Por la memoria, dignidad y contra el indulto

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Somos ciudadanos y ciudadanas, colectivos, sindicatos y asociaciones, lxs que suscribimos este manifiesto y protestamos contra la arbitraria e irresponsable concesión de un derecho de gracia e indulto, que el presidente del Perú Pedro Pablo  Kuczynski ha otorgado, al autócrata y criminal, Alberto Fujimori.

El ex dictador fue sentenciado por delitos graves, como autor mediato de crímenes (reconocidos como de lesa humanidad en la CIDH), secuestro, homicidio calificado, asesinato agravante y extorsión, usurpación de funciones, peculado y uso indebido de fondos públicos para pagar a una prensa vulgar. En la actualidad debieran de haberle seguido otros procedimientos como el caso Pativilca y la esterilización forzada de más de 314.605 mujeres.

Fujimori implantó la democracia delegativa en el Perú, no reconoció los límites constitucionales y legales de los poderes del Estado.  Implantó un modelo económico en el Perú que terminó por esquilmar muchas de las empresas del Estado y recursos nacionales, bienes cuyos costes fueron expuestos bajo sumas irrisorias.  Los ingresos productos de dichas ventas, nunca fueron declaradas y menos aparecen en las cuentas del Estado. Se calcula en más de 6,000 millones dólares el robo cometido.

La decisión tomada por el presidente del Perú ha incurrido en forzar un procedimiento indebido para justificar la concesión de modo exclusivo de un derecho que no corresponde ni entran dentro del marco de la ley a un ex dictador. El presidente firmó una conciliación forzada e ilegal, puesto que corre un velo tupido a un contubernio que busca perseguir solamente intereses particulares, en detrimento de bien común y la gobernabilidad. Como presidente está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, leyes y demás disposiciones legales, nacionales e internacionales (art 118, inciso 1), como el pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El presidente tiene la potestad de reglamentar las leyes pero no la de transgredirlas ni desnaturalizarlas. Con este gesto él se ha excedido en sus funciones y vendió un gesto magnánimo, que el Estado puede otorgar como beneficio a quien cumpla los requisitos expuestos en la ley, como un burdo y cínico juego político. Eso pre-supone hoy el fortalecimiento de un sistema que simboliza la práctica de la corrupción y la dilapidación de los recursos públicos en beneficio personal y familiares, que vende la exclusión de grandes sectores víctimas de la violencia institucional y envilecimiento contra las instituciones democráticas. Se retrocede en el avance en materia de justicia, verdad, memoria y reparación a las víctimas de la dictadura.

Es sabido que Fujimori de lo único que padece es de males correspondientes a su edad y una notable soberbia, que no le lleva a reconocer ni asumir sus responsabilidades frente a los delitos que se le imputan. En su discurso del día 26 de diciembre, en el que ése agradecía al presidente por el viciado e injustificado derecho recibido, cínicamente, reconocía que había obrado bien pero que también  decepcionó a otro sector de la población. En ningún caso reconoció  los delitos cometidos durante su gestión, a sabiendas de que él es el responsable intelectual, mediático y gestor de los mismos. 

Por ende resulta  inaceptable que juegue con la memoria de las víctimas y sus derechos fundamentales, al vender el derecho de gracia como una cruel reconciliación forzada, que apela al olvido y paso de páginas. Aduciendo que se trata de perdonar excesos y errores políticos cometidos por un delincuente y ex dictador. No puede banalizarse un proceso de reconciliación que el Estado y otras entidades venían promoviendo para alcanzar la anhelada paz social, luego de años de destrucción no solo institucional sino también de políticas  que han defenestrado a la población de procesos de inclusión  social y crecimiento económico,  ocasionado daños irreparables. No se puede promocionar el olvido, la pobreza generada por políticas irresponsables y delictivas, y crear un clima de gobernabilidad en base a afrentas dadas a las víctimas y pretender con ello, corregir la memoria histórica en el país. 

Por todo lo dicho, demandamos que se pronuncie el Corte IDH y el Tribunal de Garantías constitucionales del Perú, ante el decreto que concede de manera viciada el derecho de gracia a una persona que no reúne las condiciones para ser considerado beneficiario del mismo. También el gesto político ha atentado contra la fe pública, no ha buscado el bien común y menos se ha promovido el fortalecimiento de la gobernabilidad. Todo indica de que se pretende instaurar una democracia líquida. Nos unimos a las diversas manifestaciones que se han convocado para rechazar dicho indulto.

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EN

We are citizens, collectives, trade unions and associations, we subscribe to this manifesto and we protest against the arbitrary and irresponsible concession of a right of grace and pardon, that the president of Peru Pedro Pablo Kuczynski has granted to the autocrat and criminal, Alberto Fujimori .

The former dictator was sentenced for serious crimes, as a perpetrator of crimes (recognized as crimes against humanity in the IACHR), kidnapping, qualified homicide, aggravated murder and extortion, usurpation of functions, embezzlement and improper use of public funds to pay a vulgar press. At present, they should have followed other procedures such as the Pativilca case and the forced sterilization of more than 314,605 ​​women.

Fujimori implanted the delegative democracy in Peru, did not recognize the constitutional and legal limits of the powers of the State. Implanted an economic model in Peru that ended up fleecing many of the state companies and national resources, goods whose costs were exposed under ridiculous sums. The proceeds of these sales were never declared and less appear in the accounts of the State. The theft committed is calculated in more than 6,000 million dollars.

The decision made by the president of Peru has forced an undue procedure to justify the exclusive granting of a right that does not correspond or fall within the framework of the law to a former dictator. The president signed a forced and illegal conciliation, since he runs a thick veil to a conspiracy that seeks to pursue only private interests, to the detriment of the common good and governability. As president he is obliged to comply with and enforce the Constitution, treaties, laws and other legal provisions, national and international (art 118, clause 1), such as the San José pact and the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights.

The president has the power to regulate the laws but not transgress them or denaturalize them. With this gesture he has exceeded his functions and sold a magnanimous gesture, which the State can grant as a benefit to anyone who meets the requirements set forth in the law, as a gross and cynical political game. This presupposes today the strengthening of a system that symbolizes the practice of corruption and the squandering of public resources for personal and family benefit, which sells the exclusion of large sectors victims of institutional violence and debasement against democratic institutions. The progress in justice, truth, memory and reparation for the victims of the dictatorship is reversed.

It is well known that Fujimori's only suffering is related to his age and a remarkable arrogance, which does not lead him to recognize or assume his responsibilities in the face of the crimes imputed to him. In his speech on December 26, in which he thanked the president for the vitiated and unjustified right received, cynically acknowledged that he had done well but also disappointed another sector of the population. In no case did he recognize the crimes committed during his administration, knowing that he is the intellectual, media and manager of them.

Therefore it is unacceptable to play with the memory of the victims and their fundamental rights, by selling the right of grace as a cruel forced reconciliation, which appeals to the oblivion and passage of pages. Adducing that it is about forgiving excesses and political mistakes committed by a criminal and former dictator. A reconciliation process that the State and other entities have been promoted to achieve the desired social peace can not be trivialized, after years of destruction not only institutionally but also of policies that have defenestrated the population from processes of social inclusion and economic growth, caused irreparable damage. We can not promote oblivion, the poverty generated by irresponsible and criminal policies, and create a climate of governability based on affronts given to the victims and pretend to correct the historical memory in the country.

For all the above, we demand that the Inter-American Court of Human Rights and the Court of Constitutional Guarantees of Peru be pronounced before the decree that grants in a flawed manner the right of grace to a person who does not meet the conditions to be considered a beneficiary thereof. The political gesture has also attempted against the public faith, has not sought the common good and less has been promoted the strengthening of governance. Everything indicates that the aim is to establish a liquid democracy. We join the various demonstrations that have been called to reject this pardon.

 



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