Decision Maker Response

Andrés Herzog’s response

Nov 10, 2015 — Hola,

Desde UPYD ya pedimos implantar figuras para proteger a los empleados públicos que denuncien casos de corrupción. Consideramos que se tienen que implantar en España figuras similares a las que existen en otros países para proteger a los empleados públicos que denuncien casos de malas prácticas o corrupción dentro de la administración.

Nosotros sufrimos en nuestras carnes en la pasada legislatura municipal el intento de soborno de un alcalde del PP a una concejala de UPyD en el madrileño municipio de Brunete. Ello destacó la importancia que tiene la colaboración de las personas que trabajan en la administración pública a la hora de destapar casos de malas prácticas, corrupción y prevaricación por parte de los gestores públicos.

En su momento registramos una pregunta escrita al Gobierno en el Congreso, para saber si el Gobierno tenía previsto instaurar algún tipo de figura para proteger a los trabajadores de la administración que tuvieran conocimiento de estos abusos y se atreviesen a denunciarlos públicamente.

Esta figura, que en inglés recibe el nombre de "whistleblowers" (chivato) ya funciona en otros países como Estados Unidos -donde, además los casos que se denuncian tienen que ser obligatoriamente investigados- y Reino Unido, donde desde 1998, existe un marco de protección jurídica para las personas que divulguen información sobre malas prácticas de los gestores públicos y posibles delitos de los cargos políticos.

De hecho, dentro de la Unión Europea, este tipo de figura sólo está vigente en Reino Unido, Luxemburgo, Rumanía y Eslovenia, según Transparencia Internacional, ONG especializada en la lucha contra la corrupción y la transparencia. Esta organización sitúa a España entre los siete miembros de la Unión que carecen de legislación alguna en esta materia.

Por todo ello, desde UPYD lo que preguntamos al Gobierno fue si tenía previsto regular en nuestro país la figura del "whistleblower" para proteger a los empleados públicos que denuncian abusos y corrupción dentro de la administración pública y, en caso negativo, si no consideraba necesario y útil implantar algún sistema de protección para aquellas personas que se atreven a denunciar y revelar posibles delitos asumiendo un riesgo personal significativo.

Estamos, como bien sabe cualquiera que se interese por la política de nuestro país. Firmemente convencidos de que la lucha contra la corrupción es completamente necesaria para garantizar una democracia de calidad. Por ello somos defensores de iniciativas como la propuesta y seguiremos defendiéndolas desde el Congreso de los Diputados la próxima legislatura.

Un saludo