CARTA AL GOBIERNO, PARLAMENTO Y PODER JUDICIAL

Somos un grupo formado por personas comunes y corrientes, habitantes de este nuestro Chile,que estamos sobrepasados al ver cómo se hacen y deciden las cosas en este país,  pasando a ser simples  espectadores de cómo nuestras autoridades han estado abusando de nuestra nación en estos últimos años, desde la izquierda a la derecha, generando un sentimiento profundo de desamparo,  al ver que nadie nos escucha ni representa.

Sin el necesario acuerdo de quienes debieran representar nuestros derechos, desde los más fundamentales, como es el vivir en paz y tranquilidad,  la clase política chilena, continuará reducida a un enfrentamiento estéril,  provocando la crispación y el rechazo de un número cada vez mayor de ciudadanos.

Desafortunadamente, en los últimos meses hemos asistido a la irrupción de unas corrientes ideológicas, supuestamente progresistas, que se caracterizan por una radicalidad y violencia que consideramos inaceptables, sobre todo para un Estado de Derecho donde, además, las Instituciones debieran funcionar con las facultades que les fueran encomendadas nada menos que por nuestra Carta Magna, que tanto molesta en estos tiempos.

Una sociedad en crisis y alejada de las instituciones, es un peligroso caldo de cultivo para populistas y extremistas de todo signo. Y, así está sucediendo. Entonces, con toda razón, estamos tomando conciencia que frente a las próximas elecciones seremos muy cautos al cumplir con nuestro deber cívico, toda vez que, ya es tiempo de un real cambio, la espera e incertidumbre por tiempos mejores que no llegan, nos tiene agobiados.

Es por eso que desde ya, pedimos, con urgencia, a LOS HONARABILÍSIMOS integrantes DEL CONGRESO,  a los HONORABLES DEL PODER JUDICIAL y, al GOBIERNO mismo, TRABAJAR EN BENEFICIO DEL PAIS ENTERO con un genuino espíritu de colaboración que sustituya al actual de confrontación, de intransigencia y el dogmatismo que hacen casi imposible lograr una convivencia  justa y amable, que por tantos años tenemos casi olvidada.

Desde estas líneas pedimos, con urgencia, lo que es ya casi un clamor ciudadano:

a) REFORMAR  LA LEY PROCESAL PENAL, en cuanto a:

1.- Rebajar la edad de responsabilidad penal a 14 años por asaltos, robos, portonazos, encerronas y otros actos violentos.

2.- Aumentar la responsabilidad penal mediante  agravantes para adultos que delinquen con menores de edad.

3.- Responsabilizar civilmente a los padres o a quienes tengan la custodia, respecto de menores,  por la comisión de  actos vandálicos y delictuales.

4.- Aumentar  con penas efectivas de cárcel por delitos de homicidio,  robos con violencia y portonazos.

5.- Aumentar las exigencias  para otorgar la libertad provisoria. No más puerta giratoria.

6.- Suprimir la facultad del indulto por buena conducta a condenados por robos, estafas y otros delitos.

7.- Castigar el robo hormiga y sentenciar con trabajos comunitarios y cárcel.

8.-  Mejorar la ley encapuchados.

9.- Mejorar la ley larga terrorista.

10.- Contemplar máximas sanciones  para políticos y jueces que tengan relación con el narcotráfico.  Penalizar fuertemente los casos de corrupción.

b) APOYO  A CARABINEROS DE CHILE:

1.- Entregarles las herramientas necesarias para que cumplan con los deberes que les son propios.

2.- Mejorar sus remuneraciones.

3.- Reconocerles el principio de autoridad para restablecer el orden. Respaldar su actuar  toda vez que se enmarcan dentro de la ley y reconocer el derecho a defendernos y  defenderse. No más represiones ni expulsiones sin un justo proceso.

4.- Aumentar la penalidad a los que les agreden físicamente o provoquen daños en los edificios institucionales. (Similar situación respecto de Bomberos con la promulgación de la Ley N° 21.246, Publicada en el Diario Oficial de 21 de julio de 2020.-)

c) CAMBIOS EN EL PARLAMENTO:

1.- Rebajar número de diputados y de senadores.

2.- Exigirles cumplir con estándares de eficiencia, proactividad  y respeto, tanto en su vida pública como privada .

3.- Expresa obligación de discutir todo proyecto de ley.

4.- Transparentar las sanciones de ética aplicadas  a los parlamentarios.

5.- Reducir de forma permanente los montos a percibir por concepto de dieta parlamentaria y de las otras asignaciones anexas.

6.-  Sancionar todo actuar que tenga por finalidad  intereses personales, de grupo o ideológicos, que no esté referido al bien común de todo el país.

d) CONFLICTO MAPUCHE:

1.- Aplicar la ley antiterrorista, frente a todo acto que lo amerite y que dada  su reiteración  mantiene en estado de alarma casi permanente a las comunidades rurales de Arauco y de la Araucanía, con pérdidas cuantiosas de viviendas, medios de transporte y maquinaria de trabajo, todo ello frente a una flagrante impunidad.

2.- Decretar estado de sitio o estado de emergencia frente a tanta reiteración de actos terroristas que son de público y notorio conocimiento. Basta la sola lectura de los medios de prensa escrita para emitir esta aseveración.