#SiFueraPresidente Cambiaría la política de drogas para que sea más efectiva

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Históricamente Colombia ha usado estrategias represivas para enfrentar el fenómeno de las drogas ilícitas y ha criminalizado a cultivadores y usuarios, sin que eso haya logrado reducir de manera sostenible los cultivos ilícitos o eliminar el consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, las políticas de drogas que tradicionalmente se han implementado han tenido consecuencias negativas porque han estimulado el crecimiento de una economía criminal muy poderosa, con capacidad de corromper e intimidar a las autoridades, incluidas aquellas encargadas de controlarla como la policía y el sistema judicial. Además han llevado a un endurecimiento desproporcionado de las leyes y penas para los delitos relacionados con las drogas, lo que ha sobrecargado y hecho aún más ineficiente el sistema de justicia.

La política de drogas requiere un cambio de orientación que ponga el énfasis en los derechos humanos, tanto de quienes usan estas sustancias como de quienes por causa de su pobreza y vulnerabilidad se ven obligados a participar en el negocio. Por eso 10 organizaciones sociales (Dejusticia, Fescol, TNI, Elementa, ATS, OCCDDI, Corporación Humanas, Gpaz/Sisma Mujer, Temblores Ong y CPAT) construimos un documento con recomendaciones de acciones concretas para transformar la política de drogas. El documento completo lo pueden encontrar acá. 

http://www.fes-colombia.org/fileadmin/user_upload/AccionesparaelCambioalaPoliticadeDrogas.pdf

Aquí señalamos 11 recomendaciones que nos parecen claves:

Sobre cultivos y dimensión de producción:

1. Es necesario que la formulación de políticas relacionadas con los cultivos declarados ilícitos tenga enfoque territorial y se haga con la participación activa de cultivadores y cultivadoras, sus familias y comunidades, los gobiernos locales, las organizaciones sociales que trabajan en el tema y demás sectores afectados.

2. Se debe eliminar el uso de la erradicación manual forzada o cualquier método que implique la aspersión (aérea o terrestre) de compuestos que afecten la salud o el medio ambiente.

Posibilidades de los usos lícitos de la coca, marihuana y amapola

3. Resulta importante promover la reglamentación para la investigación científica sobre usos potenciales de las plantas declaradas ilícitas y permitir aprovechar su potencial para usos tradicionales, médicos, nutricionales, científicos, agroindustriales, populares y comerciales, entre otros, asegurando que los beneficios lleguen a las poblaciones involucradas en su cultivo y de modo que puedan generar desarrollo industrial con valor agregado para el país.

Enfoque de género en el desarrollo rural y los procesos de sustitución

4. El Congreso de la República debe dar trámite a las iniciativas de tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores y mujeres involucradas en el tráfico. Asimismo, debe garantizar a las mujeres acceso a tierra de buena fertilidad, titularidad de la propiedad, créditos y autonomía económica y prever formas que redistribuyan esas responsabilidades al interior de las familias, entre la comunidad y entidades estatales proveedoras de bienestar social.

Política de promoción, prevención y atención al uso de SPA, incluyendo reducción de riesgos y daños

5. Se debe respetar, proteger y desarrollar el espíritu de la jurisprudencia que existe con respecto a la dosis personal y la dosis de aprovisionamiento y evitar instrumentalizar políticamente el tema porque, además de profundizar el estigma, ello promueve nuevos escenarios de vulneración de derechos.

6. Es necesario eliminar todas las acciones que puedan llevar a la criminalización de facto del uso de drogas y de las personas que las usan, como ocurre con algunas sanciones administrativas que dan espacio para abusos por parte de la policía entre otros. En ese sentido, se deben diseñar protocolos de acción policial que limiten la discrecionalidad de la policía en su relación con los consumidores.

 7. Se requiere fortalecer las políticas de uso de drogas que se han desarrollado con enfoque de salud pública y derechos humanos. Para ello es fundamental evaluar lo que se ha hecho hasta ahora, dar una financiación suficiente a las políticas de uso de drogas existentes y hacerles los ajustes que se requieran para asegurar que las acciones en todos los campos del abordaje del uso estén basadas en evidencia.

 8. Se debe cerrar la puerta a propuestas que plantean el tratamiento forzado para personas con usos problemáticos, así como eliminar las sanciones que se imponen a los usuarios en los contextos de tratamiento.

 9. El Congreso de la República debe generar mecanismos de seguimiento que aseguren que los servicios públicos y privados que se prestan a personas que usan drogas se rijan por los estándares de respeto a la dignidad humana y que se basen en la evidencia.

 Política de combate al tráfico de drogas

10. Es necesario un cambio de enfoque que, en vez de atacar los cultivos y a las personas que usan drogas, se concentre en las grandes estructuras criminales y sus vínculos con la economía legal, persiguiendo a los grandes traficantes y a sus finanzas.

 11. Los proyectos de renovación urbana deben siempre seguir las normas regulares establecidas para la gestión del suelo y la gestión de riesgo, así como generar la inclusión efectiva de sus habitantes de la zona en lugar de desplazamiento. La política antidrogas nunca debe ser utilizada como estrategia expedita para la recuperación de espacios públicos y expropiación de predios urbanos.



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