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Por la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo

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El miércoles 28 de enero de 2010, la Procuraduría General de la República (PGR) promovió  una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal, que extendieron el derecho al matrimonio civil a parejas conformadas por personas del mismo sexo, con todas sus consecuencias jurídicas, incluida la adopción de niños y niñas por parejas homosexuales.

Dicha acción constituye una medida tendiente a constreñir la gama de derechos humanos del colectivo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex), propiciando una discriminación normativa en su perjuicio. El argumento invocado por la PGR para justificar este recurso viola los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente el derecho a la igualdad y la no discriminación.

Desde el ámbito gubernamental federal, el recurso de marras se suma a las manifestaciones de homofobia mostradas recientemente por sectores conservadores de la sociedad, que continúan estigmatizando a la comunidad LGBTI como causante de la desintegración familiar, la depravación y el deterioro de las sociedades, mientras acentúan todavía más su vulnerabilidad mediante la exacerbación de conductas discriminatorias y discursos de odio.

Los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género o Principios de Yogyakarta, que constituyen un referente en el tema, señalan que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Así pues, “la orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y humanidad de cada persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso”. En virtud de ello, “toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género”. Establecen que “existen diversas configuraciones de familias” y que ninguna “puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes”. Por ende, los Estados “adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el derecho a formar una familia”.

La PGR ha señalado que las reformas al Código Civil del Distrito Federal “se apartan del fin constitucional de protección a la familia que estableció el Constituyente Permanente en 1974”.

El Derecho no es un conjunto de normas y principios estáticos. Debe recuperar su papel como promotor de cambios sociales e interpelar a un modelo cultural ya rígido e insuficiente en la garantía de los derechos humanos sin discriminación. Esta visión del derecho –como agente de transformación social, y no de aletargamiento social y cultural– debería prevalecer en la deliberación de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la hora de entrar en el análisis de la acción de inconstitucionalidad.

Pero, además, la Corte debe incorporar a su deliberación los estándares internacionales de derechos humanos, así como los avances científicos, sociales y culturales que se han registrado en la última época.

Desde la biología, la medicina, la psicología y el psicoanálisis; la sociología y la antropología, en las que se inscriben los estudios más acabados de género y deconstrucción de los paradigmas machistas y heterodominantes, se han hecho grandes aportaciones al entendimiento de la diversidad cultural, social y sexual de las sociedades contemporáneas, lo mismo que a los nuevos modelos familiares.

El Estado mexicano, en su vertiente más acabada de Estado social de Derecho, nunca ha excluido del modelo de cobertura familiar a los hogares monoparentales. Por ello, una interpretación restrictiva y contraria al principio pro persona, del artículo 4 constitucional, pondría a todos los modelos familiares alternativos en situación de vulnerabilidad. En virtud de lo anterior, la decisión de la Corte debería referir la protección de la ley a todas las familias, incluidas las que están conformadas por parejas del mismo sexo.

Desde la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a partir del interés superior de éstos (un principio recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño), debe considerárseles como verdaderos sujetos de los derechos, con capacidad de decidir, independientemente del modelo familiar que los acoja.

La igualdad y no discriminación constituyen derechos humanos. No son una dádiva o prerrogativa que concede el Estado, sino condición inherente a las personas. Por tanto, son independientes de la orientación sexual. Es responsabilidad del Estado garantizar su respeto, ejercicio y protección conforme a los estándares más elevados en cada materia.

Letter to
Suprema Corte de Justicia de la Nación
El miércoles 28 de enero de 2010, la Procuraduría General de la República (PGR) promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal, que extendieron el derecho al matrimonio civil a parejas conformadas por personas del mismo sexo, con todas sus consecuencias jurídicas, incluida la adopción de niños y niñas por parejas homosexuales.

La acción de inconstitucionalidad de la PGR se fundamenta, básicamente, en dos premisas centrales: por un lado, basar la inconstitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo en un modelo “ideal” de familia, que data de 1974, conformado por un padre, una madre y los hijos. Por cuanto hace a la adopción, sostiene que dicho acto jurídico, si es celebrado por parejas homosexuales, atenta contra los intereses del menor.

Consideramos que los argumentos esgrimidos por la PGR no son convincentes ni razonables, que están basados en prejuicios y falacias y en la idea de que el Estado puede violar los derechos de las minorías con base en la fobia compartida por un grupo de personas que ve como inferiores, enfermas o degeneradas a las personas que integran el colectivo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex).

La reforma al Código Civil del Distrito Federal encuentra su justificación directa y plena en la igualdad en derechos y la no discriminación amparada por nuestra Constitución y los tratados internacionales.

Además, remedia un sistema de apartheid sexual de facto, que hace que algunos ciudadanos sean de primera, al poderse casar y formar una familia de forma libre, y otros no.

De igual modo, se realiza en cumplimiento a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impone a los Estados el deber de adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades contemplados en ese instrumento de carácter regional, y del cual México es parte.

La acción de la PGR se convierte, a su vez, en una tentativa por desconocer el cumplimiento cabal de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano frente a la comunidad internacional en relación con los derechos a la no discriminación, a tener una familia, a la honra y al reconocimiento de la dignidad humana, entre otros.

“Las familias” son producto de la evolución histórica y cultural de las sociedades. Por ello, las transformaciones sociales exigen del Estado el reconocimiento y atención a los fenómenos emergentes. Las políticas públicas deben partir de diagnósticos actualizados, que recojan los hallazgos científicos más recientes sobre la diversidad y complejidad en la que se van construyendo los vínculos familiares, reconociendo las nuevas problemáticas que afectan a las familias.

El Estado mexicano está obligado a velar por el interés superior del niño en los términos del derecho interno e internacional de los derechos humanos, aplicable en México. Ello implica que el Estado tiene la obligación de reconocer, proteger, garantizar y promover los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, sobre los de los adultos. Así pues, el derecho a ser adoptado es un derecho de las niñas, los niños y los adolescentes.

Numerosos estudios demuestran que los menores de edad criados en familias homoparentales no sufren ningún daño y tienen un desarrollo normal. Es un hecho científico que las personas homosexuales no están enfermas, no son anormales, ni sufren de algún trastorno mental. La creencia popular de que los homosexuales son incapaces de formar una familia, son inestables y abusan de los menores de edad, es infundada y está basada en estereotipos y prejuicios irracionales.

Según datos de ONG, existen cerca de medio millón de familias homoparentales en México que sufren del rechazo social e invisibilidad jurídica al no existir disposiciones que les protejan.

Las normas establecidas en el Código  Civil para el D.F., están encaminadas a dar protección a los diversos tipos de familia, pues está proscrito cualquier tipo de discriminación que pretenda ejercerse sobre alguno de esos modelos de familia.

Asimismo, las reformas no sólo no establecen distinciones que discriminen entre personas, sino que están encaminadas, precisamente, a terminar con la exclusión de la figura del matrimonio para personas del mismo sexo y a contribuir con la erradicación de los estereotipos y prejuicios que sufren las personas homosexuales y las familias homoparentales.

En virtud de los argumentos ofrecidos, hacemos un llamado a la SCJN a declarar infundada la acción de inconstitucionalidad 2/2010 presentada por la PGR, por contravenir a la Constitución, así como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos obligatorio en México, y dejar incólumes las reformas al Código Civil del Distrito Federal que reconocen el derecho a contraer matrimonio y a la adopción por parte de parejas homosexuales.

Una Corte de Justicia verdaderamente garantista debe evitar la incorporación de prejuicios en el sistema jurídico mexicano.