Petición cerrada

Por la constitución del Reino de León como autonomía.

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Ahora que previsiblemente se va a revisar nuestra carta magna y el modelo territorial, es el momento de plantear la autonomía del Reino de León con más fuerza que nunca.

Súmate y firma esta petición. 

¡La región Leonesa se muere!, cada vez menos población, la juventud emigra, se impiden procesos de reindustrialización y de reconversión, priorizando otras regiones.

¡ No quedes impasible, es el momento de luchar por un futuro mejor para ti y para tus hijos !.

<<TODO PARECE IMPOSIBLE, HASTA QUE SE HACE>>, Nelson Mandela.

Si miramos al escudo de España nos daremos cuenta de la importancia del reino de León en nuestro país.  El león aparece como símbolo dentro de la unión de los cuatros reinos que formaban la península desde la Edad Media. Los dos únicos "Reinos Históricos" que no se convierten en Comunidad Autónoma Propia y diferenciada son León y Castilla, dos regiones hermanas pero claramente diferentes, con su historia, identidad y derechos.

El propio preámbulo del estatuto de autonomía de Castilla y León dice: "La Comunidad Autónoma de Castilla y León surge de la moderna unión de los territorios históricos que componían y dieron nombre a las antiguas coronas de León y Castilla."

Entre leoneses y castellanos debemos arreglar aquello que los políticos, quien sabe por qué intereses, estropearon.

¡Lo acabaremos logrando, que nadie lo dude!

Será difícil, pero somos muchos, tenemos argumentos y convenceremos.  

Recordar como se creó la comunidad autónoma de Castilla y León sin referéndum y contra el sentir mayoritario de la población leonesa:

En abril de 1980 Martín Villa era Presidente de la Comisión de Autonomías de la UCD, líder del partido en la provincia de León y su nombre sonaba como futuro ministro de Administración Territorial (cuatro meses más tarde se cumplieron los rumores).

Tanto dentro del partido como en las cortes de Madrid, Martín Villa había sido el principal defensor de una política racional para crear nuevas autonomías, estando totalmente en contra de las comunidades autónomas uniprovinciales y en consecuencia, desde su puesto de Presidente provincial del partido presionó a todos los concejales centristas para que votasen a favor de la incorporación.

Desde el punto de vista nacional, a la UCD le interesaba que León estuviese junto a Castilla porque, tal y como estaban saliendo las cosas, con las victorias nacionalistas en País Vasco y Cataluña, era necesario crear una Comunidad fuerte, de centro-derecha, y de carácter español. Y, desde el punto de vista regional, la UCD vio la oportunidad de complacer al PSOE y a otros partidos, como el PC, que defendían la unión de las provincias de la región a Castilla.

Así, tras varias negociaciones, el PSOE y la UCD de León llegaron a un acuerdo para que sus concejales votasen a favor de la integración, y en los últimos 9 días permitidos (entre el 16 de abril y el 25 de abril) la provincia leonesa cumplió los requisitos constitucionales para entrar en Castilla y León.

Una vez superada la encrucijada, con los políticos de la región un pelín más relajados, en julio se renovó otra vez el Consejo General al que se reincorporaron representantes de León y en el que no había segovianos que, recordamos que la provincia de Segovia había comenzado el proceso para convertirse en una Comunidad Autónoma uniprovincial. También se eligió un nuevo presidente para sustituir a Reol Tejada: José Manuel García-Verdugo, del partido con más representantes en el Consejo, la UCD.

Entre las funciones del nuevo Consejo, se incluía la redacción del primer Estatuto de Autonomía de la región. Sin embargo, lo que ocurrió en España en los meses siguientes, incidió profundamente en la escritura de la nueva norma.

Nos encontramos a finales de 1980 – principios de 1981, con una España sumida en la segunda crisis del petróleo, con una gran inflación, paro y fuga de capitales, políticamente descentrada por el proceso autonómico, la violencia de ETA y los GRAPO, el descontento militar y sindical. En este ambiente y bajo la presión de su propio partido, también en crisis, Adolfo Suárez, dimite el 29 de enero de 1981. Leopoldo Calvo Sotelo es el encargado de formar nuevo gobierno, pero en su primera votación no obtiene la confianza del congreso.

En el segundo intento, algo se lo impide:

Aunque ahora recordamos el 23F como un hecho aislado, la influencia del golpe de estado en la política territorial fue tremenda. Tras la “iniciativa” del Teniente Coronel Tejero se escondía el miedo de los militares a una ruptura de España entre tanto lío de Lehendakaris, referéndums regionales, etc.

Los políticos, mientras estaban debajo de sus escaños, captaron el descontento del ejército con el proceso autonómico y se propusieron acabar con él y con sus desmanes, haciendo que con su fallido golpe de estado, los militares de ideas más rancias, en cierta forma, triunfaran. Sólo una semana después de su nombramiento, el nuevo presidente Calvo Sotelo encargó a un abogado cántabro, Eduardo García de Enterría, que dirigiese una comisión de expertos para analizar la situación de los procesos autonómicos y encontrara la forma más sencilla de concluirlos. Las conclusiones de esta comisión se recogieron en el denominado “Informe Enterría”, que recomendaba eliminar la mayor parte de las iniciativas autonómicas uniprovinciales por medio del artículo 144 de la Constitución, que daba poder a las Cortes Generales para sustituir la iniciativa de las Corporaciones Locales a la hora de pedir la integración en una Comunidad Autónoma.

Tanto la UCD, partido en el gobierno, como el PSOE, principal partido de la oposición, estuvieron de acuerdo con el Informe y, en una reunión en La Moncloa entre Calvo Sotelo y Felipe González, el 31 de julio de 1981, lo pusieron en práctica, cerrando el mapa autonómico de España.

Los denominados “Acuerdos Autonómicos” que salieron de la reunión establecieron un mapa de diecisiete autonomías y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y donde Castilla y León se compondría de 9 provincias, incluyendo  León y Segovia y dejando que Logroño y Santander formasen La Rioja y Cantabria, respectivamente.

Desde el punto de vista ejecutivo, los Acuerdos Autonómicos obligaron a las Comunidades Autónomas que no habían terminado su proceso fundacional a seguir el artículo 143. Es decir que, salvo Cataluña y el País Vasco, que habían aprobado sus estatutos en 1979 y Galicia que había ratificado el suyo en 1981, las demás regiones deberían contentarse con un nivel de competencias inferior.

Pese a las reticencias de la UCD, se respetó que Andalucía siguiese la vía del artículo 151, puesto que ya había celebrado su referéndum en 1980. Por supuesto, las regiones con los políticos más tenaces (Navarra, Canarias y Valencia) consiguieron procesos específicos y alcanzaron desde el primer momento la plena autonomía.

Volviendo a la esfera regional, que la UCD y el PSOE pactasen en Madrid, no significaba que en Castilla y León fuesen de la mano. Y de hecho, el 22 de junio de 1981 el texto base del Estatuto de Autonomía se aprobó sin el apoyo del PSOE. Este proyecto, ahora 30 años más tarde, nos parece de política ficción. En él se elegía Tordesillas como la capital de Castilla y León, las Diputaciones Provinciales tenían más poder que las Cortes Regionales y en el sistema electoral las provincias menos pobladas (y menos izquierdosas) tendrían más representación.

Pero la crisis de la UCD impidió la tramitación de este proyecto de Estatuto que hubiese creado una Castilla y León totalmente diferente. En el ámbito nacional los problemas de la UCD pasaban por la dimisión de ministros, las tensiones de las sedes regionales, la mala situación económica y la crisis del aceite de colza que había difundido la corrupción generalizada dentro del partido, mientras que en la UCD de Castilla y León  el proceso autonómico segoviano era otra fuente de tensión. Mientras el Consejo seguía con la negociación del traspaso de competencias, la UCD se rompió.

El 29 de julio de 1982, Adolfo Suárez formó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social. Ante ese panorama, Calvo Sotelo decidió convocar elecciones para el 28 de octubre de 1982. Hay gente que dice que con la victoria del PSOE en dichas elecciones la Transición se pudo dar por acabada. Sin embargo, en nuestra región aún nos quedaba camino que recorrer. La derrota de la UCD fue estrepitosa: perdió 155 escaños y Alianza Popular, el partido político de Manuel Fraga, recogió el voto de centro derecha, convirtiéndose en el principal partido de la oposición. En Castilla y León, el resultado de las elecciones, PSOE: 18 diputados, AP: 13 diputados, UCD: 3 diputados, CDS: 1 diputado, obligó a cambiar el Consejo General, puesto que hasta el propio Presidente García-Verdugo no había conseguido acta de diputado (no obstante, repitió como presidente gracias a un chanchullo negociado con AP).

En la renovación, la UCD conservó la mayoría, dado que los representantes en el Consejo por parte de las diputaciones no cambiaban y todos eran centristas. Sin embargo, perdió la mayoría absoluta, lo que obligó a negociar un Estatuto de consenso.

La irrupción de Alianza Popular, un partido que no había suscrito los Pactos Autonómicos y cuyas declaraciones hasta la fecha eran en contra de la autonomía, propició las últimas tensiones territoriales, quizás motivadas por la proximidad de elecciones locales. En León, donde a pesar de que la UCD no había perdido tantos votos en esa provincia, varios alcaldes (entre ellos el de León capital y Ponferrada) y el gobierno de la Diputación se echaron atrás y comenzaron a pedir la secesión y el comienzo de un proceso autonómico uniprovincial.

El asunto leonés era muy áspero. Las encuestas mostraban que una ligera mayoría de leoneses preferían la opción uniprovincial y Rodolfo Martín-Villa, que había sido el responsable de la integración de León en el proceso autonómico, había dimitido como diputado tras su fracaso en la contención de los miembros secesionistas de su partido.

El día 29 de enero de 1983 se organizó una manifestación bajo el título “León sin Castilla” que tuvo gran éxito.

Inmediatamente después de la concentración, Alianza popular presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de Estatuto en la comisión Constitucional, que propició un intenso debate en la Cámara. Por un lado, se discutió sobre las razones políticas, demográficas y legales que existían para proponer una comunidad autónoma leonesa y, por otro, se deliberó sobre si la legislación permitía a provincia echarse atrás una vez que se había apuntado a un proceso autonómico.

Las conclusiones de este debate hicieron que Alianza Popular se quedase sola en su defensa del leonesismo y, tras sendas votaciones en el Congreso y en el Senado, se decidió rechazar la enmienda a la totalidad de AP y la provincia de León se quedó definitivamente integrada en Castilla y León.



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