Sector salud por la despenalización del aborto ético, terapéutico y eugenésico El Salvador

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Carta de respaldo para la despenalización del aborto ético, terapéutico y eugenésico

Nosotras, las personas trabajadores del sector salud, respaldados con evidencia científica suficiente, expresamos que la criminalización absoluta del aborto no impide la práctica de abortos, por el contrario cada vez se realizan más abortos en condiciones de peligro, que en el mejor de los casos deja graves secuelas psicológicas y físicas en mujeres adultas, adolescentes y niñas, pero también en el peor de los casos los abortos clandestinos son causa de muerte y si sumamos el tema del suicidio de niñas y adolescentes embarazadas, no dudamos en afirmar que nos encontramos ante un problema de salud pública nacional, cuya discusión y pronta resolución es impostergable.

Como primicia para la adecuada solución de esta problemática, la población salvadoreña debe estar informada de manera científica y laica sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Solo en 2016 el Ministerio de Salud (MINSAL) reportó 21 457 embarazos en el grupo de edad de 9 a 19 años, de un total de inscripciones prenatales de 71 438 es decir un 30 % correspondieron a niñas y adolescentes. Estos embarazos en su inmensa mayoría se comenten sin consentimiento y en situaciones de agresión sexual, lo cual constituye per se una violación a los derechos humanos, como lo demuestra el estudio realizado por el MINSAL Maternidad y unión en niñas y adolescentes: Consecuencias y vulneración de sus derechos, donde el 38 % de las niñas entre 10-12 años mencionan expresamente que fueron obligadas a mantener relaciones sexo coitales, proporción cuatro veces superior al del grupo de 15-17 años.

La criminalización absoluta del aborto genera estigmas contra las mujeres (niñas, adolescentes o adultas) y trae como consecuencia otras violaciones de derechos humanos en tres niveles, a saber: el sector salud, judicial y penitenciario, con consecuencias tan graves como condenas de hasta 35 años de cárcel. Estudios (1) realizados evidencian que este impacto no es igualitario entre las distintas clases sociales ya que las condenadas por aborto solo son las que se encuentran en situación de pobreza y en su mayoría sin acceso a educación; lo que permite plantear que dicha política de criminalización absoluta es generadora de inequidades en salud, incompatibles con nuestra Política Nacional de Salud 2015-2019, que en su Estrategia n.o 4 Profundización y ampliación de los ejes estratégicos de la Reforma de Salud, Eje 9 Violencia y salud, mandata al Sistema Nacional de Salud el establecer la implementación de un plan de prevención de la violencia y empoderamiento de la sociedad, considerando las obligaciones emanadas del marco legal vigente.

La prohibición absoluta del aborto, es un hecho de violencia contra el género femenino y contraviene el espíritu de nuestra Constitución, tratados internacionales ratificados por nuestro país y leyes secundarias como la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV) y la Ley de igualdad y equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres (LIE); instrumentos normativos que sustentan jurídica, moral y éticamente que todo acto que genera discriminación o violación a la integridad de las mujeres es violencia.

El deber constitucional y legal de garantizar la salud, implica tener un abordaje integral respecto de la misma, por tal razón no puede atenderse exclusivamente la parte biológica de la usuaria, es necesario abordar la determinación social y garantizar la salud sexual y reproductiva. Éste abordaje va más allá de la reproducción, incorpora el marco ético de los Derechos Humanos y las desigualdades de género, la visión patriarcal exclusiva de una sexualidad heterosexual y reproductiva. Por ello la Política de Salud Sexual y Reproductiva impulsada por el MINSAL tiene como objetivo: Garantizar la salud sexual y reproductiva en las diferentes etapas del curso de vida, a toda la población salvadoreña, que fortalezca sostenidamente el acceso a la promoción, prevención, atención, y rehabilitación de la Salud sexual y reproductiva con base en la Atención Primaria en Salud Integral, con un enfoque de inclusión, género y derechos, en un ambiente sano, seguro, equitativo, con calidad, calidez y responsabilidad.

La ciencia no discute que la mayoría de veces los abortos se dan de manera involuntaria de parte del cuerpo de la mujer, por diversas razones relacionados con la salud de la gestante o del feto, sin embargo y dado la criminalización absoluta existente, el personal profesional de la salud, que atiende a mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros o por emergencias obstétricas, se ven en la disyuntiva de denunciar a la paciente ante la policía para evitar ser involucrados en un eventual proceso judicial, rompiendo así su deber al Secreto profesional que también se tipifica como delito en nuestro país. Lo anterior redunda en un círculo vicioso que en nada ayuda a resolver la problemática, lejos de ello lo agrava ya que las mujeres mayoritariamente adolescentes, ante el temor a que la confidencialidad profesional no se mantenga, dejan de asistir a los servicios de salud.

Por lo anterior brindamos nuestro respaldo científico, ético, moral, jurídico y político a la propuesta de reforma al Código Penal que impulsa la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Lorena Guadalupe Peña Mendoza a la Asamblea Legislativa, misma que permite a niñas, adolescentes y mujeres abusadas sexualmente, en graves condiciones de salud o en peligro de muerte establecer medidas con la debida asistencia media, que les permitan salvaguardar su vida, recuperar su salud y resolver los conflictos ético profesionales del personal de salud.

Finalmente como trabajadores comprometidos con el Derecho a la Salud, hacemos un llamado a la academia, al gremio médico y al resto de profesional en salud, a las organizaciones y colectivos feministas, juristas, al movimiento social en salud y población en general a sumar sus necesarias voces suscribiendo está propuesta en defensa de la vida y salud de las niñas, adolescentes y mujeres salvadoreñas.

 

(1) CENTRO DE DERECHOS REPRODUCTIVOS, Excluidas, perseguidas, encarceladas. El impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador. 2013. NY.



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