Modifiquen la ley que otorga pensiones a los ex presidentes para evitar los abusos

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Hoy, Adolfo Rodríguez Saá, que fue presidente durante una semana y no fue elegido por el voto popular, cobra 158.000 pesos por mes; la hija de José María Guido, presidente designado por los militares en 1962, luego del derrocamiento de Frondizi, cobra 99.000 pesos; la viuda del general Roberto Levingston, presidente durante la penúltima dictadura militar, cobra 114.000 pesos; Isabel Perón, durante cuyo gobierno se inició el terrorismo de Estado en la Argentina, cobra 101.000 pesos. Esto resulta una verdadera injusticia en un país donde tanta gente, aun teniendo trabajo, tiene tantos problemas para llegar a fin de mes. Se debe modificar la ley de pensiones a ex presidentes, retirarles la pensión a quienes ocuparon el cargo sin haber sido elegidos por el voto popular y exigir que devuelvan lo ya cobrado.



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