Llamado a Rechazar los Proyectos de TRAMPArencia

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Únete a los llamados de La Red de Transparencia, Overseas Press Club (OPC) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) para rechazar la aprobación de los Proyectos de Ley de “Transparencia” (P. C. 1095), y de “Datos Abiertos” (P. S. 0236), ya que ambas limitan y obstruyen el derecho constitucional a la información pública, y no cumplen con 9 de los 10 estándares y principios internacionales de transparencia y acceso a la información pública. A continuación, y como expresando por la Red de Transparencia, te compartimos los detalles de estos incumplimientos.

Entre ellos, no protegen el derecho a la información de todos los ciudadanos por igual (principio #1), no aplican a todos los organismos públicos (principio #2), no promueven la máxima divulgación de la información (principio #3), no garantizan que las excepciones al acceso a la información sean limitadas y justificadas (principio #4), incluye (P.S. 0236) 12 categorías nuevas de confidencialidad que no están reconocidas en nuestro ordenamiento legal (principio #5), dificultan a ciertos solicitantes el acceso a recursos de revisión judicial (principio #6), no crean procesos fáciles, sencillos y rápidos para solicitar y recibir información (principio #7), no exigen formatos legibles para permitir que la información sea reutilizable y procesable (principio #8), y no promueven un gobierno abierto al expandir categorías de confidencialidad (principio #10). 

En el caso del Proyecto de Ley de “Transparencia”, la medida desde su inicio ha tenido serias debilidades, las cuales no se han atendido a pesar de diversas enmiendas sugeridas. La versión actual aprobada por la Cámara y el Senado, es aún más débil ya que elimina la disposición de entregar inmediatamente la información pública cuando la misma es de fácil acceso para los funcionarios, no define detalladamente lo que es “información pública”, “documento público” o “divulgación proactiva”, y no establece un ente a cargo del desarrollo de normas y procesos para que todas las entidades públicas implementen la ley de la misma forma. Además, aquellas personas que soliciten información en oficinas públicas regionales tendrán que esperar más tiempo para recibirla, y el recurso especial de revisión judicial solo tomará lugar en el Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial de San Juan, dificultando acceso a residentes fuera de la zona metropolitana. Más aún, la versión aprobada tampoco estipula las excepciones de confidencialidad, dejando espacio a la arbitrariedad de las denegatorias de acceso.

Por otra parte, el Proyecto de Ley de “Datos Abiertos” tiene cambios que atentan contra los propósitos del mismo. Específicamente, la versión aprobada le quita la tutela al Instituto de Estadísticas, y en vez, establece al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) como el ente responsable de dicha implementación. Esta Oficina, la cual tiene poca experiencia relacionada a los datos y responde directamente al Gobernador de Puerto Rico, le resta independencia al proceso y limita la capacidad regulatoria de calidad y divulgación de datos que puede ofrecer el Instituto de Estadísticas. La versión aprobada también elimina la petición de que el proceso de digitalización sea legible por máquina, afectando la viabilidad del ciudadano de poder adquirir y analizar la data. La medida deja fuera a la Rama Legislativa, la Rama Judicial y los municipios, y le añade 12 excepciones de confidencialidad a las 5 ya establecidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico (para un total de 17 excepciones). 

Finalmente, ambos proyectos se contradicen, lo que podría crear aún mayor confusión e inconsistencia en la implementación de esfuerzos. Por ende, pedimos que te unas al llamado para que el Gobernador vete ambos proyectos, reabra una discusión seria y profunda de estas medidas en conversación con las entidades conocidas del tema, y de esa manera encamine legislación que realmente le permita al país insertarse en la corriente mundial de apertura de datos y acceso a la información para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y atajar la corrupción.