Presidente de la República: Seguridad y Garantía de los Derechos Humanos en Nayarit.

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Actualmente, la seguridad ciudadana es nula en el estado de Nayarit debido a la violencia y la delincuencia en aumento constante. El crimen y la violencia reducen la calidad de vida en Nayarit y representan enormes pérdidas de capital humano, social y económico para el estado. En Nayarit las manifestaciones de violencia han ido en aumento en los últimos años. El índice de inseguridad ciudadana y violencia de 2010 lo coloca  por arriba de la media nacional de homicidios intencionales, con 13 por cada 100, 000 habitantes, a la par que Chihuahua, catalogado como el estado más violento del país; en homicidios no intencionales duplica al mencionado estado (11.5 y 22.8 respectivamente) (México Evalúa, 2010). Según la tasa de número de homicidios registrados por cada 100 mil habitantes  que proporciona el  INEGI, Nayarit  es la cuarta entidad del país con más asesinados en los últimos cinco años incluso muestra una tasa más alta que Guerrero. El primer lugar lo ocupa Chihuahua, el segundo  Sinaloa, el  tercero Durango,  el cuarto Nayarit y el quinto Guerrero. Según el Diario Reforma, durante el 2011 se registraron 211 ejecutados en Nayarit, sin embargo, el portal del periodista Antonio Tello dio cuenta de 382 ejecutados (Alcaraz, 2011; www.nayaritenlinea.mx aunque en su conteo incorpora las muertes accidentales a causa de este tipo de crimen. Los datos ponen de manifiesto la creciente ola de violencia que afecta a Nayarit. (http://www.eumed.net/libros-gratis/2013b/1338/municipio-tepic.html
Ante este panorama las autoridades competentes deben tomar las medidas adecuadas para enfrentar estos fenómenos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en los siguientes artículos los derechos a los que los ciudadanos mexicanos aspiran y que se solicita con carácter de urgente se atiendan de manera eficiente y eficaz. Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.  Artículo 102. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas. Artículo 115. VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida. Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.



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