ALTO AL ACOSO LABORAL EN DEPENDENCIAS PÚBLICAS FEDERALES, URGEN REFORMAS A LA LEY

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Como trabajadores de las dependencias públicas Federales, cuando hay acoso laboral, quien se atreve a denunciarlo, busca el apoyo de diversas instancias incluyendo PGR, y por tratarse de un magistrado que obviamente no pertenece al Consejo de la Judicatura Federal, normalmente las dependencias y los órganos jurisdiccionales a quienes se acude, no quieren asumir jurisdicción, aun cuando hay pruebas y confesión escrita.

En el caso particular inició una campaña de desprestigio hacia mi persona en septiembre de 2017, y es apenas en enero de este año 2019 cuando PGR inicia realmente la investigación... obviamente los “testigos son mudos” (por el miedo a las represalias y a perder su trabajo), y me indican en PGR que el nuevo sistema acusatorio no da lugar a la confesión escrita, sino que se debe adminicular con las pruebas. Existe incluso falsedad de declaración ante autoridad jurisdiccional, pues el Magistrado me impuso unas multas por “desobediencia laboral” que NUNCA ME NOTIFICÓ, no obstante el Juzgado de Distrito sobreseyó aduciendo que debí agotar el principio de definitividad, ¿y cómo si nunca fui legalmente notificada de las mismas? Desde junio de 2018 presenté el Recurso de Revisión, pero debido a las altas cargas de trabajo, se resolverá, espero conforme a derecho en marzo o abril de este año 2019; contraloría interna del Órgano Jurisdiccional, nunca me quiso dar acuse de recibo de mi queja y el número de la misma, lo obtuve gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Todo fue originado por un cambio de periodo vacacional (una semana por un viaje al extranjero), lo que se ha convertido en una casi persecución y desprestigio hacia mi persona, pues no obstante se cambió de adscripción al Magistrado, en su lugar se dejó a una Magistrada que había sido anteriormente Superior Jerárquica del Magistrado... Tomó personal la “revancha “, a tal grado que después de 24 años ininterrumpidos de servicio como Secretaria de Estudio y Cuenta, de ser una de las “mejores”, de la noche a la mañana, me convertí en una persona “conflictiva”, por no permitir que se violaran mis derechos laborales y humanos y además en la peor proyectista... Al grado de llegar a tener una semi parálisis facial y problemas psicológicos (ansiedad y depresión) y una persecución por parte de quienes se han convertido en mis superiores, pues no obstante he demostrado que lo único que pretendo es trabajar para seguir manteniendo a mi familia (soy el sostén principal), lo único que advierto es que se me quiere cansar para forzarme a renunciar, con lo cual considero que se actualizaría el artículo 225, fracción XXXIV, como delito contra la administración de justicia, porque se me haría renunciar para evitar responder a acusaciones de acoso, hostigamiento o para ocultar violaciones a la Ley Federal del Trabajo. Pero que también me indican que no se actualizaría porque ya no dependo del Magistrado que originó todo, y es en contra del que se está llevando la Carpeta de Investigación FED/JAL/GDL/0003417/2017, carpeta que está incluso a punto de cerrarse porque lo que se está investigando es lo relacionado con el delito previsto por el artículo 215, fracción II.- CUANDO EJERCIENDO SUS FUNCIONES O CON MOTIVO DE ELLAS HICIERE VIOLENCIA A UNA PERSONA SIN CAUSA LEGÍTIMA O LA VEJARE O INSULTARE, del Código Penal Federal (vigente en la época de los hechos). No obstante de la misma carpeta, y lo que considero más grave, se desprende el delito de VIOLACIÓN A LA CORRESPONDENCIA POR PARTE DEL MAGISTRADO, Y PECULADO, por haber utilizado documentación dirigida a mi persona (mi acuse de recibo de quien me contrató y quien es nuestro superior Jerárquico, y a quien hice saber en su momento las amenazas que había hecho en mi contra), y utilizarlo para pedir mi DESTITUCIÓN, ante Contraloría Interna de la Institución a la que pertenecemos, en la queja número Q291-2017.

En su momento, se realizaron diversas quejas ante la Contraloría Interna de la Institución a la que pertenezco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres, a diversos correos del Senado de la República, a la Secretaría de la Función Pública, a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y presenté denuncia ante la Procuraduría General de la República.

Desafortunadamente el Instituto Nacional de las Mujeres, el Senado de la República, a la Secretaría de la Función Pública, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en su momento me dijeron que por tratarse de “un asunto laboral” y en contra de un Magistrado, ellos no eran competentes, en el caso del Instituto Nacional de las Mujeres, me dijeron que lo más que podían hacer por mí era brindarme apoyo psicológico; el Senado de la República, nunca me contestó; la Secretaría de la Función Pública, se declaró incompetente y me remitió al Órgano Interno pero de la OTRA DEPENDENCIA COMPLETAMENTE DISTINTA A LA QUE PERTENEZCO; la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, me dijo que no era competente, pero que lo iban a tomar en consideración, que incluso mandarían a alguien a realizar una inspección, pero ese alguien nunca llegó; y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) me dijo que asumirían competencia, siempre y cuando no interviniera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era una u otra, opté por esta última.

Mi interés principal es que de alguna forma se pueda cambiar y reformar en México, pero sobre todo con relación a los trabajadores de las diferentes dependencias laborales, lo siguiente:

 

Ley Federal del Trabajo Apartado “B”

Código Penal Federal

En donde se establezca, tal y como existe en la Ley Federal del Trabajo, lo relativo al MOBBING o ACOSO LABORAL; que además los delitos que se desprendan de la carpeta de investigación y que se denuncian en la misma, sean valorados e investigados en la misma en su totalidad, pues ahora resulta que el delito a perseguir (que se equipara a un “me sacó la lengua y me hizo sentir mal porque me insultó”), no tiene nada que ver con los otros que se consideran realmente graves, para un servidor público y más aún para alguien que imparte justicia y justicia social. Por ello solicito que se hagan las investigaciones correspondientes sobre la totalidad de los delitos que se desprenden de la carpeta de investigación, y no se archive la misma, so pretexto de que se debió abrir una carpeta de investigación para cada uno de los delitos que se desprendan de la misma.

 

Que se otorgue competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para intervenir y tener jurisdicción relacionada con moobing o acoso laboral en las dependencias federales, resolviendo y protegiendo legalmente los derechos humanos laborales, por los que se ha luchado durante tantas épocas, y que en la actualidad al estar deshumanizados los superiores jerárquicos, consideran que los los subordinados no tienen, pues tal y como se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, para todos.