Escuelas publicas para hijos e hijas de funcionarios y políticos en Argentina

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Los funcionarios públicos de la República Argentina con hijos e hijas asistiendo, estudiando y recibiendo educación integral, gratuita, laica, emancipadora y de calidad en las instituciones educativas públicas de gestión estatal.

“Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera” Albert Einstein.

Inicie esta petición a la Legislatura Nacional considerando que uno de los principales motivos por los cuales no se resuelven algunos de los problemas en educación es porque muchos funcionarios desatienden la educación pública y optan por que sus hijos asistan a escuelas o colegios privados.

Una vez mas, como suele suceder al comienzo de un Ciclo Lectivo, nos encontramos atravesando un "nuevo conflicto educativo" en gran parte del país, con reclamos de los trabajadores de la educación y con medidas de fuerza que incluyen paros con el no inicio de clases, no solo por incrementos en los salarios, sino por mejores y favorables condiciones para la enseñanza y los aprendizajes en las escuelas publicas.

También nos encontramos con muchas de las mismas des calificaciones, mentiras sistemáticas, falsas valoraciones, declaraciones grandilocuentes y con los planteos alarmantes, de siempre, en las expresiones de los actuales funcionarios y legisladores con responsabilidades en la organización, el funcionamiento, la administración y los destinos del sistema de educación pública estatal.

Considero sumamente ofensivo y contradictorio, por no decir muy necio e hipócrita; como algunos de ellos muestran una tendencia a manejarse como si tuviesen mas derechos que el resto de los ciudadanos y habitantes, abusan de su poder y como no les importa que algunas de sus acciones publicas sean completamente opuestas con sus acciones privadas o que muchas de sus declaraciones no sean éticamente coherentes con las ideas y valores a los cuales dicen adherir.

Provoca indignación volver a escuchar, hasta el hartazgo, a políticos de distintos partidos rasgarse las vestiduras, hablar descaradamente durante años sobre la importancia y de cuanto les preocupa la educación, de todas las inversiones en infraestructura, de cuan valiosos son los docentes y afirmar que deberían estar mejor pagados pero lamentablemente no se puede; recordarnos que siempre han cobrado mal como una manera conveniente de naturalizar y justificar el que esta realidad injusta se perpetúe; decir que los docentes tienen a los niños de rehenes, apelar a la vocación docente, a la necesidad de recuperar la cultura del esfuerzo, y esgrimir porcentajes de “abandono escolar”, del numero de jóvenes que no estudian ni trabajan, etc., omitiendo convenientemente cuestionar a quienes tienen o han tenido mayores responsabilidades con la educación e incumplen sistemáticamente con las mismas.

Al mismo tiempo seguimos viendo que fijan sus propios sueldos y se dan aumentos obscenos, son desleales a la democracia, ejercen nepotismo; juran su compromiso con los valores, principios y procedimientos de los derechos humanos, como la justicia social, la paz, la educación de calidad, la inclusión, la igualdad, la equidad, la participación, la no discriminación, entre otros; e incluso juran cumplir con los mandatos constitucionales, y como en sus acciones traicionan esos conceptos; traicionan la escuela publica, hacen muy poco por ella y para garantizar la educación de calidad para todos.

También indigna como muchos de esos funcionarios y políticos, hasta de rango menor y con responsabilidades directas en la administración de las escuelas, prefieren los colegios privados cuando deben decidir por la escolaridad de sus hijos e hijas. Claramente "parecen" no confiar en el sistema público educativo porque en los hechos, mas allá de sus declamaciones, lo desvalorizan, discriminan y descartan. Incluso buena parte de los trabajadores de organismos y empresas del Estado inscriben o intentan inscribir a sus hijos en colegios particulares.

Cuando no apuestan, ni optan por la educación en escuelas públicas y en lugar de contribuir solidaria y responsablemente desde sus puestos en el Estado a garantizar condiciones y mejorar activamente los estándares de las escuelas publicas; se retiran de ella, no la fortalecen y elijen sin dudarlo que sus hijos e hijas sean educados en escuelas privadas o de élite, desde colegios confesionales hasta laicos tradicionales bilingües, se promueve la descalificación de la escuela pública de gestión estatal y se esta contribuyendo a vaciarla.

Si tenemos presente:

- Al Estado como principal responsable en cuanto a promover, defender, proteger, garantizar y restituir los derechos humanos, con sus normas, políticas y programas de acción; que esta responsabilidad no puede ser delegada ni la educación privatizada, así como la importancia trascendental de la educación para el desarrollo de las personas, comunidades y pueblos.

- Que el derecho a la educación es un derecho humano, conformado de manera inseparable por el derecho a educar y el derecho a aprender en condiciones dignas; que respetarlo incluye garantizar integralmente los derechos de los trabajadores de la educación y todos los derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos, y que esto requiere necesariamente otorgarle consideración especial en las agendas de gobierno.

- Que las instituciones publicas, los funcionarios y todos quienes trabajan en los tres poderes del Estado son garantes de lo público y corresponsables, con diferentes grados, de dicha responsabilidad, debiendo gestionar y hacer efectivas, en lo referente al derecho a la educación publica, gratuita, laica y de calidad; desde proveer todas las condiciones requeridas, tanto para que se de la enseñanza de calidad, como para que todos los niños, niñas y adolescentes obtengan, sin discriminaciones, logros educativos en los aprendizajes, hasta el restituir los derechos educativos cuando estos han sido vulnerados.

Debido a que muchos funcionarios y políticos no "apuestan" por la escuela pública de gestión estatal, que sus problemas no los viven como propios y que la educación publica de excelencia no goza de un lugar primordial para un gran numero de ellos, considerando que este es uno de los motivos por los cuales no se estaría haciendo todo lo que corresponde para resolver problemas medulares para garantizar educación de calidad para todos y todas; con la certeza de que hay mucho por hacer y la convicción, de que parte de lo que se viene haciendo dista considerablemente de lo que se debe, realizo esta nueva petición que no es suficiente, pero si necesaria.

Para solicitarles elaboren y sancionen una ley nacional que establezca que todos los gobernantes, legisladores y funcionarios públicos, de los tres poderes y en todo el país, estén obligados sin excepciones a enviar a sus hijos e hijas a instituciones educativas públicas (escuelas, colegios, etc.) de gestión estatal, como garantía de que, mas allá de las declamaciones o buenas intensiones, el sistema educativo estatal y la educación de calidad se conviertan efectivamente en uno de sus mayores y principales propósitos.

Esta idea, que no es nueva, representa un problema de interés e indignación ciudadana, que ha sido tratado en numerosas notas y artículos en los medios, y motivado diversas iniciativas, varias de las cuales constituyen antecedentes importantes y positivos sobre el tema, que me han ayudado con sus conceptos a fundamentar esta petición.

Varias de las iniciativas son de ciudadanos movilizados, como la iniciativa de un grupo de padres en la Provincia de Rio Negro (2002), otra circulo en Internet con formato de cadena de correos, sumando firmas (2009) y la impulsada por Graciela en la Comunidad Avaaz.org, a partir de haber recibido ese correo, petición que tiene hasta el momento 49 firmantes (2013). 

Otros antecedentes son a nivel legislatura nacional, provincial y municipal, entre ellos, el proyecto del Senador del PJ por Entre Ríos Osvaldo Chesini en la Legislatura Nacional (2009), el de Rodolfo Canini de Encuentro por Democracia y la Equidad, en la Legislatura de la Provincia de Neuquén (2010); y la de Alejandro Bodart del MST, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2012). Varias de las iniciativas, proponen además, ampliar la obligatoriedad a temas de salud, para que los funcionarios se atiendan al igual que su grupo familiar en el sistema público de salud.

Si bien estas iniciativas lamentablemente no se concretaron en leyes u ordenanzas sancionadas, porque encontraron mucha resistencia y pudieron ser tildadas de ingenuas e irrealizables, sus conceptos e ideas, no consideradas seriamente ni tenidas en cuenta oportunamente por parte de aquellos legisladores que vieron amenazados algunos privilegios, constituyen aportes valiosos e insoslayables si se desea redactar una norma nacional ética y consecuente.

En marzo del año 2009, cuando se daba el comienzo de clases con similar conflicto docente, Martín Caparros en el Diario Critica de la Argentina, escribió en una nota titulada “Lucha de Clases en la Escuela Publica” que tenia una propuesta a los legisladores para encarar la cuestión educativa :

“Es una ley que habría que votar cuanto antes: 'Queridos gobernantes, no todo pueden ser alegrías, ganancias extraordinarias, honores merecidos, gratitud popular. Los cargos deben tener alguna carga. Y ésta será modesta pero inflexible: se ordena, so pena de prisión y pedorreta pública, que todos los funcionarios del Estado –de un nivel equis para arriba– manden a sus hijos y nietos, sin excepción, a la escuela estatal más cercana'. Es posible que, entonces, la educación pública mejore seriamente”

La obligatoriedad promoverá que no se desentiendan, ni abandonen la escuela pública, porque no les son ajenos sus problemas y porque les afecta; hará que asuman sus responsabilidades en materia de derechos humanos y cumplan cabalmente con sus respectivas obligaciones de funcionarios públicos con el derecho a la educación. Y que se ocupen efectivamente en los hechos de revitalizar la escuela pública, que fuera de avanzada y progresista, generando, transformando, impulsando, mejorando y dotando de todo aquello que sea necesario a las instituciones educativas publicas para garantizar educación integral y de calidad para todas y todos.

Manuel CORREIA

Acompaña con tu firma esta petición y juntos solicitemos a los legisladores nacionales se atrevan a modificar el estado actual de las cosas, dejando de lado intereses particulares, sus conveniencias o privilegios, opten por el bienestar general y den una señal clara de su compromiso, de que real y efectivamente les interesa la educación y apoyan la escuela publica de gestión estatal …

 



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