Referéndum para todos los españoles

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Ante los graves hechos que hemos estado viviendo estos meses, cuyo punto álgido fue el pasado 1 de octubre, pero que en cuanto a orden público han seguido agravándose, no siendo descartable un hecho mayor aún de rebelión por parte del gobierno catalán y viendo que todos los partidos sin excepción hablan de una salida negociada a largo plazo, entendiendo que gran parte de nuestra constitución está siendo incumplida en estos momentos y lo va a seguir siendo en asuntos que afectan a toda la nación quiero proponer a la presidencia del gobierno que convoque un referéndum vinculante previo al inicio de un proceso de reforma constitucional con las siguientes preguntas:

1.- Sobre el modelo de estado: ¿Qué opción prefiere?

a) Eliminación del título octavo de la actual constitución, supresión de todos los entes legislativos y administrativos autonómicos, así como los actuales estatutos de autonomía y asunción de todas las competencias por el estado.

b) Reforma y reducción del título octavo. Asumiendo el estado todas las competencias fiscales, educativas, sanitarias y de seguridad eliminando las actuales trasferencias en esos ámbitos, partes de los estatutos explícitamente referidas a ellos, así como cualquier ley de ámbito autonómico que afecte a estas competencias. En cuanto a las policías autonómicas donde las hubiera se reducirán sus efectivos y sus funciones serán únicamente custodia de edificios oficiales de los órganos de la autonomía y acciones protocolarias como guardia de honor. Esta reforma podría incorporar también el apartado C) si así lo estiman las Cortes en el proceso de reforma constitucional.

c) Mantener el actual sistema autonómico en lo ejecutivo pero eliminando las competencias legislativas y de control que pasarían a ser únicamente del senado.

d) El modelo actual tal cual.

e) Conversión de las actuales autonomías en un estado federal en el que todos los estados tengan igualdad de competencias.

2) Sobre la financiación del estado. Este apartado se aplicaría únicamente en el caso de que la opción mayoritaria de los españoles a la anterior fuera distinta de la a) o de la b) y se basa principalmente en el artículo 14 de la constitución que lleva años incumpliéndose.

a) Recaudación total por parte del estado con transferencias a las autonomías según servicios. Eliminación del sistema franquista del cupo vasco y navarro.

b) Recaudación compartida de impuestos. Se eliminaría el franquista cupo vasco y navarro para que todas las autonomías tengan el mismo sistema de financiación. Podrá cederse la recaudación y fijación de porcentajes de impuestos especiales (en función del punto de venta al cliente final), Trasmisiones y donaciones (en función de la residencia del finado o donante), IRPF (en función de la ubicación del centro laboral para los trabajadores por cuenta ajena), IVA (con declaración para empresas y autónomos en 20 apartados diferentes: las 17 comunidades autónomas, Ceuta, Melilla e importaciones, el número podrá ser variado si cambia el número de territorios autónomos. La recaudación de importaciones será integra e intransferible para su gestión por el gobierno nacional español, en los demás casos el importe del IVA devengado o repercutido irá en función del territorio a que se venda o compre) y sociedades, que incluirá también en igualdad de condiciones el actual IRPF de autónomos, (también con 20 apartados diferentes —los mismo pero sustituyendo importaciones por exportaciones— imputando a cada uno e ellos la parte proporcional del beneficio en función de la facturación. La parte de exportaciones será integra e intransferible para su gestión por el gobierno nacional español)

c) Recaudación íntegra por parte de las autoridades autonómicas o estatales, en un sistema similar al actual cupo pero extendido a todos los territorios autonómicos. Solo los impuestos correspondientes a importaciones (IVA) y exportaciones (Beneficio de sociedades y autónomos) será recaudado por la hacienda nacional española. En función de la participación del PIB del ejercicio anterior a la elaboración de los presupuestos todas las comunidades contribuirán a la financiación del estado nacional, ajustándose su contribución a cierre de ejercicio según la ejecución del mismo y los porcentajes de PIB del ejercicio cerrado. Así mismo en función del PIB contribuirán a un fondo de solidaridad interterritorial que se repartirá de forma directamente proporcional a la población e inversamente proporcional al nivel de renta medio de todas aquellas comunidades que estén por debajo de la media nacional. También existirá otro fondo de compensación que se nutrirá de la misma forma y que se repartirá en base a la población flotante (turistas) de cada comunidad autónoma a lo largo del ejercicio anterior. Si el gobierno nacional o alguna comunidad autónoma o ayuntamiento deciden establecer alguna tasa turística o por pernoctación, esta irá íntegramente a dicho fondo sin minorar la parte correspondiente por PIB.

3.- Sobre la capacidad de fraccionamiento de la nación.

En la actual constitución la nación española es única e indivisible. La pregunta es que desean los ciudadanos españoles respecto a esta cuestión:

a) Permanecer como actualmente. La nación española es una e indivisible.

b) Habilitar un procedimiento de referéndum nacional para que toda la nación decida si da opción a una parte del territorio que lo solicite a separarse. En todo caso dicha separación no será efectiva hasta que el territorio liquide todas las deudas que pueda tener con el estado nacional y asuma íntegramente la garantía de su deuda pública emitida.

c) Habilitar al gobierno nacional a que pueda convocar un referéndum en un territorio sin previa consulta popular, aunque sí con la aprobación de dos tercios del parlamento.

4.- Ley de claridad:

a) En el caso de salir los apartados  b) o c) de la pregunta anterior no se podrá convocar más de un referéndum sobre un mismo territorio por espacio de 25 años. Solo será efectivo si opta por la separación al menos dos terceras partes del censo y a estos efectos la no votación, abstención y votos nulos contaran como NO. De igual manera el nuevo estado estará obligado a convocar un referéndum sobre su reincorporación que será vinculante en los siguientes cinco años. En caso de no convocar dicho referéndum podrá ser reincorporado por la fuerza, sin derecho a nuevo proceso de separación por un periodo mínimo de 100 años.

b) En el caso de salir los apartados  b) o c) de la pregunta anterior no existirán limitaciones y se aceptará la mayoría del censo.

5.- Del funcionamiento y elección de las Cortes.

a) Pasar a un sistema de distritos unipersonales para el congreso que se reajustaran en función de la población para que no exista más de un 5% de diferencia entre el mayor y el menos distrito en el congreso y parlamentos autonómicos (a excepción de los casos de repuesta mayoritaria a) o c) (o bien el B si se incorpora el C en el proceso de reforma) y así mismo se derogaría el actual sistema de reglamento del congreso y parlamentos autonómicos que establece obligatoriedad de voto según partido o grupo político para que los parlamentarios tengan plena libertad tal como establece el artículo 67 apartado 2: « Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. » ¿Y qué es sino la obligación de votar lo que establece el grupo parlamentario?

b) Seguir con el actual sistema de elección y reglamento.

6.- Su Majestad el rey.

Tras el discurso del pasado día 3 de octubre y ante la falta de hechos prácticos por parte del gobierno nacional para su aplicación se propone que Su Majestad el Rey, siempre que esté en peligro la integridad de la nación o la vigencia de la constitución y en función del artículo 8 y y al título II de la constitución podrá, ante la inacción del gobierno y demás instituciones:

  • ·         Conformar un gobierno de unidad nacional con miembros o no de partidos políticos y civiles o militares si lo estimase oportuno para aplicar durante un periodo no superior a dos años cualquiera de los apartados del artículo 116 de la constitución con o sin la aprobación de las Cortes nacionales.
  • ·         Derivar las funciones de una a otra cámara si lo considera necesario para la seguridad de la nación mientras se realiza una nueva elección para la cámara disuelta o incluso disolver ambas cámaras y convocar elecciones en el plazo de una semas que se realizarían por el procedimiento de candidatos independientes por distrito, saliendo elegidos los de mayor número de votos. Así mismo podrá disolver sine die cualquier cámara o gobierno autónomos. La disolución de cualquiera de estas entidades implicara la eliminación de los aforamientos de sus miembros, incluidos los de la diputación permanente.
  • ·         Constituir mientras tanto en cámara legislativa temporal al tribunal supremo de la nación, siendo el presidente de este quien refrendará dichas medidas.

Este apartado en bloque se votará a SÍ o NO. En caso de aprobación afectará al actual artículo 116, hoy día parece ser que inoperante ante una cámara llena de traidores.

Recodemos el artículo 116:

Artículo 116

Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

7. Cualquier otra cuestión que el gobierno plantee presentar a reforma, como el sistema de pensiones, sucesión a la corona con eliminación de preeminencia del varón, Elección directa por los ciudadanos del CJPJ, Fiscal general del estado, Presidente del tribunal supremo, Alcaldes, Presidentes autonómicos o de estado en un modelo federal, jefes supremos de la policía local, eliminación de la elección parlamentaria de los cargos del poder judicial, eliminación del tribunal constitucional siendo sustituido por una sala específica del supremo o cambio del método de elección para que todos sus miembros sean jueces de distintas salas del supremo o provengan de ellas…



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