Rechazamos delegación del Ministro de Minas para diálogos por la vida en Antioquia

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Salvemos Suroeste lanzó esta petición dirigida para PRESIDENTE IVAN DUQUE y

Rechazamos la delegación del Gobierno Nacional del Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, como representante en la Mesa de Diálogo por la vida en el Departamento de Antioquia.

*Foto tomada de El País.

El incumplimiento de los acuerdos de la “Gran Conversación Nacional” del 2019 en materia ambiental y la profundización de dichas problemáticas, hacen parte del descontento actual. En el centro del deterioro de la democracia ambiental en Colombia, se encuentra la falta de participación social en los procesos extractivos, el desbalance de poderes entre sus actores, y la clara actuación en bloque entre el sector minero energético  del Gobierno Nacional, gremios y multinacionales. Siendo Antioquia el epicentro de la expansión neo-extractivista del país, creemos que la designación de Diego Mesa Puyo como representante del gobierno no es fortuita y que su voz representa los intereses de reducidos sectores gremiales que acumulan un poder excesivo y son responsables del deterioro ambiental, social y democrático del país. El señor Diego Mesa Puyo ha demostrado en repetidas ocasiones su incapacidad de escuchar y, por lo tanto, consideramos que no hay condiciones para un diálogo horizontal, efectivo y verdaderamente democrático. 

Son más de 30 días de movilizaciones en el marco del paro nacional detonadas por la fallida reforma tributaria, pero cuyas causas responden a descontentos sociales profundos con las instituciones políticas y en particular con el Gobierno Nacional. Cabe recordar que antes de la pandemia del COVID-19, Colombia vivió jornadas históricas de movilización social frente a las cuales el gobierno del Presidente Iván Duque respondió con una estrategia denominada la “Gran Conversación Nacional”, en donde el tema ambiental fue uno de sus componentes. Los compromisos adquiridos en el diálogo ambiental fueron: Firma del Acuerdo de Escazú, la moratoria en los pilotos de fracking (Transición Energética - Proyectos Pilotos de Investigación Integral), la declaratoria de emergencia climática, el cuidado de los páramos y derechos de sus habitantes, el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental, la lucha contra la deforestación (uso y manejo de la biodiversidad) y la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Es de conocimiento público el incumplimiento de los puntos y más aún, la profundización de varias de las problemáticas ambientales. El incumplimiento responde a un patrón de comportamiento del ejecutivo y a un deterioro de la participación ambiental en el país que es también responsabilidad de la inoperancia del Congreso de la República y la Rama Judicial, y que se manifiesta en el descontento social de diversos sectores poblacionales a lo largo y ancho del país y especialmente de cientos de miles de jóvenes que se encuentran marchando en las calles. 

La precariedad de la participación ciudadana, particularmente en el sector extractivo, que ha gozado de una política de promoción e impulso por parte del Gobierno Nacional y que se basa en un esquema piramidal con grandes asimetrías de poder entre los actores, concentra la toma de decisiones en el ejecutivo donde las grandes empresas y gremios tienen un poder desmedido de relacionamiento e influencia, en detrimento de otros sectores sociales afectados. Este modelo excluyente, que impide que las comunidades y los territorios puedan decidir sobre su futuro, se expresa claramente en:


1. La falta de trámite en el Congreso de la República de una ley de Coordinación, Concurrencia y Subsidiariedad para los diferentes niveles administrativos en materia de exploración y explotación minera, expresado por la Corte Constitucional en su Sentencia SU 095 de 2018. 
2. La falta de trámite en el Congreso de la República de una ley estatutaria de participación ambiental en materia de exploración y explotación minera expresado por la Corte Constitucional en su Sentencia SU 095 de 2018. 
3. El incumplimiento de las exigencias claras y expresas de la Corte Constitucional en su Sentencia SU 095 de 2018 a las entidades del Sistema Nacional Ambiental y al sector minero-energético del ejecutivo para el fortalecimiento de los procesos de participación ambiental y robustecimiento de la capacidad institucional para responder a los riesgos ambientales y en materia de derechos humanos, para atender debidamente el alto impacto ocasionado por dichas actividades. El incumplimiento de estos tres primeros puntos es también corresponsabilidad de la Rama Judicial, en especial de la Corte Constitucional, al no hacer seguimiento a sus mandatos.
4. Las audiencias públicas ambientales en los trámites de licenciamiento minero son de carácter “consultivo” y sin ningún peso específico en las decisiones administrativas.
5. Las estrategias de relacionamiento territorial promovidas desde La Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas y Energía, parten de la premisa que las actividades extractivas son una oportunidad para los territorios, sin tener en cuentas las particularidades históricas, culturales, las vocaciones económicas, las condiciones sociales y de seguridad de las comunidades; y sin soportes en análisis de costo beneficio que los sustenten.  En estas estrategias de “diálogo” es el gobierno central quien diseña, ejecuta, válida y propone las soluciones y es por lo tanto un diálogo vertical que no responde a las demandas de participación ciudadana de las comunidades afectadas. A esto se suma la declaratoria de utilidad pública de varios de estos proyectos, que buscan imponerlos por encima de los derechos fundamentales individuales y colectivos de las comunidades afectadas. 
6. El incumplimiento del Gobierno y del Congreso de la República en ratificar el acuerdo de Escazú, a pesar de que Colombia es el país más peligroso del mundo para líderes ambientales, siendo su firma e implementación una forma de superar este deshonroso lugar. 
7. Respecto al mecanismo de participación de las consultas previas para grupos étnicos, consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, su reglamentación y aplicación en Colombia no responde al carácter de Derecho Fundamental para los grupos étnicos, establecido en las normas del derecho internacional de los derechos humanos y desarrollados jurisprudencialmente por la Corte Constitucional. En el caso de los procesos de titulación minera, diversos territorios étnicos han sido y están siendo titulados a compañías mineras desconociendo dicho derecho y poniendo en riesgo la pervivencia física y cultural de los pueblos.
8. La actuación en bloque del sector minero-energético del Gobierno (Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Hidrocarburos y Agencia Nacional de Minería), junto a la Asociación Nacional de Minería y grandes multinacionales y empresas mineras en campañas publicitarias y de promoción minera, que en la práctica son maquinarias arrolladoras de  propaganda pro-extractivista que coartan el derecho a la información y el balance noticioso entre publicidad minera y los argumentos de amplios sectores que participan en procesos de defensa territorial (entes públicos territoriales, organizaciones sociales, empresas, ONGs, grupos académicos, comunidades campesinas, afro e indígenas, etc).  Esta maquinaria se expresa claramente en eslóganes conjuntos y vacíos tales como: “todos cabemos”, “la minería: motor de la reactivación económica”, o “cobre para la transición energética”, entre otros. 
9. En el marco del vacío regulatorio entre las competencias locales y regionales de ordenamiento territorial, y la competencia nacional de administración de los recursos del subsuelo, el bloque del sector minero-energético del Gobierno y las multinacionales mineras, con su poder desmedido, ejercen una injerencia indebida en entes territoriales a favor de los intereses neo-extractivos. Tal es el caso del municipio de Jericó, en donde en diciembre de 2019 en las sesiones del Concejo Municipal para la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial, funcionarios de la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y Energía, y la Secretaría de Minas de Antioquia ejercieron presión que terminó en el archivo del proyecto, favoreciendo los intereses de la multinacional minera Anglogold Ashanti. 
En este contexto de precariedad institucional, de ausencia de mecanismos de participación efectivos en el sector extractivo, y de propaganda pro-extractivista público-privada, el Departamento de Antioquia se ha designado como área estratégica minera, otorgado, solicitado o en proceso solicitud para la exploración y explotación en más del 55% de su territorio. Es Antioquia quien concentra tres de los cinco megaproyectos minero-metálicos del país. Dos de ellos ya están licenciados para explotación: Gramalote en el Nordeste y Buriticá en el Occidente. Y uno en proceso de licenciamiento: Quebradona en el Suroeste, cuya aprobación se busca a toda costa, incluso en contra de la amplia evidencia de las falencias técnicas de su Estudio de Impacto Ambiental, sustentado en múltiples estudios independientes y que cuenta con un fuerte rechazo de comunidades del Suroeste y de todo Antioquia.

Es por ello que las organizaciones, líderes y colectivos firmantes, consideramos que no es fortuita la designación del Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, como representante del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos por la vida en Antioquia y consideramos, basados en los argumentos anteriormente expuestos, que no es el representante idóneo para entablar diálogos sociales efectivos, horizontales y vinculantes en nuestro departamento. Además, desconfiamos del ministro y de los intereses que representa basados en experiencias previas con él y su cartera de “diálogos” inertes y de negación persistente a espacios de discusión con diversos grupos de interés empresariales, sociales, y académicos que han “minado” la confianza, requisito fundamental para cualquier ejercicio de construcción democrática. 

Firman esta carta, 

Movimiento Nacional Ambiental

Mesa Ambiental de Jericó

Mesa ambiental de la Pintada 

Mesa Ambiental de Támesis

Mesa Técnica del Suroeste

Alianza Suroeste

Jorge Eduardo Cock Londoño, ex-ministro de minas

Acuatamesis

Acueducto Aguas La Soledad, Jericó

Natalia Andrea Quintero Escobar, Concejal Municipio de Támesis

Sergio Stiven Ruiz Ossa, Concejal Municipio de Támesis

Red de Jóvenes Suroeste 2050

CODEATE

Colectivo Morro de Agua

Corporación Compromiso - Observatorio de Conflictos Ambientales

Pensamiento y Acción Social PAS

Reserva Natural de la Sociedad Civil Bellavista Támesis 

Veeduría Ciudadana JJ Arcila por la Defensa del Patrimonio Ecológico y Cultural de Jericó

Viernes por el Futuro Colombia

Visión Suroeste / Salvemos al Suroeste

Yesenia Beleño, Veeduría Socio ambiental de San Rafael

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