OPOSITAR A PROFESOR EN CONDICIONES DE IGUALDAD

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Los ciudadanos que queremos optar a una plaza de profesor en la enseñanza pública pedimos que se respeten los derechos legales y constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Es decir, en el caso de profesores en centros públicos, que se supere un examen de conocimientos y aptitud, y no solo que se acrediten años de trabajo. Quizás no mucha gente sepa que muchos de los interinos que enseñan en colegios o institutos no aprueban el examen correspondiente, incluso algunos solo acuden a firmar y lo dejan en blanco.

Pedimos por lo tanto que se convoquen en oferta de empleo público todas las plazas vacantes dotadas presupuestariamente, tal como obliga la Ley, y que no sigan siendo adjudicadas cada curso a personal interino sin ningún tipo de proceso de libre concurrencia porque tanto estas personas como los que queremos opositar debemos concurrir a estos procesos en condiciones de igualdad. Se trata de puestos de trabajo sostenidos con fondos públicos y por tanto los procesos de acceso no pueden favorecer a determinados colectivos. Además, nuestros niños se merecen aprender de alguien no solo con experiencia, si no ante todo con los conocimientos y habilidades necesarios. Resulta absurdo que un interino que no ha sido capaz de superar un examen dé clases y examine a sus alumnos de algo que ni él sabe.

Ahora se anuncia la negociación de un proceso "extraordinario" de consolidación de empleo temporal para consolidar este tipo de personal, es decir que nunca pierdan su trabajo como profesores, y el Gobierno se olvida que el Tribunal Supremo ya ha sentenciado en diversas ocasiones la inconstitucionalidad de estos procesos en los que no se tiene en cuenta en qué condiciones y cómo accedieron estas personas a esas listas de interinos, y que cada Comunidad Autónoma regula de manera distinta.

Por tanto, pedimos tanto a los grupos parlamentarios como a los sindicatos que respeten los principios legales de igualdad, mérito y capacidad que deben regir toda convocatoria de acceso a la función pública y no nos condenen a tener que acudir a la vía judicial para conseguir el respeto de los mismos.  



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