Preocupación por la Ley de Movilidad Humana de Ecuador.

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La Coalición por las Migraciones y el Refugio - grupo de organizaciones y profesionales vinculados con la promoción y protección de derechos humanos de las personas en movilidad en el Ecuador – ante la comunidad nacional e internacional, expresamos nuestra posición frente a la aprobación de la Ley de Movilidad Humana.

La generación de una nueva legislación en materia de movilidad humana, desde un enfoque de derechos que supere la visión securitista y punitiva de la Ley de Migración y la Ley de Extranjería (1971), es uno de los aspectos que la Coalición ha señalado como prioritario desde su conformación hace más de diez años. Por este motivo, desarrolló algunos documentos que orientan este propósito, tales como: Contenidos Básicos para la Construcción de la Nueva Normativa en Movilidad Humana (2008); Propuesta para la generación de la Ley de Movilidad Humana presentado al Ministerio de Justicia (2011); y Análisis del Proyecto de Ley de Movilidad Humana (2016), en los que ha insistido en la incorporación de los enfoques de derechos humanos, género y diversidades en esta nueva legislación.

Si bien la Ley de Movilidad Humana aprobada recientemente busca incorporar las diferentes dinámicas de este hecho social en un mismo cuerpo normativo, e incluye aspectos como la protección de ecuatorianos/as en el exterior, la apatridia, el refugio y asilo, sobre los cuales no existía una ley previa, poco coincide con el mandato establecido en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos y los aportes realizados por la Coalición y otras organizaciones de sociedad civil, siendo numerosos los aspectos de preocupación que se constatan en el texto aprobado.

La nueva ley mantiene el enfoque securitista, selectivo y sancionador de la migración que regía en la legislación anterior matizado por un lenguaje políticamente correcto. No ha incluido el tema del desplazamiento interno, ni ha incorporado el tratamiento a niños, niñas y adolescentes, perdiendo de vista la integralidad de la movilidad humana, circunscribiéndola al ámbito de las migraciones internacionales. Se aparta y contradice el enfoque de derechos humanos: en lugar de desarrollar los principios y derechos reconocidos en la Constitución, como el derecho a migrar, la ciudadanía universal, la libre movilidad, el progresivo fin de la condición de extranjero, la igualdad de derechos, en derecho superior del niño, entre otros, los limita y vacía de contenidos.

La Ley de Movilidad Humana de manera reiterada recurre a sanciones pecuniarias, impide subsanar la situación migratoria irregular y mantiene la deportación como primera alternativa frente a la irregularidad migratoria sin un procedimiento que garantice el debido proceso, ya que la autoridad de control migratorio es juez y parte. Además, establece normas discrecionales que permiten una actuación de amplia subjetividad por parte de las autoridades de control migratorio, que posibilitarían vulneraciones de derechos de las personas en movilidad.

Son preocupantes las diferencias en el ejercicio de derechos que se establecen entre personas ecuatorianas y de otras nacionalidades; e, incluso entre personas de otras nacionalidades a partir del criterio del país de origen, aspecto que atenta contra el principio de igualdad y no discriminación.

La indefinición de la institucionalidad rectora y ejecutora de las políticas en materia de movilidad humana, constituye otro retroceso de la Ley de Movilidad Humana, pues no define concretamente las instituciones a cargo, dejando esta determinación a nivel del reglamento. Cabe mencionar que uno de los aspectos en los que se ha insistido desde la Coalición es la eliminación de la dispersión institucional en este ámbito, aspecto que no supera la Ley de Movilidad Humana.

En cuanto al derecho a solicitar refugio, resulta polémica la división entre las personas asiladas y refugiadas, y los plazos y requisitos establecidos riñen con los principios de la protección internacional; además, falta claridad en los procedimientos y autoridades encargadas del reconocimiento de la condición de refugiado.

Otro motivo de preocupación es la restricción de acceso a derechos de niños, niñas y adolescentes, principalmente para la educación y la protección especial por su condición migratoria y la inexistencia de su ente rector que garantice el derecho superior al niño.

Finalmente, es importante destacar el insuficiente desarrollo de los contenidos relativos a la prevención, atención y reparación de las víctimas de trata de personas (reducida al ámbito internacional) y del tráfico ilícito de migrantes, limitados a un acápite. Adicionalmente, preocupa que, en ciertos puntos, no diferencia la trata de personas del tráfico ilícito de migrantes.

Ante estas y otras falencias identificadas en la Ley de Movilidad Humana, la Coalición por las Migraciones y el Refugio:

a)    Considera que es necesario que la Asamblea Nacional inicie un proceso participativo de reforma de este texto legal, que incluya una revisión técnico-jurídica, y principalmente la adecuación de esta normativa a la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos. Se debe advertir que existen contenidos que al ser inconstitucionales no pueden ser subsanados vía reglamento.

b)   Rechaza la instrumentalización de la participación de la sociedad civil en el proceso de construcción de la Ley de Movilidad Humana y el desconocimiento de los aportes remitidos, que son fruto del esfuerzo y la reflexión de las organizaciones.

c)    Llama a las organizaciones de sociedad civil que trabajan por los derechos de las personas en movilidad humana a estar vigilantes frente a las vulneraciones que podría conllevar la aplicación de la Ley de Movilidad Humana, y sumar esfuerzos en iniciativas de exigibilidad para la  adecuación de esta ley en favor de los derechos de las  personas en movilidad humana.

d) Reitera su compromiso de apoyar todo proceso que implique la efectiva vigencia de los principios y derechos constitucionales y los esfuerzos por la integración y ejercicio pleno de derechos de esta población, sin discriminación por su origen y condición migratoria.

 



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