¡La Convergencia puede incluir la Televisión Pública !

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Bogotá, 30 de mayo de 2018

 
Señores

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Atn. Comisiones Sexta de Senado y Cámara

Ciudad

 

Respetados señores:

 
Considerando el llamado de urgencia del proyecto de Ley 174 de 2017 Cámara y 224 de 2018 Senado, llamado de convergencias y teniendo en cuenta que dicho proyecto no ha sido consultado con el sector de la producción y la creación audiovisual colombiana, los abajo firmantes exigimos que se realice una audiencia pública para discutirlo, en la que podamos participar de manera amplia y suficiente los creadores, realizadores, productores, documentalistas, animadores, pos productores, técnicos, sociedades de gestión colectiva y todos aquellos ciudadanos que estamos interesados en proteger la producción independiente y la televisión pública, como escenarios de diversidad, de identidad y de aporte al cumplimiento de los derechos culturales y violación a la información, tan frágiles de este país.


Así mismo adjuntamos como anexo algunas de las informaciones análisis de carácter técnico que son indispensables revisar para adelantar la socialización correspondiente.

 

Atentamente,

( Las firmas del sector que acompañan)

 


ANEXO


La televisión publica aporta a la garantía de los derechos culturales que en este país, sigue siendo lastimosamente, un privilegio de pocos.
Tener informativos regionales permite la amplitud en las visiones de la información y la cobertura que los informativos de los canales privados no permiten y que las regiones exigen.


Llevar cine, por ejemplo, a través de los canales públicos, es darle la posibilidad a más de 900 municipios que no tienen sala de cine.


La televisión infantil de calidad debe llegar a todos los rincones de Colombia, con los mejores contenidos del país y del extranjero, pensada y seleccionada para los niños colombianos y no una oferta estándar que da igual en México, Argentina, Cataluña o Turquía.


Si bien se quiere sacar una ley de convergencia no es procedente juntar capitales. El presupuesto que tiene el MIN Tic tiene objetivos de una orientación distinta a los asignados a la televisión pública.


La televisión pública no vive de los impuestos, vive del sector, de un porcentaje de la televisión privada y de los cable operadores con el cual se nutre el fondo para la televisión del cual viven 10 canales ( 8 regionales y 2 nacionales) sin contar con los comunitarios, con lo cual vemos con preocupación que tras este proyecto estén por delante los intereses de estos últimos esgrimiendo argumentos que aplastan la posibilidad de existir a la televisión pública y por ende al sector audiovisual así como a los ciudadanos colombianos sin tener cómo ofrecer alternativas de televisión educativa y cultural sobre y para nuestro país.


Si se acaba la ANTV se acaba la independencia y autonomía de financiar contenidos; en este momento la ANTV no interviene editorialmente en los contenidos de la televisión pública. De esta manera se irrespeta el artículo 20 de la constitución que es el derecho a la libertad de expresión considerando que en este momento desde los canales públicos no se hacen consultas a Ministerio para el tratamiento de sus contenidos o para abrir un presupuesto anual para definir que se hace en que momento. Si esta ley prospera el ministro de turno querrá amordazar muchas cosas que el gobierno no quiere que se digan en la televisión pública.


El sentido de la producción independiente y de la televisión pública no es sólo el sustento y la supervivencia de un sector.  Tiene que ver con beneficiar a las audiencias- como ciudadanos- con una oferta de contenido plural, que represente la diversidad de identidades  y que válide las distintas formas de vivir, sin intereses comerciales, ni con el ánimo de posicionar una forma de vida ideal o estándar, con contenidos de todo orden: documentales, series infantiles, ficciones, entre otros.


Todo lo anterior amparado por los indicadores de calidad de las emisoras públicas (que incluye televisión) de Unesco y con las expectativas de OCDE.


Es importante tener en cuenta que la OCDE exige que este tipo de entes (reguladores de la televisión) sean independientes del gobierno, así como funciona el Banco de la República.  Incluso nos atrevemos a proponer que la selección de las directivas de los operadores públicos sea también por concurso abierto y por periodos que no coincidan con los gobiernos de turno.


Así mismo la UNESCO en su documento de indicadores de calidad de las emisoras publicas refiere, en defensa de los derechos, la participación democrática y la equidad para la producción audiovisual en beneficio de sus ciudadanos las pautas para revisar el impacto y la misión de la televisión pública así:

     

3.1  Transparencia de la gestión

3.2  Diversidad Cultural

3.3  Cobertura Geográfica y oferta de plataformas

3.4 Patrón público (democrático y republicano) del periodismo

3.5 Independencia

3.6 Carácter publico del financiamiento

3.7 Grado de satisfacción de la audiencia

3.8 Experimentación e innovación del lenguaje

3.9 Estándares Técnicos


¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE ESTE CAMBIO?


1. El nuevo proyecto pretende que, para acceder a los recursos del fondo, se deberá hacer mediante planes, programas y proyectos, eso significa que el derecho adquirido que tiene la televisión pública se pierde y se puede inferir que podrá hacerlo en igualdad de condiciones un canal comunitario, un canal local, un Youtuber, un bloguero, o cualquier otro agente del mercado, desvaneciéndose el concepto de operador público.


2. Se pierde como objeto principal financiar la programación cultural y educativa a cargo del estado y los contenidos de interés público.


3. Al ser un fondo administrado por MINTIC, se pierde el principio de independencia que actualmente tiene con la ANTV, es decir, que para acceder a los recursos se deberá contar con el aval del poder ejecutivo, por lo que podrá ser asignarlo con criterios políticos, convirtiéndose en un tipo de censura y control previo de los contenidos. Esto es totalmente contrario a lo exigido por la OCDE respecto a la independencia del organismo regulador y a los estándares internacionales de libertad de expresión promovidos por la UNESCO y el CIDH.


4. No se define los criterios de eficiencia y eficacia, generando ambigüedad frente a las políticas de gestión del fondo.


5. No garantiza porcentajes mínimos para contenidos, de esta forma se corre el riesgo que el recurso se invierta solamente en infraestructura de red, internet y otros asuntos del sector TIC, dejando a la deriva las industrias culturales audiovisuales.


Es importante destacar, que si bien uno de los argumentos esgrimidos, es la recomendación de la OCDE para que Colombia entre a esta organización, dicha recomendación ha sido enfática en que:


“LA CRC debe ser reformada y adquirir auténtica independencia con respecto del gobierno. No debe permitirse la participación directa del MINTIC u otros departamentos gubernamentales.” “Así mismo debe mantenerse la financiación procedente del sector, independiente del Mintic”.


“La CRC y la ANTV deben fusionarse y crear un regulador convergente, INDEPENDIENTE, que se encargue de los mercados de comunicaciones y radiodifusión.”


Por lo que claramente el proyecto va en total contravía de lo que justamente promueve.



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