JOVENES CON DISCAPACIDAD Y 21 AÑOS LOS EXPULSARAN DE EDUCACION, IES ANDALUCES SUMAROS

GRAVE DISCRIMINACION POR RAZON DE DISCAPACIDAD.

Presento y denuncio la vulneración de derechos y discriminación que viven los jóvenes con diversidad funcional en Andalucía ,en materia educativa postobligatoria; debido a que las normas legislativas vigentes en Andalucía y España los empuja a un futuro sin derechos y sin esperanza de conseguirlos, en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de jóvenes andaluces sin diversidad funcional.

  En nombre de Alejandro Morales Álvarez, mi hijo, y de todos los jóvenes con diversidad funcional y 21 años que el próximo año estarán en la calle solicito una solución con carácter URGENTE ya que las matriculaciones para el próximo año están cercanas.

 El Gobierno Andaluz con la orden de 9 de junio de 2015 , por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de formación profesional básica en Andalucía para los cursos 2014/15 y 2015/16, dice que el alumnado podrá repetir siempre que no supere la edad de 21 años, según establece el articulo 74.1 de la ley orgánica 2/2006 de Educación. Esta ley orgánica es anterior a la ratificación por el estado español de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con diversidad funcional(discapacidad) y por tanto, y en cualquier caso afecte o no a este caso, tendría que haber sido modificada en todos aquellos términos en los que se vulneran los derechos reconocidos en dicha convención.

 Dicha orden malinterpreta el articulo 74.1, ya que este artículo dice  que la escolarización en unidades o centros de educación especial no podrá ser con mas de 21 años pero no que la formación básica no pueda ser mas allá de los 21, considero que si la orden amplía dicha restricción al alumnado de los programas específicos de Formación Profesional Básica se está vulnerando un derecho fundamental al negar que el alumnado con diversidad funcional no pueda realizar los estudios de los programas específicos de formación profesional básica mas allá de los 21 años y dicha interpretación  es una vulneración por razón de discapacidad recogido expresamente en el articulo 5 de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Así mismo en la orden dice que los alumnos podrán acceder a la formación hasta con 19 años, si se da esta posibilidad y también la de repetir cada curso mas un año mas si así es considera por el equipo educativo sería coherente que al menos pudiesen salir con 24 años, pero hay que ir un poco mas allá y realmente mientras exista posibilidad, interés y capacidad de aprendizaje se le tendría que posibilitar la permanencia en los estudios independientemente de la edad y eso si que sería no solo cumplir con la Convención sino asumirla en todo su espíritu y contenido.

 En abril  tuvimos una reunión en el IES Nº1 de Málaga Universidad Laboral con el equipo de orientación y educativo de los programas específicos de FP Básica,  en la que se nos informó de la problemática de la promoción o repetición de los cursos de estos programas específicos, DENUNCIO que por la aplicación de una normativa educativa que vulnera la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, se ha truncado su futura formación y, en consecuencia, su futuro empleo, sabiendo que es, dentro de sus capacidades y de la oferta de formación, lo único que pueden muchos de ellos cursar.

 El articulo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad dice:

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.

 No encuentro coherencia entre lo que dice ese artículo de la convención  y lo que dice la orden de 9 de junio de 2015.  En Andalucía cualquiera puede estudiar lo que quiera a cualquier edad, a nadie se le pone ningún límite de edad para finalizar sus estudios, yo por ejemplo con 55 años y con una diplomatura podría acceder a cualquier estudio universitario, sin embargo, me decís que Alejandro como cumple 22 años en el año natural que tendría que cursar segundo se tiene que ir a la calle y, además, en caso de que no adquiriera los conocimientos suficientes no tendría ni remotamente la mas mínima posibilidad de repetir.

 Yo sinceramente no entiendo como hemos llegado a esta situación , salvo que seguro que se están vulnerando sus derechos con tanta legislación discriminatoria. A las personas con diversidad funcional hay que darles oportunidades y no quitárselas. De todos es sabido que sus procesos de aprendizaje son lentos o son distintos en tiempos. No creo que sea tan difícil cambiar esto y antes de cambiarlo, consensuar con la comunidad educativa cuales son los cambios que se precisan.

Me anticipo y creo que hay que cambiar además del limite de edad, el numero de repeticiones, habrá personas que tarden un año en adquirir los conocimientos de 1º, aunque generalmente casi todo el alumnado repite, pero habrá quien necesite hacerlo tres veces o cuatro y no entiendo como esto no está así legislado, no digo que estén eternamente pero si que si el alumno, el equipo educativo y la familia ven posibilidades de que consiga la adquisición de los aprendizajes no se le garantice legalmente esa posibilidad, para que puedan obtener la certificación profesional. Actuar a espaldas de la realidad y en contra de la Convención genera un estado de DISCIUDADANIA para todo un colectivo con diversidad funcional y con especial dificultad en la inclusión en todos los ámbitos de la vida.

Por todo lo expuesto y porque tengo la firme convicción de que se vulnera el articulo 27 de la Constitución, y los artículos 5 y 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad solicito que con carácter urgente se modifiquen las normas jurídicas que se precisen para que los jóvenes con diversidad funcional puedan ser ciudadanos de pleno derecho y salir de la situación de disciudadanía en la que se encuentran.

 

 

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