CASO CEUTA: RECORDATORIO DE LOS DEBERES DEL ESTADO

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Somos un grupo de españoles inmigrantes en Chile preocupados con el rumbo que la seguridad nacional está tomando en los últimos tiempos. Creemos que ha llegado el momento de decir: ¡Basta ya!

Como ciudadanos, nos sentimos en la responsabilidad de tomar la iniciativa para exigir nuestra seguridad física y legal. Tenemos la firme voluntad de defender esta seguridad, la de nuestras familias y amigos, la de nuestras propiedades, la de nuestro estilo de vida, nuestro marco legal y la convivencia interna de nuestra nación.

Algunos de nosotros somos o hemos sido emigrantes, por lo que entendemos lo complicado que es estar en esta situación, y queremos dejar meridianamente claro que no tenemos nada contra la inmigración legal. Creemos firmemente que los inmigrantes legales deben ser recibidos, integrados y asimilados en la sociedad de acogida y que éstos, por su parte, deben tratar de integrarse en su nueva sociedad, respetando sus costumbres, su cultura y, sobre todo, sus leyes.

Los hechos recientemente acontecidos en la frontera de Ceuta son de una enorme gravedad y creemos que han sobrepasado todo límite de lo aceptable.

Independientemente de nuestras diferencias políticas o sociales, todos nosotros compartimos que un Estado debe liderar a sus ciudadanos y a sus instituciones en la defensa de tres elementos mínimos y básicos, que son:

-          La seguridad exterior: Nuestro territorio, su franja marítima y el espacio aéreo han de ser defendidos por todos nosotros bajo la dirección del Estado y sus instituciones.

-          La seguridad interior: Los ciudadanos debemos ser defendidos contra el delito por el Estado y sus instituciones

-          La seguridad de nuestro marco legal: La ley debe ser igual para todos y cumplida por todos, bajo la tutela del Estado.

En lo acontecido en Ceuta, el Estado ha fallado en estos tres requerimientos mínimos. Es nuestro convencimiento absoluto que estos acontecimientos son consecuencia de una inconsistencia del poder político respecto a sus responsabilidades mínimas para con nosotros, los ciudadanos españoles.

Es responsabilidad de todos los españoles defender nuestro territorio, la seguridad interior y el marco legal. Por tanto, queremos recordarle al poder ejecutivo legalmente constituido, que es su deber principal liderar a nuestra nación en estos objetivos.

Los hechos mencionados anteriormente suponen una falta gravísima que debe corregirse de inmediato y debe comprometer de forma inequívoca al poder político con los mencionados objetivos,  así como con la defensa de los recursos para su cumplimiento, constituidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En los acontecimientos recientemente acaecidos en Ceuta, el poder político no ha podido contener una invasión en toda regla, de gente violenta que ha traspasado nuestras fronteras por la fuerza, añadiendo a esta negligencia su incapacidad para garantizar la seguridad interior, al no haber sido capaz de capturar a los delincuentes y expulsarlos.

Los ciudadanos delegamos la capacidad del uso de la fuerza en el Estado para que nos defienda y observamos con estupor como se da refugio a aquellos qué, abusando de su superioridad numérica, armados y usando químicos, han herido gravemente a nuestros guardias civiles. No nos podemos imaginar cómo se han de sentir estos compatriotas que han resultado heridos en la defensa de nuestro país, cuando ven premiados con el refugio, la asistencia social y la tutela del Estado agredido, a sus agresores.

Por todas estas razones, queremos mostrar nuestra sincera y rotunda solidaridad con nuestros compatriotas miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tanto entregan para la protección de todos los ciudadanos.

Nuestro objetivo fundamental es convocar a todos los españoles que piensen como nosotros a generar un sincero y solidario apoyo social, sin ningún matiz político, a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Como ciudadanos exigimos al poder político, en quien tenemos delegada la administración del Estado que:

-          Se garantice el cumplimiento de nuestras leyes, y que aquellas personas que fuercen violentamente la seguridad de nuestras fronteras, sean inmediatamente expulsadas del país sin miramientos ni contemplaciones.

-          Se autorice a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a utilizar toda la fuerza necesaria para garantizar la integridad de nuestro territorio, y la suya propia.

-          No se premie con refugio y ayuda del Estado a aquellos que violan nuestras fronteras, haciendo uso de la fuerza y agrediendo a nuestros agentes del orden, generando así lo que se conoce como “efecto llamada”.

A estos objetivos y exigencias nos adherimos, comprometiéndonos a usar todos los medios legales, de comunicación, y cualquiera otro que se estimare procedente, para su consecución.

Elevamos este escrito con respeto, pero con firmeza, al poder ejecutivo legalmente constituido, representado por el Presidente de Gobierno de España, Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

 



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