Aplicación de terapias integrativas en pacientes con Covid-19

Aplicación de terapias integrativas en pacientes con Covid-19

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Territorios Seguros ha iniciado esta petición dirigida a profesionales de la salud

                 CONVOCATORIA PARA UN MOVIMIENTO NACIONAL

          POR EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SALUD PÚBLICA

En este momento histórico de la humanidad, debido al flagelo que ha provocado la pandemia causada por el SARS-CoV-2, LLAMAMOS A TODOS LOS PROFESIONALES DE LA SALUD, DE LAS RAMAS DE: MEDICINA, FARMACIA, MICROBIOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, FISIOTERAPIA, ENFERMERÍA, PSICOLOGÍA, NUTRICIÓN, ASÍ COMO A LAS PERSONAS FUNCIONARIAS PÚBLICAS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES RELACIONADAS, especialmente CCSS, UNIVERSIDADES PÚBLICAS, INS, MINSALUD, para sumarnos en la búsqueda de las respuestas necesarias desde la responsabilidad ciudadana, concernida por el mandato de la Constitución Política de la República en su Artículo 9, en la tarea no solo de proponer soluciones ante el momento actual y sus desafíos, sino de custodiar el patrimonio que es de todos.

Es indispensable la unión de todos los sectores de la salud, para asegurar el fortalecimiento del sistema de la salud pública a través de sus instituciones y la participación ciudadana, ante esta pandemia.

Este momento de alerta mundial ha demostrado que la salud, más que un derecho constitucional, es un derecho humano que debe ser universal. 

La reciente decisión impuesta por las autoridades sanitarias y del Colegio de Médicos, de establecer, al mejor estilo de los momentos más oscuros de la humanidad, negando el derecho a la investigación y la demostración científica, acerca del dióxido de cloro sin presentar ninguna evidencia sustancial o de que se haya realizado la adecuada investigación pertinente del caso, es un acto que atenta directamente no solo contra los principios fundamentales de los derechos humanos, sino contra la seguridad jurídica que la Carta Magna nos garantiza y el ejercicio pleno de nuestros derechos constitucionales.

El gobierno debe ser transparente y probo, demostrar sus resultados, así lo manda la Constitución Política en su Art. 11, no puede evadir su responsabilidad y su deber.

Debe realizarse el correspondiente ensayo clínico –como se ha hecho con cualquier fármaco o sustancia para la aplicación en humanos-, que presente todo el rigor científico, con pacientes contagiados de covid-19 voluntarios, firmando un consentimiento informado, a ser tratados con dióxido de cloro, ozono terapia y medicina ortomolecular, como parte de las nuevas terapias que ya en distintas partes del mundo se practican y de las que se niega el acceso a la ciudadanía costarricense.

El país cuenta con rectores académicos que se han caracterizado por la libre expresión, libertad de pensamiento y cátedra como la Universidad de Costa Rica, la cual puede ser la institución encargada de llevar tan noble e importante tarea. Por supuesto, con la adecuada fiscalización y participación de los profesionales de la salud que llevan años de experiencia en estos campos, pero que no han sido tomados en cuenta desde el inicio de esta pandemia, sin que exista una explicación razonable.

Como también tiene que establecerse la razonabilidad de que un servicio integral de salud, debe contemplar sin ninguna discusión, el derecho inalienable de la persona que requiere ser atendida, a que su voz y su voto en la decisión médica, debe ser respetado.

La ciudadanía tiene la potestad constitucional de conocer la verdad, por lo cual el ministerio debe mostrar toda la transparencia del proceso y revelar toda la evidencia científica recopilada.

La Ley General de la Salud es extensa en reconocer éstos derechos, que desde el inicio en su Artículo 1 manifiesta: La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado.

Por tanto, los profesionales de la salud firmantes en este documento manifiestan lo siguiente:

1.      Ponernos a disposición para la participación activa en la toma de decisiones del manejo de la emergencia nacional, así como lo establece la Constitución Política

2.      Iniciar de manera inmediata y urgente el desarrollo de los diferentes ensayos clínicos, con todo el rigor científico, la trazabilidad y la transparencia de sus resultados, sobre las terapias supracitadas.

3.      Formación de un órgano de investigación con la Universidad de Costa Rica, galenos y profesionales afines de las diversas terapias integrativas, para hacer valer los principios  constitucionales del derecho al acceso de la salud, y de la debida evaluación de resultados y recopilación de evidencia.

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