterioridad al despido, o que el trabajador reciba una indemnización por despido improcedente fijada, con carácter general, en 33 días de salario por año de servicio y hasta un máximo de 24 mensualidades. Estas son las dos soluciones que establece el Estatuto de los Trabajadores para un despido considerado como improcedente. Despido así considerado porque el empresario no ha cumplido los requisitos formales o por no quedar acreditado el incumplimiento que según el empresario justifica el despido, su gravedad y su culpabilidad.

Pero la capacidad de elección ante una u otra solución, indemnización o readmisión, no pertenece al trabajador que ha sido despedido sin causa justificada, sino al empresario, desequilibrando la balanza aun más a favor de quien es la parte fuerte en la relación laboral.

Abaratar, descausalizar y facilitar el despido se planteaba como una de las soluciones a la crisis y como una herramienta para procurar mayor estabilidad y calidad en el empleo. Sin embargo, las empresas sólo invertirán y generarán empleo en el sector privado cuando tengan expectativas de vender en el mercado sus servicios o productos. En plena recesión y con la demanda deprimida, abaratar el despido significa automáticamente mayor destrucción de empleo.

Y respecto a la calidad del empleo, no parece que las sucesivas reformas que han abaratado directa o indirectamente el despido e implantado una mayor desregulación laboral, arrojen un balance positivo en términos de estabilidad en el empleo. La precariedad laboral se ha conformado como un rasgo estructural de nuestro mercado de trabajo. Abaratar el despido podría significar añadir mayor inestabilidad a las relaciones laborales.

Reducir el coste del despido no va a procurar que nuestra economía sea más eficiente, ni más productiva, ni va a conseguir que el empleo que se cree, cuando se cree, sea de mayor calidad.

Las causas económicas establecidas en el marco legal como instrumento de extinción colectivo o por causas objetivas de contratos, son la puerta de entrada a la generalización absoluta de este mecanismo para el despido barato con tan solo 20 días de indemnización. Y en el caso de despido declarado improcedente, que también se ha abaratado, no es justo que la opción por la indemnización o la readmisión pertenezca al empresario.

Por todo ello, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas legales oportunas para:

1.- Establecer que concurren causas económicas para objetivar la extinción de contratos de trabajo únicamente cuando de los resultados de la empresa se desprenda una progresiva evolución económica negativa que haya conducido a una situación de pérdidas y que impidan el desarrollo de la actividad de la empresa.

2.- Establecer que en el caso de despido declarado improcedente sea el trabajador el que pueda optar a la readmisión en su puesto de trabajo.

3.- Establecer que cuando el despido sea declarado improcedente el empresario, en su caso, deberá abonar una indemnización equivalente a 45 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 42 mensualidades.

4.- Tipificar como un delito de desobediencia civil el incumplimiento por parte del empresario de los derechos del trabajador en el caso de despidos sin causa justificada.”

(Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL)