Petición cerrada

Libertad para un agricultor de cáñamo inocente condenado injustamente por marihuana

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CONDENADO A TRES AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL POR CULTIVAR Y VENDER CÁÑAMO, UNA PLANTA EXTRAORDINARIA QUE NO ES DROGA  AL JUEZ DON RAFAEL LÓPEZ DE CERVANTES Y A LA POLICIA CIÉNTIFICA DE MÁLAGA   

Juan Zurita Argüelles, cultivador de cáñamo en una finca de las Alpujarras (Granada, España),          uno de los pioneros y quizás el más activo promotor del cultivo del cáñamo en Andalucía, fue detenido en   febrero de 2014 por llevar unos kilos de cáñamo para vender en su vehículo. Ese cáñamo le fue confiscado     más unos 120 kilos que tenía en su cortijo a donde él mismo invitó, voluntariamente, a la policía para que vieran que su actividad era totalmente legal.

          A los cuatro o cinco días la policía entregó a EUROPA PRESS una nota de prensa en la que se decía que había aprehendido126 kilos de marihuana. Los análisis para determinar si lo requisado a Juan era marihuana (ilegal) o cáñamo (legal) los hizo la propia policía un mes después de hacer pública dicha nota de prensa.

        En los análisis se decía que todo era marihuana, independientemente del nivel de THC de las distintas muestras. El argumento fue que sobrepasaba el 0’2% de THC y así lo declaró el perito policial en el juicio. El perito habló de una supuesta “normativa vigente”.

        El juez ha condenad a Juan a tres años y medio de cárcel, basándose, entre otros argumentos, en la declaración del perito en el juicio.

        El problema es que hay diversas normativas nacionales e internacionales que establecen otros criterios, siendo el más común el que considera la marihuana a partir del 1% de THC. Las plantas de Juan tenían, según los propios análisis de la policía, el 0’77%.

        La marihuana que se consume con fines recreativos tiene un nivel mínimo de 7% de THC pero habitualmente tiene mucho más, 10, 15, 20 e incluso 25%

        No sabemos, pues, en qué normativa se basa el perito para decir que es marihuana lo que tiene más del 0’2% de THC.

        Más de 200 ciudadanos le han pedido, primero a la Policía Científica, y posteriormente al propio perito que declaró bajo juramento en el juicio, que hagan pública  esa “normativa vigente” a la que se alude en el juicio. Hasta el momento, cuatro meses después de las primeras peticiones, no ha habido ninguna respuesta.

        Ante la gravedad de estos hechos, pedimos la puesta en libertad inmediata de Juan Zurita Argüelles. A la Policía Científica de Málaga una rectificación de los análisis que elimine de éstos la palabra marihuana. Una petición de aclaración por parte de la Fiscal del caso y del Magistrado responsable del mismo a dicha Policía ante tantas pruebas que demuestran que la sentencia de Juan es totalmente injusta. Pedimos al Tribunal Europeo de Justicia que intervenga de urgencia en el presente caso, reconociendo la presunción de inocencia al ciudadano europeo Juan Zurita Argüelles. Y, por último, a las autoridades europeas en materia agrícola, que establezcan ya una normativa uniforme sobre el cannabis para toda la comunidad europea, de modo que se eviten despropósitos como éste y se favorezca el cultivo de esta increíble planta, el cáñamo, que no tiene ningún efecto narcótico como la marihuana.

        Juan ingresó en la prisión de Albolote (Granada) el 12 de Abril.

 

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    CONDENADO A TRES AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL POR CULTIVAR Y VENDER CÁÑAMO, UNA  

                                       PLANTA EXTRAORDINARIA QUE NO ES DROGA

          AL JUEZ DON RAFAEL LÓPEZ DE CERVANTES Y A LA POLICIA CIÉNTIFICA DE MÁLAGA

        En los últimos años se ha registrado un espectacular crecimiento del cáñamo (cannabis sativa) como un cultivo alternativo y privado, lleno de enormes posibilidades tanto en la agricultura como en la alimentación y la industria, además de sus contrastados beneficios en lo referente a la salud y al medio ambiente. Existe un mercado en expansión, con una red cada vez más extensa de asociaciones y cooperativas, desde donde se ha conseguido no sólo cierta legalización sino el apoyo a este cultivo por subvenciones agrícolas de la Comunidad Europea.

        A pesar de ello existe una dejadez por parte de las instituciones, tanto nacionales como supranacionales, por establecer unas normas que protejan y legislen su cultivo y prevengan que sucedan despropósitos como el que sufre Juan Zurita Argüelles, agricultor del sur de España, concretamente de las Alpujarras (Granada), que ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por cultivar en su finca cannabis sativa.

        Detenido por la Policía cuando transportaba en su vehículo parte de su cosecha, que se dedica a distribuir por tiendas y mercadillos, él mismo invitó a los agentes a comprobar en su finca la inocuidad de su producto. Pero para su sorpresa, los agentes le requisaron más de 100 kilos de cáñamo como posible  marihuana, aparte de retirarle su vehículo de trabajo. Sometido a juicio oral tras aprehenderle en su finca el resto de la cosecha (unos 120 kilos), el análisis pericial de la Policía, que dijo basarse en la “normativa vigente”, definió como marihuana el producto de Juan, por superar en su mayor parte el 0,2% de THC -principio psicoactivo de la marihuana-: más del 90% del producto se encontraba entre el 0,16% y el 0,77% de THC. Rechazada por el Juez la petición de la Defensa de presentar un contraanálisis mediante otra prueba pericial privada, y asumiendo el abstracto criterio de “normativa vigente” propuesto por la Policía, el Juez dictó sentencia condenatoria de 3 años y medio contra Juan Zurita Argüelles.

          Juan Zurita Argüelles, ecologista y activista muy conocido en la región por su incansable actividad y que ha conseguido introducir el cultivo del cáñamo en las Alpujarras, ya había sufrido anteriormente dos situaciones como ésta, si bien tuvo más suerte con los Jueces: en 2014 y 2011 fue absuelto por Juzgados de Málaga y Hellín (Albacete), tras aprehendérsele parte de su cosecha.

        Para entender la gravedad de este caso, tengamos en cuenta estos datos: 

        los límites entre el cáñamo y la marihuana son muy difusos, y las leyes que se refieren a ellos tan dispares que es imposible saber a qué “normativa vigente” se refiere el  perito policial, según la cual, taxativamente, se consideraría marihuana todo el cannabis con THC superior al 0,2%.  

        Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad español, que, en su Plan Nacional sobre Drogas dice que marihuana es lo que tiene más del 1% de THC (www.Plan Nacional Sobre Drogas-ciudadanos-drogas y otras conductas adictivas-cannabis).

        Según el Ministerio del Interior español, Plan Nacional sobre Drogas, a través del documento NIPO: 126-03-037-9, pág. 5: marihuana es lo que tiene más del  4% de THC.

        El Tribunal Supremo, en el Recurso Nº 2453/2010, Resolución Nº 581/2011, define que es marihuana la planta  que tenga más del 0’8% de THC.

        La Unión Europea, si bien subvenciona el cannabis con THC no superior al 0,2%, no establece ninguna normativa respecto a que a partir de ahí sea marihuana.

        Los asesores jurídicos del Ministerio de Sanidad también  se remiten a una Ley de 1.967, y a la Convención Única de la ONU sobre estupefacientes de 1961, textos donde no se establece porcentaje mínimo: con lo que toda planta de cannabis sativa, cualquiera que sea su porcentaje de THC, estaría sujeta al régimen de control de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. El incumplimiento de ese régimen podría ser considerado siempre un delito contra la salud pública, exceptuándose sólo “cuando el cannabis carezca del principio activo estupefaciente", o sea, THC cero. Según esa interpretación, todo cáñamo en principio es droga.

        La marihuana habitual en el mercado oscila entre el 10 y el 20% de THC.

        Hay que añadir que los análisis policiales no tienen en cuenta el porcentaje de CBD, otro cannabinoide característico del cáñamo industrial que anula la potencia psicoactiva del THC, a pesar de que la ONU recomienda comparar los valores de THC y CBD para concluir si es droga. Por ejemplo, Sativex, un medicamento autorizado, tiene un THC del 50% anulado por el mismo porcentaje de CBD.

        De todo esto se deduce que, aproximadamente  el 99% de la cosecha de Juan estaba por debajo del THC marcado por las citadas normativas a que se ajustan el Tribunal Supremo, el Ministerio de Sanidad y el Plan Nacional sobre Drogas.

No parece pues que lo que cultiva Juan Zurita Argüelles sea marihuana. "Es ridículo. Si alguien vende una planta con el 0,8% de THC como marihuana se lo tiran a la cara", explica David Álvarez, de SinSemilla en Málaga. David Rabé, secretario de la Federación de Asociaciones Cannábicas, explica que el porcentaje de THC en la marihuana oscila entre el 12 y el 17%. "Eso es cáñamo industrial, el porcentaje es ínfimo. Nadie lo querría", dice de las plantas de Juan Zurita. Desde la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, dicen que con ese porcentaje "nadie lo consumiría para uso recreativo". "0,8 no coloca ni aunque te fumes 10 kilos", comenta Miguel Arrillaga, cultivador de cáñamo industrial.

        Es fundamental conocer el hecho de que Juan Zurita quiso, antes de ir a su cortijo, llevar a la Policía a una tienda, La Moralea, en Pampaneira, en la que se vende cáñamo cultivado en las Alpujarras con fines medicinales a lo que, a pesar de la insistencia de Juan, el Jefe del grupo policial se negó. Cuando después de haberle requisado su cosecha en el cortijo fueron, por fin, a la tienda y vieron el cáñamo legal, el Jefe exclamó: “Dios mío, no puede ser”, entendiendo en ese momento que había cometido un error gravísimo. Pero el cáñamo de Juan ya estaba en la comisaría de Málaga. A partir de ahí, la Policía no quiere reconocer su error ni rectificar. 

        La policía entrega una nota de prensa a EUROPA PRESS cuatro o cinco días después de retener la cosecha de Juan, diciendo que se han incautado 126 kilos de marihuana en las Alpujarras. EUROPA PRESS lo distribuye a otros medios. Sale en éstos como operación SPOLETO. Pues bien, los análisis para determinar si es marihuana (ilegal) o cáñamo (legal) los efectúa la propia policía un mes más tarde.

        Informados de este este cúmulo de despropósitos, más de 200 ciudadanos se han dirigido por carta, primero a la Policía Científica de Málaga, y posteriormente al propio perito policial que declaró bajo juramento en el juicio, para pedir información sobre esa “normativa vigente”, que no encontramos en ninguna parte, pero de la que habla el perito policial en el juicio a requerimiento de la Fiscal, en la que, según él, viene especificado que marihuana es lo que tiene más del 0’2% de THC. La Policía Científica ha respondido con el silencio a pesar de que la Ley de Transparencia 19/2013 los obliga a responder y advierte en su artículo 20.6 de que incurrirán en infracción grave en caso de no responder en plazo.

        Lo más grave no es sólo ya la incomprensible situación en la que ha sido envuelto Juan por la Justicia, sino el terrible limbo legal que rodea al cultivador legal de cáñamo, y el peligro que se cierne sobre él ante la posibilidad de que un día entre en su casa la Policía, requise su cosecha de cáñamo, y tenga que rezar a los dioses para que el Juez que le toque interprete la ley en sentido favorable y lo absuelva como a un agricultor inocente víctima de un malentendido, o por el contrario, con la Ley en la mano (o más exactamente, con el vacío legal en la mano) lo condene a prisión como a un traficante de droga. 

        Recordemos que en los casos en los que pudiese haber duda, existe el principio judicial básico de IN DUBIO PRO REO, que obliga a los jueces a resolver a favor del acusado.

        En un mundo empeñado en la uniformización y la globalización de todo para bien y para mal, en un control cada vez mayor de nuestras vidas y actividades, donde en cuestión de horas  los gobiernos, cuando se lo proponen, pueden coordinarse para tomar medidas sobre ciertos asuntos,  nos parece preocupante que no proceda a establecerse un mecanismo de control sobre el cultivo y el mercado de un producto de cuyos beneficios para la humanidad aún no se ha dicho todo. ¿Habrá que preguntarse si hay oscuros intereses que se alían contra esos beneficios?

        Ante la gravedad de todo lo expuesto, pedimos la puesta en libertad inmediata de Juan Zurita Argüelles. A la Policía Científica de Málaga una rectificación de los análisis que elimine la palabra marihuana de éstos. Una petición de aclaración por parte de la Fiscal del caso y del  Magistrado responsable del mismo a dicha Policía ante tantas pruebas que demuestran que la sentencia de Juan es totalmente injusta. Pedimos al Tribunal Europeo de Justicia que intervenga de urgencia en el presente caso, reconociéndose la presunción de inocencia al ciudadano europeo Juan Zurita Argüelles. Y, por último, a las autoridades europeas en materia agrícola, que establezcan ya una normativa uniforme para toda la comunidad internacional, de modo que se resuelvan todos estos entuertos y se devuelva el orden y la serenidad a la vida y al trabajo de todos los  agricultores de cáñamo, que sólo luchan por su propio sustento y por un planeta mejor y más limpio y saludable.

        Juan ingresó en la prisión de Albolote  el pasado 12 de abril.



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