DISOLUCIÓN DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO (PARLACEN)

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La ineficacia del PARLACEN ha demostrado que no es necesario contar con ese organismo y así ha sido propuesto por el Gobierno de Guatemala, según ha sido publicado, en los siguientes términos: 

“Constituido en Guatemala el 8 de octubre de 1987, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) ha sido hasta el momento un organismo inoperante que cuesta mucho dinero a los países miembros, entre ellos, Panamá, para solo tener “recomendaciones”.

El Parlacen, según el nuevo presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, es inoperante, por lo que analiza sacar a su país de esta iniciativa.

Afirmó que la única manera en que Guatemala continúe es que de ese organismo emanen leyes aplicables a las legislaciones nacionales de cada una de las naciones centroamericanas que lo constituyen, excepto Belice y Costa Rica.

Panamá y su adhesión
El 16 de junio de 1992, el Parlamento Centroamericano suscribió un segundo protocolo en el que, entre otros puntos, se admite la adhesión de la República de Panamá al tratado constitutivo de este organismo.
El presidente manifestó que esa es una propuesta que planteará formalmente a las autoridades centroamericanas, y si estas no consideran que se deba poner en funcionamiento al Parlamento con esa supremacía sobre los Congresos nacionales, estará en la disposición de denunciar el tratado del Parlacen y retirar a Guatemala.

“O lo hacemos efectivo o Guatemala se retira. Tener un órgano político que no esté dando ningún resultado para bien de la ciudadanía centroamericana, desde su concepto no tiene ningún sentido”, reiteró Giammattei.

El Parlacen ha sido acusado de ser refugio de expresidentes señalados de corrupción.

Un diputado de Panamá, por ejemplo, tiene en el Parlacen casi las mismas prerrogativas que poseen los 71 diputados de laAsamblea Nacional.

Cada uno cobra $4 mil 200, que incluye viáticos y pasajes a Guatemala. Hasta 2014, Panamá pagaba anualmente $1.7 millones en concepto de cuota al Parlacen, es decir, que la permanencia en ese organismo le cuesta al país, al menos, $8.5 millones en un quinquenio”. 

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