Austeridad política y pública para Argentina

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En medio de las crisis que recurrentemente han afectado a nuestro país, la clase gobernante, independientemente del signo político, le pide a los trabajadores públicos y estatales, a los jubilados, a los pequeños empresarios, etc. sacrificios que condenan a muchas familias argentinas a la miseria y la desesperanza.

Sin embargo, el único ajuste que nunca se realiza es el de la clase política que sigue fijándose sus sueldos sin ningún control social, y viajando por el mundo a expensas del erario público. Hemos visto ejemplos lejanos y muy cercanos en el tiempo de cómo se usan los dineros públicos sin ningún tipo de control social. Sin duda, en momentos de crisis, deben priorizarse los gastos sociales por encima de cualquier otro evitando el despilfarro.

En este sentido, se impone la creación de una ley que ponga límites a estos abusos y que no dependa de la buena voluntad del gobernante de turno.

Por otra parte, con cada cambio de gobierno se discute el salario de profesiones esenciales como la de los docentes, dejando librado a la discrecionalidad de los funcionarios el destino de sistemas, que como el educativo, son la única salida a la crisis que padecemos.

Para esto propongo algunos lineamientos de la que llamaría “Ley de austeridad política y pública” donde se fijen el gasto político máximo (entiéndase el gasto en funcionarios de gobierno en todos los niveles) y un piso salarial para las profesiones de interés social que deban ser respetados como mínimo por cualquier gobierno dentro de ámbito público. En este último caso esto no anula de ninguna manera las negociaciones paritarias, sino que fija un piso inamovible para cualquier gobierno.

Los puntos clave de esta ley o leyes serían los siguientes:

De las retribuciones de los funcionarios públicos:

-          Fijar una unidad de salario consistente en un promedio entre el salario mínimo vital y móvil y el salario mínimo de un jubilado, atando todos los salarios de la administración pública al crecimiento de los dos primeros.

-          Que esa unidad de salario multiplicada por un coeficiente en cada caso fije el sueldo de la estructura política y de empleados públicos, vinculando el crecimiento de los mismos a la mejora de los salarios en general.

-          Que se fije como tope el valor de 15 unidades de salario para el presidente de la nación, y que todos los funcionarios de cualquier área de los gobiernos nacional, provinciales o municipales y de cualquiera de los poderes deban estar por debajo de ese coeficiente fijándose los mismos en el texto de esta ley.

-          Que se fije en 3 unidades de salario, el salario mínimo de un maestro de grado, definiéndose en la misma ley los salarios de cualquier profesión de interés social (docentes universitarios, médicos de hospitales públicos, agentes de las fuerzas de seguridad, etc.), reduciendo la brecha entre el máximo sueldo de un funcionario público (político o de carrera) y un maestro de grado de jornada simple a 5 veces.

Del poder ejecutivo:

-          Que se vuelva a fijar límite a la cantidad de ministerios en 5, tal como fijaba la constitución de 1853.

-          Que se fije en 2 la cantidad de secretarías por ministerio.

-          Que se fije en 2 la cantidad de subsecretarias por secretaría.

-          Que se fije en 2 la cantidad de direcciones por subsecretaría.

-          Que idéntico esquema se mantenga para las administraciones provinciales y municipales.

-          Que se permita en las dependencias estatales descentralizadas solo el nombramiento del responsable máximo como cargo político, debiendo usar la estructura de carrera para atender el resto de los cargos necesarios para el funcionamiento de la institución o dependencia descentralizada o instituto (Afip, Pami, Anses, etc.).

Del poder legislativo:

-          Que se reduzca a la tercera parte la cantidad de diputados nacionales, manteniéndose la representatividad que existe hoy en el Congreso, eliminando los cargos sobrantes empezando por el último que ha entrado en la lista de cada partido político.

-          Que se reduzcan a la mitad la cantidad de integrantes de todos los congresos provinciales y consejos deliberantes siguiendo los mismos criterios.

-          Que se fijen a partir del cociente entre la cantidad de habitantes en cada caso y el número de representantes que quedan en cada jurisdicción, la cantidad de habitantes/representante que se debe mantener en el tiempo, la cual, indexada por la tasa de crecimiento de la población sirva para evitar alterar la cantidad en el futuro.

-          Que se prohíba el nombramiento de asesores por cada funcionario del poder legislativo en todos los órdenes (nacional, provincial, municipal).

Del poder judicial:

-          Que se anulen todos los nombramientos vitalicios de jueces y fiscales que existen actualmente.

-          Que se reemplace la metodología de elección por elecciones populares cada 10 años, donde el juez/fiscal deba competir por su cargo mostrando al pueblo los logros alcanzados en materia de justicia.

-          Que los candidatos no puedan ser o haber sido afiliados a ninguna fuerza política ni haber tenido vínculos con el poder político previamente a su designación.

-          Que no posean ningún privilegio que los haga diferentes de otro trabajador (por ejemplo pago de ganancias).

Disposiciones generales:

-          Que todo nombramiento a realizar en la administración pública (sin importar el cargo) en cualquier nivel deba ser por concurso aprobado por la autoridad de aplicación correspondiente a la jurisdicción y que la violación de esto constituya delito con pena no excarcelable para el funcionario que incumpla esta norma.

-          Que se supriman en forma transitoria todos los gastos de viáticos y pasajes del poder político, tanto en el ámbito del poder ejecutivo como el legislativo y judicial.

-          Que los gastos de cada funcionario respondan a un plan anual que deba ser presentado al Congreso Nacional, Provincial o Consejo Deliberante a principio de año para su aprobación y que cualquier evento de urgencia deba comunicarse al Congreso fundamentando su necesidad. Sobran ejemplos de viajes de funcionarios que no tienen justificación alguna ni efecto práctico para la sociedad.

-          Que se prohíba el traslado de cualquier funcionario en cualquier medio que no sea comercial, como usa cualquier ciudadano.

-          Que todos los gastos realizados por funcionarios públicos o políticos se encuentren accesibles vía web para que cualquier ciudadano pueda controlarlos.

-          Que el gobierno nacional convoque en el transcurso de los próximos 180 días a una consulta popular para ratificar la implementación una ley o leyes que fijen límites al gasto, en el sentido en que se menciona en los párrafos anteriores.

Podría ser esta una propuesta base para limitar definitivamente el gasto político en Argentina como ejemplo de austeridad, que los políticos siempre reclaman del resto de la sociedad.



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