Políticas públicas para las mujeres, travestis y trans en situación de prostitución

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A través de la inclusión de la categoría ‘trabajo sexual’ en el Registro Nacional de Trabajadores de La Economía Popular (ReNaTEP), el Ministerio de Desarrollo Social facilita la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual, violando las leyes y convenciones vigentes en nuestro país, de acuerdo al artículo 1° de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Resaltamos y denunciamos el desinterés del Estado y de sus instituciones en reparar y resarcir los derechos de las víctimas de redes de prostitución y trata con fines de explotación sexual, no habiendo aportado alternativas reales para su eliminación, en su carácter de máximo garante de los derechos de todas las mujeres, travestis y trans de la Argentina.

Repudiamos la posición del gobierno argentino de querer abrir una instancia de diálogo con la organización AMMAR, que tiene múltiples referentas imputadas: Teresa Godoy y Claudia Brizuela por el delito de trata de mujeres para la explotación sexual, y María Azucena López Villagra por facilitación de la prostitución.

Por último, exigimos:

- Que el Estado argentino reconozca los derechos de las personas en situación de prostitución y los garantice, no promoviendo la explotación sexual, ergo, violencia de género, sino amparando a las víctimas de dicha violencia, garantizando y resarciendo sus derechos con oportunidades laborales reales.
- Que sancione justamente a los criminales, proxenetas y prostituyentes que vulneran y explotan a terceros, según lo establece la Ley vigente 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
- Que cumpla con la legislación abolicionista que integra la normativa de nuestro país, incluyendo los Tratados Internacionales ratificados por el Estado argentino, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 12.331 que prohíbe los prostíbulos en todo el territorio nacional, y la Ley contra la trata de personas, entre otros.

Porque concebimos que el Estado argentino, siguiendo su legislación abolicionista, tiene la obligación de acompañar y garantizar la lucha por los derechos humanos de las mujeres, travas y trans en situación de prostitución, y de las personas en general, porque no somos el desahogo sexual de nadie, demandamos la perspectiva abolicionista en todas las instancias del gobierno. La erradicación de la prostitución y trata con fines de explotación sexual en nuestro país tiene que ser un compromiso transversal a todos los gobiernos, partidos y personas físicas de la Argentina y el mundo.

Adhieren:

ASAMBLEA FEMINISTA ABOLICIONISTA LA PLATA, CAMPAÑA ABOLICIONISTA NACIONAL ni una mujer mas victima de las redes de prostitución,  Pibas por la Abolición, Madres Víctimas de Trata, Colectiva Feminista Las Azucenas, Híbridas Santa Fé, Radfem Mar del Plata, Furia Trava, Bloque Abolicionista de Córdoba, Sonia Sánchez 17264199, .Silvina Calveya. Presidenta Asociación Civil Red de Alerta de Entre Ríos. Secretaria General CTA Autónoma Paraná. DNI 17517922, Gladis Villalba DNI 16800135 ,  Gloria Llopiz Ortiz presidenta ONG Buenos Vecinos BA, Mariel Rosciano 28077348, Asociación Civil Razonar organización de DDHH con perspectiva de género, Isabel Soria Presidenta fundación Volviendo a casa PJN° 972/15, Radicalizate - feministas radicales de La Rioja, Radar - Feministas radicales de Argentina, RadAr La Plata,Nancy Monzón 13.561.767, FRIA feministas radicales independientes de Argentina, Campaña Argentina por el reconocimiento de los derechos de las Mujeres en base al sexo, MYRTHA SCHALOM  DNI 3866837