Ayúdanos a detener la venta de justicia en SLP, México

0 personas firmaron. ¡Ayuda a conseguir 1,500!


Justicia Mercenaria: Un negocio rentable para los jueces.

La Convención de Ginebra, dentro del protocolo I, del 8 de de junio del año 1977, establece la definición de “Mercenario”, dentro del punto III:

“Su motivación para tomar parte en las hostilidades es principalmente el deseo por el beneficio personal, y de hecho, se le promete una recompensa material por una de las partes en el conflicto...”
 

Definición que encaja en las actuaciones de los jueces en el Estado de San Luis Potosí, México, quienes inclinan la balanza a favor de la persona que ofrezca la mayor recompensa. Comercian con la justicia como si fuera un servicio a disposición del mejor postor, dejando en estado de indefensión a la mayor parte de mexicanos que acuden al sistema en búsqueda de justicia y que no tienen los recursos para comprarla, o a aquellas personas cuyos principios todavía no han sido contaminados por el sistema actual.

Según Sócrates, los Jueces deben tener 4 características: “Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”. La mayor parte  de los Jueces en el Estado de San Luis Potosí no tienen estas 4 características; son, más bien, similares a los Homos Erectus que solo justifican sus actuaciones basandose en su necesidad de poder. Cuando se enfrentan a solicitudes para respetar los derechos humanos, manifiestan que no son importantes y que no están establecidos en el Código Adjetivo, como si no se hubiera modificado el artículo 1° Constitucional en el 2011,y no supieran que los Derechos Humanos son de igual importancia que los Constitucionales y de mayor importancia que las leyes inferiores.

¿Dónde quedaron los principios de los Jueces actuales? ¿Acaso son parte del mismo sistema enfermo? ¿Tal vez los políticos escogen jueces de moral dudosa para poderlos influenciar a su favor? Marx comentaba que el origen de la desigualdad se originó cuando se creó la propiedad privada ¿Vale la pena contaminar y vender tu alma por unos cuantos bienes?

El sistema actual ha aniquilado el alma de la mayor parte de los mexicanos. Silenció los reclamos y rebeldía de generaciones pasadas con una estrategia simple pero frívola: Mantener a los jóvenes en estado de supervivencia para ganar su silencio. Las nuevas generaciones tienen que contar cada vez con mayor grado de estudios, trabajar en zonas industriales con horarios extenuantes, recorrer largas distancias, para que puedan pagar una casa de interés social dentro de 10, 12 ó 20 años. Ni que decir de aquellos que no cuentan con estudios profesionales. Vivir en  estado de supervivencia activa el cerebro reptiliano, cuyo objetivo único es “sobrevivir” a un sistema enfermo, cuyos virus se propagan y, ante la falta de expectativas, llega el conformismo, sin más. Sólo algunos se benefician de la enfermedad vendiendo un remedio; “La Justicia”. Dentro de esta supervivencia, las nuevas generaciones ya no reclaman, ya no alzan la voz, los pocos que la han alzado fueron callados, desaparecidos o asesinados por los mismos entes de corrupción que propagan este virus para su propio beneficio.

 

 

Caso César Raúl Casillas Castañeda

Hoy se tiene un caso con evidencias, pruebas, nombres y fechas. El Juzgado Segundo Civil en el Estado de San Luis Potosí, desapareció expedientes completos, recursos de defensa y vendió la Justicia como viles mercenarios que solo buscan un beneficio propio, alimentando la guerra de injusticia que sufren los mexicanos.

 

Cronología de Hechos

16 de agosto del 2017, El C. César Raúl Casillas Castañeda (Vendedor de  un inmueble), interpone una demanda civil, donde solicita el pago por la pena convencional por la cantidad de $41,122.40 M.N. del contrato de compra-venta del inmueble ubicado en Cuauhtémoc 1250, Col Jardín CP 78000, en San Luis Potosí. Omite los pagos que la parte demandada realizó al C. Casillas por la cantidad de alrededor de $1,600,000.00 M.N. (Anexo 1, demanda inicial).

9 de febrero del 2018, La parte demandada (Compradora del Inmueble), interpone una reconvención (Anexo 2, reconvención), aclarando lo siguiente:

  • El contrato de compra venta del inmueble señala que la parte vendedora deberá devolver todo lo depositado a la parte compradora a los 15 días de terminar el contrato.
  • El contrato de compra venta del inmueble señala que la pena de convención se descuenta de la cantidad que depositó la parte compradora. No lo tiene que pagar la parte compradora, se descuenta.
  • La parte compradora ofreció la liquidación total del inmueble para iniciar la escrituración y el vendedor rechazó la oferta, negándose a escriturar el inmueble.
  • La parte compradora ha depositado a César Raúl Casillas Castañeda la cantidad de $1,595,482.42.
  • Desde mediados del año 2016, la parte compradora le ha solicitado más de 5 veces al señor Casillas, la devolución del dinero menos la pena convencional, ofreciendo hasta pagos en plazos.
  • El contrato detalla un interés del 1.2% mensual, en caso que no se devuelva el dinero en tiempo y forma.
     

13 junio del 2018, César Casillas Castañeda, contesta la reconvención (Anexo 3, Contestación Reconvención). Ahora no solicita el pago de  $41,122.40 M.N., detalla que de los $1,595,482.42. ahora tan solo quedan “$250,000.00” a la fecha del 13 de junio del 2018, pero que después de la fecha del 30 de junio del 2018 la cifra ya no es de $250,000.00 sino que la parte vendedora deberá pagarle a César Casillas Castañeda, es decir en tan solo 17 días desaparecen más de $250,000.00 M.N. Argumentando que supuestamente los locales los sigue usando la parte compradora, cuando jamás se ha usufructuado de los locales, y esos fueron desalojados en el 2016.

29 de agosto del 2018, interpone las fechas para el desahogo de pruebas que va desde el 4 de octubre del 2018, hasta el 8 de octubre del 2018. (Anexo 0, lista de acuerdos, expediente 1093/2017).

8 de octubre del 2018, la parte compradora asiste a la prueba testimonial ofrecida por César Raúl Casillas Castañeda.

9 de octubre del 2018, los testimoniales ofrecidos por César Casillas Castañeda, en su primera y segunda testimonial no se presentan al juzgado. Se verifica el expediente y no se encuentra ninguna promoción por parte del Sr. Casillas.

10 de octubre del 2018, se fue al Juzgado a verificar si el Sr. Casillas había entregado una promoción, justificando que sus testigos no hayan desahogado la testimonial. No existía ninguna promoción. Desde esta fecha la Jueza María Elena Palomino Reyna, no ha permitido a la parte demandada y compradora del inmueble, ver el expediente, violentando el artículo 6° Constitucional, hasta el 22 de octubre del 2018.

21 de octubre del 2018, mágicamente aparece en el Juzgado un justificante médico, por lo cual César Casillas Castañeda, no podía asistir al desahogo de las testimoniales. Sin embargo el Sr. Casillas cuenta con un abogado autorizado en los más amplios términos del artículo 118°, del Código Civil en el Estado de SLP, este abogado pudo haber desahogado la prueba testimonial. La Jueza María Elena Palomino Reyna, en el acuerdo del 21 de octubre del 2018 (Anexo 0, lista de acuerdos del Juicio), otorga un plazo extraordinario para el desahogo de testimoniales, sin justificación legal, ya que el abogado del actor pudo haber desahogado la testimonial. (Anexo 4, Recurso de Apelación, con Anexos).

Desde el 21 de octubre del 2018 hasta el 25 de febrero del 2019, el Juzgado Segundo Civil en el Estado encabezado por la Jueza María Elena Palomino Reyna, no le ha prestado el expediente a la parte compradora del inmueble. ¿Cuantas marranadas pueden seguir haciendo, si se niega el derecho de ver el expediente?

24 de octubre del 2018, se interpone un recurso de apelación (Anexo 4, Recurso de Apelación, con Anexos), dicho recurso desapareció o se fue omiso en su contestación (Anexo 0, lista de acuerdos del Juicio) del Juzgado Segundo del Ramo Civil, encabezado por la Jueza María Elena Palomino Reyna.

7 de noviembre del 2018, se interpone escrito, solicitando que se resuelva el recurso de apelación interpuesto el 24 de octubre del 2018 (Anexo 5, Escrito solicitando se resuelva el recurso), dicho escrito desapareció o se fue omiso en su contestación (Anexo 0, listas de acuerdos del Juicio) del Juzgado Segundo del Ramo Civil, encabezado por la Jueza María Elena Palomino Reyna.

8 de noviembre del 2018, se lleva a cabo el desahogo de las testimoniales Primera y Segunda, César Casillas Castañeda no presentó ningún testigo para la segunda testimonial, es decir, no se llevo acabo la segunda testimonial (de la cual se le concedió una fecha extraordinaria).

9 de noviembre del 2018, se interpone un recurso de revocación (Anexo 6, Recurso de Revocación, con Anexos), dicho recurso desapareció o se fue omiso en su contestación (Anexo 0, lista de acuerdos del Juicio) del Juzgado Segundo del Ramo Civil, encabezado por la Jueza María Elena Palomino Reyna.

9 de noviembre del 2018, se interpone un escrito, donde se especifica que no se llevo acabo la segunda prueba testimonial, solicitando el pago de indemnización que marca la ley (Anexo 7, escrito de indemnización), dicho recurso desapareció o se fue omiso en su contestación (Anexo 0, lista de acuerdos del Juicio) del Juzgado Segundo del Ramo Civil, encabezado por la Jueza María Elena Palomino Reyna.

9 de noviembre del 2018, se solicita un “Incidente de Providencia Precautoria”, con base a diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles, citando “…229°, 233°, 235°, 238° y demás relativos.” (Anexo 8, providencia precautoria), dicho recurso fue negado, por no solicitarlo mediante el artículo 231°, el cual estaba incluido en el “… demás relativos.” (Anexo 0, lista de acuerdos del Juicio) del Juzgado Segundo del Ramo Civil, encabezado por la Jueza María Elena Palomino Reyna.

5 de Febrero del 2019, se autoriza por segunda vez (Anexo 0, lista de acuerdos del Juicio) el desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte compradora (ya se había llevado a cabo el desahogo de la confesional el 8 de octubre del 2018). Se da fecha para el 15 de febrero del 2019. Es decir, se deshago dos veces la misma prueba.

7 de Febrero del 2019, derivado a la solicitud del “Incidente Providencia Precautoria”, la Jueza María Elena Palomino Reyna, determina una fianza por la cantidad de $500,000.00 M.N. (Anexo 10, Determinación de Fianza), lo cual equivale una tasa de interés del 270%, cuando la ley marca una tasa de interés del 9%, lo cual es claramente un delito penal por fraude de USURA  (Anexo 11, Apelación por Usura, con anexos).

11 de Febrero del 2019, se interpone escrito de Alegatos (Anexo 12, Alegatos).

12 de Febrero del 2019, se interpone una apelación, derivado de la USURA, por la determinación de la Fianza (Anexo 11, Apelación por Usura, con anexos). A la fecha del 25 de febrero del 2019, la Jueza María Elena Palomino Reyna, ha sido omisa en contestar dicha Apelación

15 de Febrero del 2019, se lleva a cabo el desahogo de la confesional. El Secretario de Acuerdos el C. José Eugenio Mejía Lira, corrió de cuarto a los abogados de la parte compradora, se realizaron preguntas que NO tenían que ver con la materia de litis de este juicio, eran de un Juicio Penal, claramente violando el artículo 21° Constitucional. También siendo una clara violación al debido proceso, llevar a cabo por segunda vez, el desahogo de una misma prueba, en la etapa de alegatos (Anexo 9, desechar prueba testimonial).

25 de Febrero del 2019, el Juzgado Segundo del Ramo Civil, encabezado por la Jueza María Elena Palomino Reynasigue sin permitir ver el expediente.

 

En el Juzgado Segundo del Ramo Civil, encabezado por la Jueza María Elena Palomino Reyna, el oscurantismo es alarmante, ya que la balanza de justicia se inclina a favor del mejor postor, o el que genere más ganancias para dicho juzgado. Se tiene el conocimiento que existen dos expedientes que desaparecieron COMPLETAMENTE, dentro del mismo Juzgado, se está investigando cuales son, para poder apoyar a la víctimas. Dentro de este Juicio se espera que la sentencia no sea favorable para la víctima de las malas actuaciones de este Juzgado. Se va interponer un Amparo para buscar la protección Federal.

 

Derechos Humanos ha detallado la importancia de “medidas de no repetición”, las cuales son inexistentes en el Estado de San Luis Potosí. El peor escenario que tiene un Juez en el estado de San Luis Potosí, es que los Juzgados de Distrito o Federales dictaminen que lo actuado en dicho juicio fue incorrecto y el resultado debió ser diferente. Se deja a los jueces en su curul de impunidad, buscando a las siguientes víctimas para cazarlas y obtener grandes beneficios. De la mencionada situación radica la importancia de la petición al Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López y al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador para que implemente una “Medida de No Repetición”. La única manera de salvaguardar los derechos de los ciudadanos potosinos es la destitución plena y total del Juez de Segundo Juzgado Civil en el estado, la C. María Elena Palomino Reyna.

 

Ayúdanos a que no siga vendiendo la justicia en el estado de San Luis Potosí. Firma esta petición para que la juez mercenaria de la justicia María Elena Palomino Reyna, sea destituída por el gobernador y el presidente constitucional de México y así se protejan los Derechos de los ciudadanos con esta medida de no repetición.