Decision Maker Response

Gustavo Menna’s response

Feb 12, 2020 — Hemos presentado un proyecto de ley a través del portal de leyes abiertas de la Cámara de Diputados de la Nación, vinculado a la regulación de los buses de doble piso, dando lugar a una modificación a la normativa en materia de seguridad vial, que recepte lo que constituye una innegable demanda ciudadana.
El proyecto en cuestión estará disponible por treinta días en el portal de mención, https://leyesabiertas.hcdn.gob.ar/, lapso durante el cual los ciudadanos que así lo deseen podrán efectuar los comentarios, críticas, propuestas de enmiendas, supresiones o agregados a su texto, de forma tal de concretar luego de dicho plazo la presentación formal ante la mesa de entradas de la Cámara de Diputados.
Como es de público conocimiento asistimos recientemente a tres siniestros protagonizados por ómnibus de larga distancia, como consecuencia de los cuales ha habido víctimas fatales y personas heridas. Me refiero a los casos ocurridos en las cercanías de Lezama y Vivoratá, en los meses de noviembre y diciembre de 2019, y al de Brandsen, acaecido en febrero de 2020. Desde luego –lamentablemente- no son los únicos hechos trágicos ocurridos con vehículos de este tipo.
Desde fines de la década del ochenta en los países desarrollados los vehículos de doble piso son utilizados sólo para el transporte urbano –en algunas ciudades-, o para la prestación de servicios turísticos, exigiéndose armazones de seguridad más robustos para la protección de los pasajeros que, al añadir peso, acotan el riesgo de vuelco.
Un informe del año 2007 de la Universidad Tecnológica Nacional que realiza un análisis sobre la seguridad de los vehículos de doble piso revela -aún en el marco de la falta de datos confiables en nuestro país al momento en que se realizó la investigación y a la incertidumbre en la elaboración del indicador-, que en base a estimaciones realizadas a partir de la composición de las flotas de líneas regulares, número de asientos disponibles de cada tipo de ómnibus, la relación pasajeros transportados/km totales recorridos y las cantidades de ocupantes fallecidos por cada clase de vehículo (convencional, piso y medio y doble piso), pudo establecerse que “el índice de peligrosidad de los ómnibus de Doble Piso es de 0,30 muertos cada 100 millones de pasajero-km, indicador que es casi el doble del obtenido en los ómnibus Convencionales (0,16)”.
El proyecto de ley que nos ocupa plantea la prohibición de nuevas habilitaciones de vehículos de doble piso a partir del octavo día de la publicación de la ley en el Boletín Oficial. Esta prohibición es respetuosa del plazo de diez años que fija la Ley de Tránsito Nº 24.449 en relación a la antigüedad de los vehículos destinados al transporte de pasajeros en su artículo 53 inciso b), apartado 1, aunque expresamente requiere que ese plazo sea improrrogable. Lo que se pretende es contribuir a una transición racional, que sin afectar a las unidades actualmente habilitadas logre paulatinamente el reemplazo de aquellas que deben ser retiradas del servicio.
En este sentido cabe citar que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte informa -aunque sin discriminar si se trata de vehículos de un piso, piso y medio o dos pisos-, que a 2018 el total de unidades afectadas al transporte interurbano era de 3.933 con una antigüedad promedio de 5,6 años, lo que implicaría que, de ser aprobado este proyecto en breve, quedarían al menos unos cuatro años como período de transición, lapso en el cual irá reduciéndose gradualmente la cantidad de unidades de doble piso, a cuyo término las mismas ya no circularán por nuestras rutas y cesará definitivamente ese factor de riesgo para los pasajeros, tripulación, terceros y la seguridad vial en general.
Se prevé también la obligación de incluir una partida específica en las leyes de presupuesto anual de tres ejercicios, afectada a las adecuaciones que eventualmente deba realizar la industria carrocera argentina, teniendo en cuenta que el reemplazo de las unidades de larga distancia que se vayan retirando del servicio tendrán que serlo por unidades de un solo piso, y probablemente ello dé lugar a la necesidad de efectuar una reconversión en esa industria.
Ponemos este proyecto a consideración ante los trágicos sucesos que se vienen sucediendo y que afectan la vida y la integridad física de las miles de personas que utilizan el servicio de transporte terrestre de pasajeros, para lo cual consideramos que se encuentran afectados derechos de rango constitucional, como lo son los vinculados a la protección a la salud y a la seguridad en la relación de consumo –en este caso como usuarios del servicio de transporte- tal como lo define y ampara el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Hacemos también mérito de que existe un reclamo social vasto y extendido, que incluso ha tomado cuerpo a través de peticiones en plataformas como www.change.org en la cual se demanda una respuesta en esta materia por parte de las autoridades públicas
Esa respuesta no puede sino provenir del Congreso de la Nación ya que se trata de una materia regulada por ley y por lo tanto de su exclusiva competencia y atribución constitucional, la cual debe estar a la altura de la necesidad de adecuar una norma que tiene ya un cuarto de siglo de vigencia y que por ello mismo requiere de una actualización constante y acorde a la dinámica devenida de los cambios y evolución de la industria automotriz, en la infraestructura vial y en los estándares de seguridad en el transporte.