POR LA DEFENSA DE LOS CIUDADANOS CONTRA UNA INTERCEPTACIÓN ILEGAL DE LAS COMUNICACIONES.

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IDENTIFIQUE AL AUTOR DE LAS ESCUCHAS Y EL ATAQUE INFORMÁTICO

 

(Se abre esta recogida de firmas  en  nombre de PODEMOS ANIMALISTA FUERTEVENTURA, porque dos de sus portavoces, junto con otros vecinos, están afectados por un presunto acoso y/o interceptación de las comunicaciones (entre otras irregularidades ) y ante la imposibilidad de encontrar una institución, en todo el país, que atienda nuestra petición de auxilio, nos dirigimos a la ciudadanía, para que avale nuestra demanda con su firma, y podamos encontrar una solución a la situación que estamos viviendo en la isla de Fuerteventura).

 

Somos varios los vecinos de esta isla, que estamos sufriendo un auténtico acoso, materializado en irregularidades en las comunicaciones, presunta interceptación y monotorización de la actividad informática, (en algún caso se han detectado presuntos delitos al realizar un peritaje de los aparatos informáticos con el gasto de miles de euros que ello conlleva), desaparecen archivos, correos, robo de ordenadores y documentación (relacionados con el mismo juicio), además de actitudes caciquiles tales como intimidación, gente merodeando alrededor de nuestras casas, coches que se cruzan, daños en propiedades, entrada en  domicilios, amenazas, difamación en redes, imposibilidad de encontrar  trabajo, irregularidades con los abogados y/o a la hora de acceder a la justicia…. etc.

 

Según el artículo 18 de la Constitución Española:

1.            Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2.            El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3.            Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4.            La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Inviolable debería ser éste artículo, pero la realidad es que nadie nos garantiza que éste se cumpla. Si tratamos de denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos del Estado o Tribunales de Justicia, nos piden que seamos nosotros los que IDENTIFIQUEMOS AL AUTOR DE LAS ESCUCHAS Y DE LA INTERCEPTACIÓN INFORMÁTICA, es decir la prueba de la carga la tenemos que presentar nosotros. Si pedimos ayuda a instituciones como el Defensor del Pueblo nos responden que la competencia es de las Fuerzas y Cuerpos del Estado y que no procede ninguna actuación en lo referente a nuestras quejas.

 

No hay cauces legales para luchar contra la interceptación de la comunicación y hackeo de cuentas por parte de expertos. Sin orden judicial no conseguiremos jamás pruebas, sin pruebas jamás se abrirá una investigación. Siendo incapaces en la mayor parte de los casos  saber quién o quiénes están detrás de estas agresiones, no hay posibilidad de que personas normales y sencillas  podamos aportar pruebas de cargo para demostrarlo, por lo que vivimos condenados a no poder evitar una vulneración de nuestros derechos fundamentales, tal como establece el artículo 18 de nuestra Constitución.

Ante esta situación nos encontramos ante un vacío legal y totalmente indefensos y a merced de quien o quienes tienen el control de los medios de comunicación. La persona que tiene en sus manos estos medios, tienen información de dónde está su víctima en cada momento, puede activar cámaras y micrófonos ambiente, conocer con quien te relacionas, a quien le pides trabajo, etc… con todo lo que esto conlleva.

La intervención de las comunicaciones supone para la víctima una violación diaria de la que se desconoce la identidad del violador, el número de agresores y el número e identidad de los destinatarios que se hacen con sus correos, sus llamadas de teléfono, su vida, sus emociones, su intimidad… y creemos que es una medida extraordinaria que sólo debería llevarse a cabo por Fuerzas y Cuerpos del estado mediante orden judicial en casos realmente necesarios.

Por todo ello tenemos dos peticiones:

1.            Apertura de una OFICINA ANTICORRUPCIÓN que se haga cargo de los abusos de quien tiene el control de los medios de comunicación y que recoja la denuncia colectiva de varios vecinos de Fuerteventura que, en estos momentos no encuentran cauces legales para hacer valer sus derechos.

2.            Apertura de investigación en torno a las irregularidades informáticas y que se están sufriendo en la isla, totalmente independiente de las personas o instituciones que la están llevando a cabo.

3.            Apertura de investigación sobre las presuntas mafias que puedan estar operando en la isla y de la corrupción tan densa que se respira en la isla de Fuerteventura.

4.            Que se garantice la protección de los denunciantes.



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