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El Ministro de educación pretende derivar recursos que se le niegan a la educación pública hacia colegios privados religiosos que discriminan a sus alumnos por el sexo. Muchos de ellos del Opus Dei.

Las subvenciones a los centros privados -que han ganado 674 millones de euros en el 2010- subió un 30% en los últimos 5 años, mientras que el presupuesto destinado a Educación en el 2011 se redujo un 5% en el conjunto del estado, y el que destina el Ministerio a educación cultura y deporte en el 2012 aún desciende un 21,2% más, siguiendo una política clasista, de financiación de la educación católica y de desmantelamiento de la Educación Pública.

¿Cómo se justifica que se estén quitando recursos económicos a la enseñanza pública, provocando la masificación de las aulas, reduciendo las becas o aumentando los costes de las matrículas mientras se subvenciona con cantidades millonarias a entidades privadas de carácter religioso (la mayoría de ellas) que están teniendo beneficios?. Se está limitando el derecho universal a la educación para financiar con recursos públicos la libertad de una minoría a acceder a una formación con claras connotaciones clasistas, religiosas y sexistas.

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/22/galicia/1345663383_493090.html

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/23/actualidad/1345733404_978682.html

http://elpais.com/elpais/2012/08/22/opinion/1345664825_564300.html

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/03/actualidad/1346693371_162797.html

http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2012/04/02/920909/desciende-21-2-presupuesto-destinado-educacion-cultura-deporte.html

http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2012/04/12/922682/recortaran-10-000-millones-euros-presupuestos-educacion-sanidad.html

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/los-consumidores-denuncian-las-cuotas-de-las-escuelas-concertadas_788921.html

Letter to
Ministro Ministro de Educación Cultura y Deportes
Muchos españoles hemos visto con enorme preocupación, consternación y enojo la publicación en la prensa diaria de noticias según las que, supuestamente, usted mantiene la intención de blindar las subvenciones a los colegios que separan por sexo, alineándose con éstas instituciones privadas –la mayoría pertenecientes al Opus Dei- frente al Tribunal Supremo. Esas publicaciones aseguran que incluso pretende cambiar leyes orgánicas para burlar la decisión judicial; se supone que suprimiendo o modificando los textos legales que dan soporte a la sentencia del alto Órgano Jurisdicional.

Permítame recordarle que La Constitución Española, aprobada en Referéndum del 6 de diciembre de 1978 por el 87,78 por 100 de los votantes, cita en su Preámbulo como objetivos e intenciones: “Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular” y también “Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”.

A la luz de este texto, que representa aspectos de relevancia prioritaria en la voluntad del pueblo español soberano, pretender cambiar la ley para blindar las subvenciones a estos colegios que discriminan a sus alumnos en función de su sexo -en contra de la reciente sentencia de nuestro máximo órgano en la Administración de Justicia- paralelamente a la aplicación de las graves e injustificables medidas de recortes económicos en la enseñanza pública, representa una fragrante, sórdida e irrespetuosa manifestación de utilización prevaricante del poder en función de ideologías personales y de intereses particulares, de espaldas al mandato constitucional y al voto de representación cedido en las urnas. Lo que deslegitima al Gobierno del que usted forma parte, puesto que nada en el programa electoral con el que su partido se presentó a las últimas elecciones y en función del que han sido legitimados para la formación del actual gobierno hacía prever que usted, ni el resto de su equipo ministerial, actuarían de esta manera una vez constituidos como tal.

El mismo Texto Fundacional, en su Artículo 14 del Capítulo II –de los Derechos y Libertades-, nos dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Y la propia Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, le concede tal relevancia a este aspecto que incluye de forma específica una Disposición Adicional -la Vigesimoquinta- explícitamente enfocada al “Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. Por lo que se ha de entender que el criterio del Alto Tribunal, argumentando que estas ayudas son incompatibles con la Ley Orgánica de Educación (LOE), tiene sustento directo en la propia Constitución Española. Por lo que cualquier modificación que se pretenda en este aspecto concreto no ha de entenderse ya como una simple modificación legal sino como una burla directa de lo aprobado por el pueblo español soberano.

Por otro lado, la misma Carta Magna en su Artículo 44 del Capítulo II -De los principios rectores de la Política Social y Económica- ordena que “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”, así como que “Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general”.

En este sentido, el bloqueo de las oposiciones al cuerpo docente -impidiendo que se puedan cubrir las necesidades de dotación y renovación de un estamento vital para la formación de nuestros educandos-, masificar las aulas en las escuelas públicas, restar recursos económicos impidiendo el desarrollo de la actividades escolares de carácter transversal, reducir el número de carreras universitarias, postergar la formación en Humanidades, aumentar el precio de las matrículas, disminuir la dotación en becas, obligar a enfrentar los enormes sobrecostes de la formación post-grado, unido a los recortes en investigación pública y la falta de apoyos institucionales a la integración laboral de quienes han cursado estudios universitarios es una forma –debemos de entender que perfectamente consciente- de provocar en la sociedad una deriva de carácter marcadamente clasista y utilitarista que contraviene el mandato constitucional.

Usted debe de saber que el presupuesto destinado a Educación en el 2011 se redujo un 5% en el conjunto del estado, y el que destina el Ministerio a educación cultura y deporte en el 2012 aún desciende un 21,2% más, después de derivar ingentes y necesarios recursos hacia bancos e instituciones financieras privadas que han esquilmado el patrimonio público y privado de los españoles. Así, el RD ley 20/2012 de 13 de julio, que contempla los recortes antisociales e indignantes a los que “el gobierno al que usted pertenece se ha visto obligado” utiliza como explicación: “La incidencia (de los recortes) la han soportado especialmente aquellos gastos más superfluos o con efectos más débiles sobre los incentivos de los agentes económicos”. Es decir la cultura y los más desprotegidos.

Sin embargo, abundan en los entornos académicos y económicos quienes consideran que no es realmente la crisis económica la razón primera de los recortes, sino que estos son el acompañamiento coyuntural de una política educativa que no confía en el valor de la enseñanza pública.

Por todo ello, se le solicita:

Que respete y haga respetar en todo el Estado Español y en todos sus términos tanto lo recogido en la Constitución Española como en las Sentencias del Tribunal Supremo. Por lo que deberán de ser retiradas las subvenciones y excluir de los conciertos públicos a toda institución privada de enseñanza que, por su carácter marcadamente confesional o cualquier otro motivo, fomente o sea soporte de una discriminación efectiva de los alumnos por razones de sexo, religión, raza, nacimiento, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Que se priorice el derecho universal a la enseñanza pública laica y de calidad, de tal modo que –en caso de que los recortes económicos fuesen realmente necesarios- siempre se detraigan los recursos económicos en primer lugar de aquellas partidas destinadas a la enseñanza concertada antes de que alcancen en grado alguno al sistema público de enseñanza.

Lo que se espera obtener por ser de justicia.

Atentamente.

Gabino Vázquez