No a la injerencia alemana en la justicia española

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


A la atención del Excmo. Sr. Peter Tempel, Embajador de la República Federal de Alemania en España.

 Excelentísimo Señor,

 Los abajofirmantes nos dirigimos a usted mediante esta misiva para hacerle llegar, como ciudadanos españoles, nuestra indignación y disconformidad con las recientes declaraciones de la ministra de justicia de su país, Excelentísima Señora Katarina Barley, en relación al fallo del Tribunal de Schleswig-Holstein sobre la entrega a España, en cumplimiento de la euroorden dictada por el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo de España, del prófugo Carles Puigdemont.

 Las declaraciones de la ministra Barley no se limitan a comentar el fallo del tribunal sino que toman partido, contraviniendo el principio fundamental de la división de poderes. Además, se posicionan a favor del prófugo, acusado en nuestro país de uno de los delitos más graves de nuestro ordenamiento legal: la rebelión. Además, la ministra Barley insinúa en sus declaraciones que nuestro país no es un estado libre, lo que constituye una acusación muy grave para un socio de la Alemania y de la Unión Europea que siempre ha sido leal para con los tratados y normativas de la UE.

 No es objeto de esta carta entrar a valorar las pruebas que los tribunales tengan en contra del Sr. Puigdemont pues esa labor compete únicamente al tribunal de justicia que instruye la causa y que habrá de juzgarle. Sin embargo, sí que recomendaríamos escuchar también a la otra parte, los ciudadanos de Cataluña que sufren los atropellos del nacionalismo catalán, entre los que se incluyen la imposibilidad de estudiar en el sistema escolar catalán en la lengua materna de más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña, que es el español. Esta situación, imaginamos, sería inaudita en Alemania. Sin embargo, es una realidad patente en España.

No obstante, el motivo de esta comunicación son las declaraciones, a juicio nuestro irresponsables, de la ministra Barley. La ministra Barley se ha posicionado a favor de un fallo que cuestiona la integridad de las fronteras y la soberanía española y también de la UE. Las declaraciones de la ministra Barley también ponen en duda el estado de derecho español y nuestro sistema democrático, lo cual es una afrenta grave para nosotros como ciudadanos españoles y europeos.

No queremos plantear nuestra defensa de España desde una óptica nacionalista sino desde la defensa del estado social, de libertades y de convivencia que los españoles nos dimos mediante la Constitución de 1978 y que después ampliamos con nuestra incorporación a la UE en 1986. Somos conscientes y herederos de las grandezas y miserias de nuestra historia. Eso ya no lo podemos cambiar. Sin embargo, sí que consideramos importante luchar por el mantenimiento de lo que alguien denominó, con enorme acierto y clase, la trama de afectos compartidos que hoy constituye, como cualquier otro país, España.

España no ha sido ajena a la oleada populista que la crisis económica de 2008 extendió en Europa. En nuestro caso, el populismo se manifestó en forma de partidos de extrema izquierda antisistema y de partidos separatistas, siendo estos últimos un elemento existente en España previamente que las turbulencias económicas se encargaron de exacerbar en los últimos años. No obstante, el mensaje racista y xenófobo de estos movimientos nacionalistas no difiere del de otros partidos que han surgido recientemente en Europa, Alemania incluida.

El siglo XX supuso una tragedia colectiva para Europa. El proyecto europeo nació como un instrumento para sentar las bases de una Europa de ciudadanos libres e iguales, próspera y en paz. Uno de los principios fundacionales de este proyecto fue y ha de seguir siendo la cristalización de las fronteras definitivas de los estados miembros con el objeto de, en un futuro próximo, derribarlas y avanzar hacia una verdadera integración europea. Las fronteras cambiantes han constituido un quebradero de cabeza constante en la historia de Europa, lo que ha provocado innumerables conflictos armados. España, ya en democracia, se sumó con entusiasmo a este proyecto y la creencia en él se ha mantenido fuerte entre los ciudadanos españoles hasta este momento. Pero ello puede cambiar y las declaraciones de la ministra Barley favorecen ese cambio, que sería a peor para todos sin lugar a dudas.

Objetivamente, los nacionalistas catalanes no pueden tener quejas de la descentralización administrativa realizada por el Estado Español. España es, de facto, un estado federal donde las comunidades autónomas gozan de amplias competencias y autonomía. Sin embargo, el nacionalismo catalán, que ha gobernado ininterrumpidamente desde la creación de la autonomía, se ha comportado tradicionalmente con una deslealtad manifiesta no aplicando, por ejemplo, las sentencias judiciales que reconocen el derecho de los ciudadanos a elegir la lengua de enseñanza de sus hijos en las escuelas. El nacionalismo catalán ha instrumentalizado el sistema educativo para adoctrinar al alumnado en la construcción nacional de una Cataluña que jamás ha existido, manipulando la historia y fomentando el odio a España y a lo español. La lengua catalana, lengua materna de muchos de los abajofirmantes, goza de buena salud. Sin embargo, existe la intención y el esfuerzo indisimulados por desterrar la lengua española en Cataluña. Desgraciadamente, ese objetivo ya se ha alcanzado en la administración regional y local, en la educación, y en los medios de comunicación públicos catalanes. El objetivo aún por cumplir es hacerlo también en el ámbito privado e íntimo. Pero eso resulta harto complicado si tenemos en cuenta que más del 50% de los ciudadanos catalanes afirman tener, según datos del gobierno regional catalán, el español como lengua materna. Es por ello que el nacionalismo catalán emprendió la última etapa de su viaje hace algunos años y empezó a tomar medidas antidemocráticas basadas en la violación constante de los principios legales recogidos en la Constitución Española de 1978 y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Los acontecimientos se aceleraron el año pasado y la situación desembocó en una proclamación de independencia y en la aplicación posterior del artículo 155 por parte del Gobierno español mediante la preceptiva autorización previa del Senado. A pesar de ello, las intenciones nacionalistas permanecen intactas y volverán a intentarlo de nuevo en cuanto les sea posible. Cabe señalar, llegados a este punto, que esta no es una cuestión entre españoles y catalanes sino entre nacionalistas catalanes y el resto de ciudadanos de España, incluidos la mayoría de ciudadanos de Cataluña, pues en las elecciones celebradas el pasado 21 de diciembre de 2017 las candidaturas nacionalistas no alcanzaron ni el 50% de los sufragios, siendo el vencedor de las elecciones, con más de un millón de votos, una formación constitucionalista, Ciudadanos.

A priori, este problema puede parecer que se circunscribe únicamente a España pero nada más lejos de la realidad pues las evidentes pulsiones nacionalistas existentes en otros países miembros de la Unión Europea pueden exacerbarse en función de cómo se resuelva el conflicto creado por el nacionalismo catalán. Por consiguiente, las declaraciones de la ministra Barley redundan negativamente en la situación y dan oxígeno a las aspiraciones antidemocráticas del nacionalismo catalán y, por añadidura, a las de los movimientos nacionalistas regionales existentes en otros países miembros de la Unión Europa. Sabemos que su constitución no permite los partidos separatistas. Sin embargo, créanos, la ley no es un impedimento para los nacionalistas cuando se proponen acabar con un país mediante la división social y el menoscabo de la convivencia entre los ciudadanos. En España conocemos esta circunstancia muy bien.

Por todo lo expuesto anteriormente, los abajofirmantes exigimos, cortés pero encarecidamente, una retractación pública de la Ministra de Justicia de la República Federal de Alemania, Excma. Sra. Katarina Barley, sobre sus declaraciones acerca del fallo del Tribunal de Schleswig-Holstein acerca de la entrega a España del Sr. Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. Porque no está solo en juego el futuro de España sino también de la Unión Europea, incluida la propia Alemania.

 

 Sin otro particular reciba un cordial saludo.



Hoy: Joan cuenta con tu ayuda

Joan Vilaplana Marti necesita tu ayuda con esta petición «Peter Tempel: No a la injerencia alemana en la justicia española». Únete a Joan y 808 personas que ya han firmado.