Penalización de la apología de la Dictadura y de sus derivados.

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En una democracia consolidada la apología de la dictadura debería ser delito y las fundaciones, asociaciones y partidos políticos afines y su apología, proscritos.

En España en concreto, no puede negarse que el actual sistema político es heredero condicionado de una dictadura que impuso las condiciones político sociales para su fin.

Entre ellas, las garantías de impunidad penal, judicial y el aseguramiento de la conservación del patrimonio adquirido como consecuencia del poder total ostentando durante cuatro décadas.

Si como sociedad democrática queremos creer de verdad superada esa etapa, lo que no es admisible es que se haga un revisionismo histórico de las supuestas bondades de un régimen totalitario que nació con un golpe de estado a un régimen democrático, provocó una guerra civil, muertes, exilio, prisión, represión, penalidades y sufrimiento a todo aquel que no comulgase con el régimen dictatorial.

El resurgir del franquismo sociológico, la financiación pública de una fundación con el nombre del dictador, su mausoleo en un monumento público que es visitado por turistas que se van pensando que en España se sigue venerando la figura de un dictador como sus coetáneos Hitler o Musolini, no hace sino poner en evidencia y en contradicción la realidad de que el pasado esta muy presente hoy en día.

El modelo a seguir sería el de Alemania y solicito que se valore expresamente la introducción en el Código Penal el delito de apología de la dictadura y el totalitarismo, con mención expresa al franquismo. La prohibición de la Fundación Francisco Franco o de cualquier otra de similar o análoga naturaleza con el fin de ensalzar la figura personal del dictador, de su tiempo ostentando el poder, sus símbolos, enseñas e ideología. Incluir en esta prohibición a todos los militares, civiles y religiosos que se un modo u otro fueron significados signatarios de ese régimen.

Que la ley atribuya expresamente la capacidad al Gobierno de la nación para ejercer directamente las acciones necesarias de cambio de nomenclaturas públicas, o en su defecto, penas de inhabilitación y prisión para los cargos públicos que se opongan por acción u omisión al cambio dentro del ejercicio de sus funciones en los plazos establecidos en la ley para dichos cambios.

Incluir el delito para las asociaciones y partidos políticos que en fraude de ley o con intención de recrear el contenido del ideario del totalitarismo, pretendan seguir ese mismo discurso o recorrido políticos valiéndose de la libertad y garantías que ofrecen el sistema democrático, para que puedan ser anulados y sus responsables sometidos a prisión.



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