Desmantelamiento y cese de operaciones de la Fuerza de tarea conjunta inconstitucional.

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Convencidas de lo importante que es detener la violencia en Paraguay, queremos hacer un llamado a la paz y reafirmar nuestra convicción plena contra toda forma de violencia.

Consideramos de suma urgencia, replantear y repensar la manera en que el Estado está encarando la violencia en el norte del Paraguay con un fracaso trás otro, que nos demuestra la imperiosa necesidad de desmantelar la Fuerza de Tarea Conjunta (raro híbrido policíaco - militar) y destinar su presupuesto a otras acciones, entre ellas, la tan postergada salud y educación del pueblo paraguayo.

La población del Paraguay hoy se encuentra frente a un escenario dramático de crisis debido a múltiples factores. 

Es lamentable el intento fallido de justificar la ejecución de dos menores niñas de apenas 11 años de edad, de nacionalidad argentina, por parte de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), hecho que configura una gravísima violación de los derechos prevalentes del niño y la niña materializada a través de un posible acto de terrorismo de Estado. A este dantesco escenario se sumó el secuestro de Oscar Denis y Adelio Mendoza en oscuras circunstancias aún desconocidas. Aprovechamos este medio para pedir mayores esfuerzos por la recuperación con vida del primer citado, ya que como fuera anunciado en la primera nota de los secuestrados, el Señor Adelio Mendoza a estas horas ya fue liberado gracias a las medidas de mujeres indígenas originarias que ingresaron SIN ARMAS a buscarlo en el monte.

Estos son los temas centrales de los que ahora hablan los grandes medios de comunicación, además de la pésima gestión estatal en la administración de la crisis sanitaria a causa del Covid 19, así como del incremento diario de personas fallecidas, y el colapso de hospitales públicos, sólo subsanado y maquillado a medias por la generosa ayuda comunitaria que llega de diversos rincones del planeta.

 Son sólo la punta de un inmenso iceberg que esconde décadas de exacerbación de las desigualdades sociales y una creciente pérdida de legitimidad del sistema político.

Lo que nos remite a sentir en peligro nuestra lograda y soberana democracia, siendo sin duda alguna el asesinato de las dos niñas, en un confuso operativo policial-fiscal-militar llevado adelante en la región norte del Paraguay, el hecho más atroz que se haya materializado en estos 31 años de democracia. 

La falta de transparencia al momento de comunicar los eventos ocurridos a la opinión pública, las contradicciones en que incurrieron las propias autoridades responsables del operativo, al manifestar en un primer momento que fueron abatidas  dos mujeres adultas “combatientes”, para luego referirse a ellas como dos adolescentes, de cuyos cuerpos  dispusieron en forma casi inmediata en fosas NN, sin dar intervención a familiares perfectamente conocidos y ubicables por los intervinientes, llegando al extremo de incinerar las prendas con las que fueron exhibidas (siendo menores de edad),  destruyendo así evidencia crucial para dilucidar las circunstancias en que ocurrió este lamentable suceso, desencadenó en una movilización popular con demostraciones legítimas y pacíficas de protesta.

Lamentamos que en el marco de dichas protestas, se sumara otro hecho controversial, como lo fuera la “pintata” de la pared del Panteón Nacional de los Héroes, que fue utilizado para dispersar interesadamente la atención de los medios de comunicación y de la sociedad en general. 

Siendo repudiable el acto de afectar un bien patrimonial del Estado,  lo acontecido no debió servir de contrapeso y distractor de la terrible pérdida de vidas humanas- cuyas muertes fueron presentadas como un triunfo para el Estado Paraguayo- que pasó a un segundo plano sepultado por la magnificencia de coronas de flores que amanecieron rodeando el edificio estatal afectado. 

Frente a este nuevo escenario el gobierno decidió tomar medidas: las activistas visibles que incurrieron en el delito de daño al patrimonio público, están siendo perseguidas para su criminalización, mientras que los ejecutores de dos menores de edad, sus cómplices y encubridores,  siguen impunes en sus funciones, sin procedimientos para esclarecer procederes, sin investigaciones serias protocolares y obligatorias, en una clara muestra del doble estándar de la actuación de la justicia: persecución eficaz e implacable para unos e impunidad y silencio protector para otros.  

Lo antedicho nos lleva inevitablemente a la conclusión de que existe encubrimiento, destrucción de pruebas  y ocultamiento de indicios  ante las graves violaciones de los DD.HH.- por tratarse de homicidios dolosos agravados, siendo el autor el propio estado- y una clara obstrucción a la justicia por un lado, versus la visibilización de la criminalización de la protesta, traducida en la persecución penal pública con el fin de desconvocar  y desalentar a la ciudadanía dispuesta a adherirse a cualquier protesta o reacción ante tan deleznable hecho.

Es claro lo que se pretende instalar y lo que se busca ocultar. No seamos ingenuas /os , ni necias /os. SEAMOS SOLIDARIOS CON LA VIDA EN DEMOCRACIA PLENA, CON LOS DDHH y particularmente LOS DERECHOS PREVALENTES  DE LA NIÑA Y EL NIÑO.

Estamos ante un crimen de Lesa Humanidad. La Constitución Nacional de 1992 (hecha en Democracia) es clara en sus artículos que habilita al Congreso de la Nación a sacar a los militares de sus cuarteles solamente en caso de una amenaza exterior grave o de conmoción interior. En este caso la sola presencia en las poblaciones civiles de las FTC, cuyo valor operativo asciende a los 14 millones de dólares anuales, es inconstitucional, porque nuestro  Congreso no ha declarado una guerra civil dentro del territorio paraguayo. 

En las redes sociales abundan hoy día los videos de civiles y grupos fascistas amenazando con cazar a quemarropa, golpear, violar a las mujeres y sus hijos por elevar sus reclamos y peticionar a las autoridades el esclarecimiento de los eventos. Esto se hace a viva voz y con total arbitrariedad. Por otro lado, reina un silencio absoluto con referencia a las dos niñas ejecutadas. La falta de implementación de políticas de protección para las ciudadanas, hace que el Estado paraguayo materialice el incumplimiento de los códigos que abogan por la protección de la vida y las convenciones suscriptas para la prevención de toda forma de violencia hacia la mujer.

Por  todo lo expuesto, EXIGIMOS 

*El desmantelamiento inmediato y el cese de operaciones de la Fuerzas de Tareas Conjuntas. 

*La investigación, sanción y castigo del fiscal Federico Delfino, por su participación activa en los luctuosos hechos relatados, validando un operativo policial-militar altamente ineficiente  en un primer momento, para luego admitir y presentar una autopsia que atribuía falsamente una edad que no correspondía a las niñas para terminar ordenando la destrucción de evidencias, cumpliendo un supuesto Protocolo Covid aplicable  solo a casos de muerte debidos al Virus de referencia.

* La investigación, sanción y castigo del General Héctor Grau, quien funge de Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, y como tal, principal referente militar y en consecuencia, responsable de las tareas de inteligencia, el operativo  en el que fueron abatidas las dos niñas y los hechos posteriores destinados a la destrucción de evidencias.

*La investigación, sanción y castigo del Comisario Nimio Cardozo, Jefe del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional, también por su activa participación en tales hechos.

Cabe mencionar por último, que estos tenebrosos personajes  no representan ninguna protección ni para la infancia ni para las mujeres del Paraguay y reiterar nuestro deseo de destinar el presupuesto de las Fuerzas de Tareas Conjuntas a la Salud, Educación y a otros programas de seguridad  que sí respeten la Constitución Nacional y las leyes nacionales de la República del Paraguay