Señor José Carrión III, derogue su propuesta de cerrar el Plan de Retiro-UPR

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José Carrión III, Presidente
Junta de Control Fiscal

La Junta de Retiro-UPR le ha remitido dos misivas rechazando sus propuestas de cerrar y congelar el Plan de Beneficios Definidos del Sistema de Retiro de la UPR, fundamentando esa posición en los resultados de estudios actuariales. Dichos resultados corroboran el efecto nefasto de la postura adoptada por la Junta de Control Fiscal (JCF) contra el Fideicomiso del Retiro-UPR, cuya solvencia y perpetuidad se afectarán adversamente con estas acciones. El estudio actuarial más reciente refleja que el escenario de congelar el plan de retiro vigente causará que el Fideicomiso se quede insolvente en el año 2043.

Por otro lado, la congelación de beneficios representará, de igual forma, el desfalco financiero de la Universidad ya que le requerirá deshacerse de activos para poder subsidiar la nómina anual millonaria que tendrá que pagar al Fideicomiso.

La JCF debe tomar en consideración que el Retiro-UPR es un plan maduro donde actualmente el 75% por ciento de los 10,200 participantes activos ya adquirió el derecho a una pensión bajo el Plan de Beneficios Definidos. 

Desista de cerrar nuestro Plan de Retiro de Beneficios Definidos.  Con las propuestas que pretende implementar la JCF, la Universidad tendrá que identificar la fuente de repago de la nómina actual de los pensionados que es de $200 millones anuales y es solventada por los activos del Fideicomiso del Retiro-UPR. Dentro de cinco años, de cerrar el plan de retiro vigente, esa nómina aumentará a $500 millones para responderle al 75% de los empleados activos de la UPR con derecho a su pensión.

Estará condenando el futuro y la estabilidad económica de los 19,000 participantes activos‑empleados, de los pensionados y de la Universidad del pueblo de Puerto Rico, sin contar el efecto que tendrá sobre la economía de Puerto Rico.

Sus propuestas provocarán que los participantes del Retiro de la UPR pierdan sus beneficios vigentes y al momento de su jubilación no reciban una pensión justa y razonable, lo que los condenará a un estado de pobreza absoluta.  

 



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