QUE LA SALUD Y LAS PENSIONES ESTÉN GARANTIZADAS Y DEJEN DE SER UN NEGOCIO DE LAS ARS Y AFP

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En República Dominicana las personas tenemos miedo a enfermarnos y a envejecer porque cuando eso ocurra, nuestro Estado no nos cuidará, y tendremos que sobrevivir por nosostros mismos y escuchar de una ARS o una AFP que lo que nos pasa "no tiene cobertura".

Ahora los ciudadanos y ciudadanas levantamos nuestra voz para repudiar este estado de cosas, y exigir su transformación al servicio del buen vivir y la vida digna de las personas y la sociedad.

Actualmente se están gastando cerca de 200 mil millones de pesos en la atención de salud cada año, y hay ahorrado para las pensiones casi un 12% del PIB. Pero las personas no tienen derecho real a gozar de protección a su salud y de la vejez, porque los negocios y contubernios hoy valen más que el ser humano. En lugar de democracia y Estado de derechos, somos una finca para que un grupo tenga riquezas y poder.

Esto no es casual. En 2001, con la ley 87-01 se impuso en República Dominicana un sistema de salud y de pensiones que le quita al Estado su deber de garantizar derechos y convierte la atención de salud y las pensiones en una mercancía. Además, se puso al Estado sólo como un proveedor más, diviendo el sistema en múltiples partes para someterlo a la mercantilización.

Este sistema sólo beneficia a las ARS, los empresarios de la salud y las AFP. Esto se debe a que fueron las grandes familias y grupos dueños de los bancos y las empresas financieras quienes diseñaron este sistema para ganar inmensas riquezas.

Hoy en día, los hospitales públicos están en estado de catástrofe. Los dominicanos no alcanzan a tener ni 1 cama hospitalaria por cada mil habitantes. La mortalidad materno-infantil es escandalosamente alta. Los profesionales y trabajadores de la salud pública viven pésimas condiciones laborales. Los centros de Primer Nivel de Atención recibe apenas un 5% de la inversión. Los hospitales se privatizan bajo la llamada "autogestión". El gasto estatal en salud se dedica a grandes obras de infraestructura sin planificación alguna de salud, pensando en los réditos de los constructores y los votos.

Asimismo, las personas son obligadas a pagar un seguro todos los meses para que constantemente le digan que su seguro no les cubre lo que necesitan, y padezcan enfermedad y muerte de manera cruel. El 41% del costo lo tienen que pagar de su propio bolsillo en hospitales, clínicas y farmacias. Quienes tienen un "seguro subsidiado" apenas tienen un pobre seguro para gente pobre y la atención es una limosna.

Por el lado de las pensiones, solo el 21% de los dominicanos podrá completar el calvario de 360 cotizaciones. Nuestro país tendrá las peores pensiones de América Latina, y la mayoría que no gana más de 25 mil pesos con suerte tendrá pensiones de 6000 pesos mensuales.

Mientras todo esto ocurre, los bancos y empresas financieras dueñas de las ARS y AFP ya se han apropiado de más de 63 mil millones de pesos que deberían servir oara verdadera salud y pensiones.

Por todo esto, EXIGIMOS que se termine con este sistema perverso y:

1- Se le quite a las ARS y sus socios empresariales el poder sobre el derecho a la salud, y que el Estado recupere su responsabilidad con la salud y las pensiones, en un sistema universal, solidario, no empresarial, y que el financiamiento no vaya a carnet de seguros sino a los centros de atención, garantizándole a las personas servicios gratuitos, dignos y de calidad.

2- Que la financiamiento de la salud alcance el 6% del presupuesto nacional, como dice la END y los pactos internacionales, descargando a los ciudadanos del pago a ARS privadas y que nuestras cotizaciones e impuestos vayan a un sistema que garantice servicios, cobertura y protección sin diferencia de clase social, zona del país ni género.

3- Que el modelo supere su carácter meramente hospitalario y sea realmente de atención integral, no solo para curar la enfermedad, garantizando condiciones de vida saludables y servicios oportunos y de calidad, donde las comunidades tengan derecho a la participación y ejerzan el control social.

4- Que el sistema de pensiones no pertenezca más a los bancos y las grandes familias, y tengamos un sistema nacional como en los países que son referencia en este tema, donde tengamos garantizada una pensión digna de acuerdo a nuestro esfuerzo y el costo de la vida, y las personas pobres no queden desprotegidas.



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