Que los políticos paguen con su patrimonio los desfalcos al país

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Sufrimos en España un estado insoportable de corrupción, saqueo e indecencias contra el erario público y el interés general de los españoles y españolas  pertrechadas por representantes públicos que se sienten IMPUNES ante sus actos. Y se sienten impunes porque mantenemos en este país un Ordenamiento Jurídico que no les hace responsables civiles de sus actos de dejadez y de dolo. Aparte de la evidente falta de independencia de jueces y fiscales, tampoco la ley favorece que este tipo de criminales paguen por sus delitos gravísimos en contra de la gente. 

La Constitución española del 78 es papel mojado en cuanto a derechos fundamentales se refiere mientras se utiliza espureamente para reprimir a representantes públicos autonómicos, rivales políticos, etc. que no piensan como el Gobierno o para encarcelar la Libertad de Expresión. 

Es por ello que hago esta propuesta de modificación del Código Civil y del Código Penal, así como que se incluya dentro de la Carta Magna.

Esta propuesta tendría que ser supervisada por juristas para adaptarla correctamente a nuestro Ordenamiento Jurídico y nuestros procedimientos legales, pero considero fundamental para que quienes se dediquen a la POLÍTICA lo hagan con verdadero ánimo de SERVICIO y no para SERVIRSE

90 mil millones de € aproximadamente nos cuesta la corrupción al año en este país.

Es de Justicia.

PROPUESTA:

Primera Ley a Modificar en el Código Civil español:

Artículo 1.

a) Todo aquel representante o funcionario público que por ejercicio de sus funciones fuese responsable de una pérdida económica o patrimonial a las arcas públicas nacionales, autonómicas, provinciales o municipales como consecuencia de su demostrada negligencia, mala fe o dolo, independientemente de las responsabilidades penales (Código Penal) que se le apliquen, tendrá que resarcir el daño económico causado a través de su patrimonio particular.

b) Si el daño económico causado fuese por delitos de corrupción o malversación de caudales públicos, tendrá además que abonar los Intereses de demora que genere la resolución, además de las costas del procedimiento. Incluyendo el abono de su defensa a través de su pecunio particular.



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