Petición Cerrada

No a la despenalización de la violencia intrafamiliar

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Asunto:​ A propósito de la elección Fiscal General de la Nación: Descriminalizar la violencia intrafamiliar expone aún más a las mujeres a ser asesinadas por sus parejas y ex parejas.  ​​Honorable Magistrada: Colombia ha avanzado paulatinamente en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres a partir de la adopción de normas producto de la incidencia del movimiento social de mujeres y derivadas de los tratados internacionales adoptados por el Estado Colombiano como la Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Ley 051/81) y la Convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres o Convención de Belen do Para (Ley 248/95). En virtud de dicha agencia el Congreso de la República ha expedido normas tales como la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1542 de 2012, entre otras, a través de las cuales se incorporaron al ordenamiento interno estándares internacionales orientados a la eliminación y sanción de las violencias contra las mujeres en el ámbito familiar, escenario en el que se producen las mayores violaciones a los derechos de las mujeres y que se ha constituido históricamente en la antesala del Feminicidio, inadmisible realidad, que ubica al país en el primer lugar de los países de América Latina con índice en la ocurrencia de este fenómeno. La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado reitera la obligación del Estado en la prevención y sanción de las violencias en el ámbito familiar, en el que actualmente 6.000 mujeres están en riesgo de ser asesinadas por sus parejas y ex parejas, escenario dentro del cual se causan más muertes que en el conflicto armado colombiano. Efectivamente mientras que 21 soldados mueren al mes en combate, 63 mujeres mueren al mes por la violencia basada en género. Por estas consideraciones instamos a que la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la elección para el cargo de Fiscal General de la Nación, sea consecuente con los compromisos derivados de los tratados internacionales y con la importante jurisprudencia de la misma corporación a favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencias que sufren en todos los ámbitos y primordialmente en el ámbito familiar y por lo tanto desestime las candidaturas para el cargo de Fiscal General de la Nación que promuevan reformas que tiendan a descriminalizarla como la del Dr. Néstor Humberto Martínez, la cual además de aumentar el riesgo que sufren de ser asesinadas por sus parejas y exparejas y de desconocer los esfuerzos del legislador en la adopción de normas tales como la Ley Rosa Elvira Cely por la cual se creó el tipo penal de Feminicidio, constituiría un lamentable retroceso en la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y en cambio, valore aquellas comprometidas con su prevención, eliminación y sanción como la de la jurista Mónica Cifuentes Osorio.


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