Por la privatización total de AENA

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AENA está controlada en un 51% por el Estado, a través de ENAIRE, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento. Debido al control mayoritario del Gobierno, cada decisión de compra debe pasar por el Consejo de Ministros. La imposibilidad de pujar por aeropuertos extranjeros o de presentar una oferta pública de adquisición por Abertis, entre otros ejemplos recientes, son algunas de estas limitaciones políticas que a medio y largo plazo perjudicarán a la empresa. El mayor gestor aeroportuario del mundo por número de pasajeros no puede estar sujeto a un control político de esta naturaleza, que entorpece su crecimiento empresarial e impide su internacionalización.

¿Por qué es esto importante? En primer lugar, estos obstáculos al crecimiento de la empresa provocarán una pérdida de valor de la empresa en el medio y largo plazo, puesto que se verá restringida al mercado nacional. En estos momentos, la privatización del 51% de AENA reportaría a ENAIRE, y por consiguiente al Ministerio de Fomento, unos 13.005 millones de euros. En cambio, si se mantiene el control público se marchitará una empresa magnífica que presta un gran servicio a sus clientes allí donde opera, y acabará siendo malvendida en el futuro, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas, o peor, prestando un peor servicio a los viajeros en una potencia mundial del turismo como es España.

Por otra parte, el capital privado en la gestión aeroportuaria es habitual en los países de nuestro entorno. Otras empresas españolas como Ferrovial o Acciona gestionan aeropuertos en países europeos como Reino Unido o Alemania. Abrir esta gestión a la competencia reporta innumerables ventajas a los usuarios, especialmente en un sector tan sensible a los precios como el de la aviación comercial. Una bajada de tasas y su repercusión en los precios del billete aumenta el tráfico de viajeros, por lo que es preciso que AENA pueda competir en el mercado sin que un Consejo de Ministros decida, con fines ajenos al estrictamente empresarial, subir o bajar las tasas que debe cobrar a las aerolíneas, afectando al negocio principal de la empresa y pudiendo provocar graves consecuencias a los accionistas y a los contribuyentes, mientras siga perteneciendo al Estado. El interés público no justifica que el Estado fije los precios de un sector competitivo y globalizado en un Consejo de Ministros, sino todo lo contrario: debe velar porque los ciudadanos reciban un servicio de calidad a precio de mercado y que la gestión de AENA no responda a una agenda política, partidista y electoralista.

La compañía necesita independencia. Necesita poder competir en un mercado global, y es evidente que por motivos estratégicos, numerosos países no tolerarán que el Gobierno de España esté detrás de la gestión de sus aeropuertos. No puede truncarse su desarrollo y expansión, sino que debe poder diversificarse, abriéndose a nuevos mercados, y estar preparada para cuando remita la coyuntura geopolítica que ha acercado a España a los turistas de otros países mediterráneos recientemente. La expansión de AENA a otros mercados no será posible mientras ENAIRE posea la mayoría de su accionariado.

Esta situación de bloqueo político ha propiciado ya en 2017 la renuncia del Presidente de AENA, José Manuel Vargas, responsable desde su nombramiento en 2012 de reflotar una compañía que venía obteniendo pérdidas de 215 millones de euros en 2011. Tras haber salido a bolsa y haberse convertido en la sexta mayor cotizada del IBEX-35, ha obtenido un beneficio de 1.164 millones de euros en el último ejercicio. Para sustituir al Presidente de AENA el Gobierno ha seleccionado a Jaime García-Legaz, anterior Secretario de Estado de Comercio, cuyo currículum es excelente, pero que no deja de ser un político afín al Gobierno. La privatización de AENA sirve al noble fin de evitar que ésta caiga en manos de la política, que se convierta en un cementerio de elefantes, en moneda de cambio para pagar favores o en un instrumento de ingeniería social o económica. En tanto buque insignia de la economía española, AENA debe estar dirigida por profesionales independientes y cualificados, debidamente remunerados, y debe responder ante sus accionistas de su gestión. Nada de ello puede ocurrir mientras sea una empresa pública.

Además, por respeto a los principios de la libertad de empresa en el marco de la economía de libre mercado, plasmados en el artículo 38 de la Constitución, y en línea con el Derecho de la Unión Europea, contrario a los monopolios estatales y las barreras al comercio, es preciso que el Estado se abstenga de intervenir en la gestión de un sector abierto a la competencia y deje en manos del mercado la gestión de los servicios aeroportuarios.

Pedimos al Presidente, D. Mariano Rajoy; al Ministro de Fomento, D. Íñigo de la Serna; al Ministro de Hacienda, D. Cristóbal Montoro; al Ministro de Economía, D. Luis de Guindos; al Presidente de ENAIRE, D. Julio Gómez-Pomar; al Director General de ENAIRE, D. Ángel Luis Arias Serrano; y a los representantes de la oposición en el Congreso de los Diputados que con su apoyo pueden hacerlo posible, D. Albert Rivera de Ciudadanos, D. Aitor Esteban del PNV, D. Pedro Quevedo de Nueva Canarias y D.ª Ana Oramas de Coalición Canaria:

- Que se apruebe la privatización total de AENA.

- Que no se mantenga esta situación de proteccionismo económico contrario al libre mercado y a nuestra competitividad como país.

- Que se utilicen debidamente los ingresos obtenidos por la venta de AENA en la reducción del déficit y el saneamiento de las cuentas públicas, y no en aumentar el gasto público.

- En definitiva, que se defiendan los intereses de los contribuyentes, de los ciudadanos, del libre mercado, y también de la propia AENA, cuyo éxito será también el de todos como excelente representante de la Marca España.



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