EL PARTIDO SOCIALISTA Y LOS PUEBLOS INDIGENAS: Camino a una Democracia Plurinacional

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1.  El Partido Socialista y los Pueblos Indígenas

En Latinoamérica, el socialismo nació no sólo de la mano de la necesidad de abordar desde los valores de la igualdad, la democracia y el pluralismo la “cuestión social”, sino también de transformar la situación característica de las Américas en relación a los pueblos indígenas en tanto sujetos políticos sometidos a una dominación cultural, económica y racial originada en la colonización y proseguida en la formación racista y patriarcal de los estados. Mariátegui lo expresó diciendo “La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo, mientras subsista la feudalidad” (El Problema Indio, 1928).

La realidad de las injusticias hacia los pueblos indígenas y originarios de las Américas fue para los socialistas un símbolo de todas las injusticias sociales y políticas que se querían cambiar radicalmente, así como un ejemplo -a través de su resistencia- de las luchas de emancipación para todos los demás actores sociales.  

Esta línea de pensamiento se abrió paso con dificultad en la izquierda chilena, acostumbrada antes y también ahora a reparar en las desigualdades desde una visión materialista o individualista, antes que en las desigualdades entre sujetos colectivos cultural e históricamente constituidos.

En el proyecto político de Salvador Allende, la cuestión indígena fue una parte de su programa, traduciéndose en la primera ley indígena de la República, la Ley 17.729 de 1972. Allende decía que “es una obligación nacional, es un imperativo de nuestra conciencia, no olvidar lo que Chile le debe al pueblo y a la raza araucana, origen y base de lo que somos. Por lo tanto, el Gobierno Popular irá con responsabilidad a encarar esta situación; elevará el nivel material y espiritual del hombre araucano, el mapuche nuestro; legislará en un sentido distinto; les entregará tierras, dignificará su existencia, como una necesidad de su presencia” (Dignificación del Campesino y el Mapuche, 1970). Salvador Allende preparaba un proyecto donde se proponía hacer el primer reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas en nuestra historia. Muchos ya veían un camino hacia las autonomías relativas, en el desarrollo de las ideas del gobierno popular.

Esta historia pudo recomenzar al recuperarse la democracia en 1990, fundándose en el acuerdo de Nueva Imperial de 1989, y plasmándose en un nuevo primer paso en la Ley Indígena N°19.253 de 1993. Sin embargo, este impulso se disolvió en el divorcio entre las políticas del Estado y las organizaciones de los pueblos indígenas, especialmente desde la construcción de la central Ralko y la forma en que el Estado enfrentó los diversos conflictos en torno a las demandas de tierras, las forestales y otros proyectos de inversión.

Los gobiernos de post-dictadura – y no sólo por causa del bloqueo de la derecha - en las cuestiones indígenas, como en tantos otros temas, tomaron sendas oscilantes y francamente equivocadas, desprotegiendo o vulnerando directamente los derechos de los pueblos indígenas. Como parte de ello, el socialismo –pese a los esfuerzos de muchas compañeras y compañeros- ha perdido el horizonte y navegado desorientado por vías que nos han alejado del cauce de las exigencias de la igualdad y justicia en la realidad plurinacional del país.

Sin perjuicio de acontecimientos importantes, como la ratificación del Convenio 169 de la OIT, o las buenas intenciones del Informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato y el Pacto Re-Conocer, el socialismo ha perdido el rumbo en estos asuntos. Debemos hacer una autocrítica, pues muchos socialistas han quebrantado, relativizado, negado o invisibilizado en su discurso y práctica los derechos indígenas, sea alentado políticas que olvidan o minimizan un enfoque de derechos, o bien haciéndose parte por acción u omisión del miedo transversal de las élites a las diferencias etno-culturales del país.

Por ello, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios no se han priorizado como parte de un proyecto político igualitarista del socialismo. Y así es como el Partido Socialista no ha sido visto con claridad como un aliado del movimiento democrático indígena que se ha desarrollado en los últimos años.

El progreso intelectual y basado en la experiencia internacional del movimiento indígena se ha visto limitado también por la falta de alianzas claras con actores políticos. Hasta el día de hoy no existen puentes sólidos de ninguna clase entre el mundo político chileno y el mundo indígena, y los que existían han ido siendo derribados por el distanciamiento creciente entre el Estado y nuestros pueblos.

Para poder crear un puente que brinde espacios reales y así concretar las demandas democráticas de los pueblos indígenas y la lucha por sus derechos, queremos hacer que el socialismo retorne al cauce principal de sus ideas en asuntos indígenas.

Las aguas de este cauce que estaba navegando Salvador Allende en los 70´, ahora nos llevan claramente a defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas, partiendo por el reconocimiento constitucional de su auto-determinación interna, sus autonomías, demás derechos políticos, patrimonio, derechos territoriales, culturales y lingüísticos, tal y como nos indican las Declaraciones de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2007) y la OEA (2016). 

Podemos y debemos hacer que el Partido Socialista retome con toda su fuerza y orgullo sus demandas de justicia con los pueblos indígenas, actualizadas en el horizonte del presente de un Plurinacionalismo democrático.

Creemos que un socialismo democrático posible para el siglo XXI, que retome y revigorice su proyecto igualitarista, no es verosímil en esta república -y en general en suelo de nuestras Américas o AbyaYala- sin recomenzar la navegación por el cauce principal de la exigencia de justicia para nuestras primeras naciones y la construcción de una alianza con sus luchas por los derechos indígenas. 

2.  El Plurinacionalismo Democrático y la Auto-Determinación de los Pueblos Indígenas 

En las resoluciones del XXX Congreso General Ordinario del Partido Socialista “MICHELLE PEÑA HERREROS” (SANTIAGO, 29 a 30 de ENERO de 2016), el Partido acordó:

“I. EL MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL QUE PROMUEVE EL PARTIDO SOCIALISTA…

8. El Partido Socialista promueve un estado plurinacional y multicultural, descentralizado y orgulloso de su patrimonio cultural; en particular debe estimular las culturas de resistencia frente al modelo de dominación cultural.”  

A través de esta resolución el PS se compromete con:

·      La construcción de un Estado Plurinacional y Multicultural.

·      Defensa y Valoración del Patrimonio Cultural

·      Promoción de la Resistencia Cultural

·      Superación del modelo de dominación cultural

El Plurinacionalismo consiste específicamente en la convivencia, dentro de un mismo Estado, de diversas comunidades políticas, diversos pueblos-naciones, en tanto el Multiculturalismo se refiere a la convivencia de diversas identidades culturales. El Multiculturalismo exige el reconocimiento y reforzamiento de una serie de derechos culturales de índole colectiva para los pueblos indígenas que en Chile no están protegidos o cuya protección es muy débil (ley indígena y Convenio 169). Por su parte, el Plurinacionalismo va mucho más allá, pues exige el reconocimiento de derechos colectivos de índole política para los pueblos-naciones indígenas, para así construir relaciones interculturales de respeto recíproco, convirtiéndose en la solución que los países democráticos están implementando para saldar las deudas históricas con las primeras naciones y sus sufrimientos derivados de la colonización junto con hacer posible un futuro compartido de igualdad entre los colectivos que componen la ciudadanía. Esos derechos políticos –con la salvedad de la Consulta Indígena– no existen actualmente en Chile y nuestra meta es su reconocimiento y garantía constitucional y legal. Estos derechos fundamentales, como todos los demás admiten límites en otros derechos, pero en Chile ni siquiera empezamos a caminar en serio por esta senda.

El compromiso del PS con el Plurinacionalismo debe ser una consecuencia del reconocimiento al derecho a la auto-determinación de los Pueblos Indígenas, como está consagrado en el art. 3 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA. La auto-determinación interna es la madre de todos los demás derechos de los pueblos indígenas, incluyendo los derechos políticos a las propias instituciones, de representación especial, consulta indígena, participación y autonomías, al pluralismo jurídico, y se realiza a través de cada uno de ellos.

La demanda más importante de las organizaciones indígenas del país ha sido y es la autonomía territorial como la forma más democrática de establecer relaciones horizontales en el resto de la ciudadanía, en el contexto de un Estado descentralizado. La gran cantidad de indígenas que viven en la ciudad, con los mismos objetivos, están empezando a demandar formas no territoriales de autonomía.

El Partido Socialista se debe a todos ellos y no puede sino descartar cualquier limitación en el reconocimiento o implementación de dichos derechos que surja de ideas nacionalistas, de supuestas supremacías culturales, de intereses económicos sobre los recursos de los pueblos indígenas o simplemente de cualquier pretexto del racismo que aún subsiste en el país. Los socialistas sabemos que lejos de dividir al país, esos derechos hacen posible una democracia más profunda y una sociedad más diversa, fuerte e igualitaria.

El ideal de la igualdad de los socialistas se realiza en nuestro contexto a través del Plurinacionalismo, de una manera que, sin éste último, incluso consagrando fuertes derechos sociales en materia de salud, educación o tantas otras necesidades, la sociedad seguiría manteniendo una desigualdad inaceptable, herencia del colonialismo y el racismo con que el Estado y los grupos más poderosos han tratado a nuestras primeras naciones indígenas hasta el día de hoy. No hay verdadero socialismo sin un Plurinacionalismo democrático.

Frente a las iniciativas de creación de escaños reservados, los socialistas les dan la bienvenida, considerando que existen propuestas desde 1999 en esa dirección, pero creemos que no constituyen por sí solas el paso decisivo que hay que dar para restablecer las relaciones de confianza y colaboración entre el Estado y los Pueblos Indígenas, sino que dicho paso hacia adelante ocurrirá principalmente cuando el Estado comience a implementar, desde una Nueva Constitución hacia abajo, y tal y como se reconoce en el derecho internacional, el derecho a la auto-determinación interna y a la autonomía de nuestros pueblos.

Lejos de ser una excepción, los regímenes autonómicos son una tendencia creciente en el mundo para establecer nuevas relaciones entre el Estado y los Pueblos Indígenas, como lo demuestran los acuerdos de Auto-Gobierno de Canadá, los regímenes de Soberanía Tribal en EE.UU., los territorios especiales indígenas en Colombia, las comarcas de Panamá, las autonomías originario-campesinas en Bolivia, los municipios indígenas en México, dentro de tantos otros ejemplos.

3.     La Igualdad en la Biodiversidad como propuesta de cambio de los Pueblos Indígenas frente al Modelo de Desarrollo 

Los pueblos indígenas creemos que somos parte integrante de la Naturaleza, no sus dueños o usuarios. Es por ello que reclamamos derechos colectivos ancestrales al territorio, para que nos permitan cumplir con nuestro principal deber, cuidar a la tierra, cuidar la diversidad de su vida, su generosidad y energías. Cuando defendemos nuestra cultura y territorios, como guardadores de la tierra, también defendemos a la naturaleza que está constantemente amenazada por la explotación codiciosa que se está haciendo de ella en el país. 

Lo anterior nos impulsa también a reclamar el compromiso del PS con la protección constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas a sus identidades culturales, a su patrimonio cultural tangible e intangible, incluyendo sus derechos educativos, espirituales y lingüísticos, así como la demanda por la co-oficialización de las lenguas indígenas del país.

Los indígenas cuestionamos el modelo de desarrollo que se está llevando adelante y que nos está afectando en expresiones de la sequía, deforestación de especies nativas, reducción de la biodiversidad, pérdida de semillas, olvido de formas tradicionales de agricultura, catástrofes como los incendios, empobrecimiento desigual de la calidad de vida y tantos otros, incluyendo todas las consecuencias del cambio climático. La propiedad y la actividad económica deben regularse para proteger nuestra naturaleza y la diversidad cultural.

Los valores ecológicos de los pueblos indígenas deben alimentar el proyecto socialista de justicia social, en el sentido que es necesario restablecer los equilibrios entre la economía, la sociedad y la naturaleza, para que nosotros, tal como las futuras generaciones y la madre tierra, Pacha Mama o Ñuke Mapu, tengamos iguales derechos a una vida digna. Por ello, las políticas de desarrollo forestal, pesquero, energético, de comercio y producción deben ser reorientadas hacia valores ambientales y respetar los derechos de los pueblos y comunidades.

Para ello, es necesario que los socialistas luchemos para el reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos y comunidades indígenas a las tierras que ocupan o a que han estado tradicionalmente vinculados, a las aguas y recursos naturales. Esto significa cambiar la política de tierras, en el sentido de hacerla más fuerte, transparente, con objetivos claros de corto, mediano y largo plazo. Mecanismos del derecho comparado como los tribunales de títulos nativos o comisiones de demarcación deben estudiarse para brindar una solución consistente a la orientación de la actual política de tierras.

El diagnóstico de la derecha que la política de tierras es la principal responsable del conflicto en el sur es una visión sesgada y falaz, pues oculta que los orígenes del conflicto se hunden en el despojo y el racismo, y no en una política pública determinada.

El PS debe impulsar un cambio radical de mentalidad en el derecho de aguas, alejándose de la visión egoísta y propietarista, respecto del cual los pueblos indígenas no sólo reclaman sus derechos ancestrales a las aguas (actualmente sólo reconocido para los pueblos del Norte de Chile), sino que se antepongan los usos humanos, comunitarios, y, en definitiva, el bien común a los intereses privados que protege el actual Código de Aguas.

Por otra parte, debemos hacernos responsables por la debilidad y decepción con que se ha implementado en Chile el derecho a la consulta indígena que establece el Convenio 169 de la OIT. La consulta indígena se ejecuta de manera dispersa, con estándares dispares y muy débiles, sembrando más bien la desconfianza en lugar de servir de mecanismo de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Creemos que debemos avanzar a un sistema unificado y fortalecido de consulta indígena, que la salve del callejón sin salida en que está situada ahora, preocupándonos especialmente de que se implemente en los proyectos de inversión sin restricciones, de manera que el procedimiento de evaluación ambiental genere mayor legitimidad social a los proyectos en lugar de la conflictividad que los déficits de participación y consulta están generando ahora. También debe imponerse el deber de consulta al Congreso Nacional, las municipalidades y los entes públicos autónomos para cumplir con los términos del art. 6 del Convenio 169. Los avances en la participación en los programas de salud y educación intercultural deberían fortalecerse y hacerse transversales a todos los niveles del Estado.

Constituye un desafío adicional incorporar a los pueblos indígenas a la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, cuando estos las habiten o estén tradicionalmente vinculados a esos territorios como un reflejo de la auto-determinación.

Los socialistas debemos rechazar ese ejemplo de codicia y usurpación que es la biopiratería, y luchar porque los conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual de los pueblos indígenas sean respetados y protegidos.

Así también, un reflejo de los derechos ancestrales de los pueblos a sus territorios es la implementación del art. 8 j) del Convenio de Diversidad Biológica para que exista un consentimiento informado previo y la participación en los beneficios de los proyectos de inversión que afecten a nuestros pueblos. Esto tiene que incluir aquellos proyectos que se refieren a recursos genéticos vinculados a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, dentro de lo cual urge la suscripción y ratificación del Protocolo de Nagoya. Así también, es necesario firmar y ratificar el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad sobre organismos genéticamente modificados, para proteger la integridad de las especies nativas.

Las propuestas anteriores, sólo tendrán sentido dentro de una nueva política de desarrollo integral con identidad para los pueblos indígenas, que sea construida participativamente y considere medidas de fomento productivo eficaces, acceso a servicios sociales, y medidas diferenciadas permanentes y sensibles a las distintas realidades que sean destinadas a las mujeres indígenas, a la infancia y adolescencia indígenas y al mundo indígena urbano, siempre con un enfoque de derechos.  Debemos destacar que debe ser un objetivo del socialismo, la paridad e igualdad de derechos entre las mujeres chilenas y las mujeres indígenas, lo cual también se debe reflejar en las cuotas que se exigen actualmente a los partidos políticos.

Esto requiere reconstruir CONADI como una Agencia de Desarrollo eficaz y orientada por los derechos de los pueblos, así como la construcción de un Ministerio de Pueblos Indígenas que sirva realmente el rol de dirección política superior para coordinar y mejorar el nivel de las políticas públicas para los indígenas y Consejos de Pueblos que tengan un real poder resolutivo –. Así también deben insertarse las cuestiones indígenas de manera adecuada en los Ministerios de la Mujer y de las Culturas. Esto sólo se acreditará si estas agencias estatales existentes o futuras dan un giro profundo a las políticas actuales, en lugar de darles continuidad.

En todo evento, cualquier cambio en las políticas indígenas debe respetar la consulta indígena previa del Convenio 169 de la OIT, bajo los estándares internacionales pertinentes.

4.     Conflictos: Una solución política, de derechos humanos y justicia transicional

Existe una inmensa brecha de desconfianza entre los Pueblos Indígenas y el Estado de Chile. Esta brecha ha abierto un conflicto donde pequeños grupos de indígenas faltos de esperanza y contradiciendo la tradición política del pueblo Mapuche en particular, han realizado actos de violencia política entrando en conflicto con el Estado chileno, el cual ha actuado con medios desproporcionados, calificando erróneamente –desde la perspectiva del derecho internacional y el derecho comparado– esa violencia como terrorismo, añadiendo una represión excesiva, generando formas de violencia institucional con los mapuches y su protesta social, tal y como ha sido constatado en diversas ocasiones por diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos.

El Estado no ha actuado como un tercero imparcial en dicho conflicto y por ello no ha tomado el camino correcto para poder establecer condiciones de convivencia pacífica y diálogo político con las organizaciones indígenas, sino que ha cedido innumerables veces a las presiones de los medios de comunicación e intereses económicos.

Este camino errado, amplificado por la represión desproporcionada, sumado a las persistentes condiciones de marginación de los Mapuches y alimentado cotidianamente por los prejuicios raciales, por el egoísmo sin medida de los grandes poderes económicos y por los miedos y desconfianzas por las decepciones y fracasos de la política indígena, son las verdaderas causas del conflicto de violencia política e institucional del sur, el que ha crecido y sigue creciendo como espiral, victimizando a comunidades, niños indígenas, colonos, iglesias, entre otros.

Hay que reconocer que la fragmentación del movimiento indígena ha favorecido que algunos grupos minoritarios no consideren ilegítimas las medidas violentas, pero el Estado no ha buscado sinceramente un diálogo abierto con los grupos mayoritarios no violentos, que permita hacer inverosímil ese tipo de recursos.

Los socialistas debemos considerar como una prioridad instaurar una solución política a estos conflictos, reconociendo y no ocultando ni minimizando los errores cometidos que han llevado a esta situación.

Una solución política pasa por la construcción en el largo plazo de una institucionalidad legítima para que los indígenas planteen y resuelvan sus demandas dentro de ella, la cual debe partir del reconocimiento de los derechos colectivos fundamentales de los pueblos indígenas para que sean respetados al igual que todos los demás derechos que están en juego.

En el corto plazo, debe reconocerse el derecho a la reparación de todas las víctimas del conflicto, indígenas y no indígenas, sin sesgos ni exclusiones.

Proponemos que se usen mecanismos de justicia transicional para que mediante procedimientos equitativos – como una comisión especial similar a la Comisión Rettig – se revisen durante un período acotado de trabajo, los actos de violencia política e institucional desde el retorno a la democracia, y se propongan medidas para reparar los daños y recomponer el entendimiento de los Pueblos Indígenas con la sociedad y el Estado chilenos. 

Creemos que deben sancionarse judicialmente los delitos graves contra las personas, cualquiera sea la pertenencia de sus víctimas – indígenas y no indígenas-, cuidando todas las garantías procesales que ofrecen los derechos humanos, con la adecuada, calificación, eficacia, equidad y proporcionalidad. Para ello tiene que modificarse la ley antiterrorista para que no sea usada en casos de violencia política que no constituyen terrorismo según los estándares internacionales, así como fortalecer las garantías procesales, penitenciarias, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa para evitar las arbitrariedades.

Sin embargo, creemos que deberían explorarse dentro de las formas de la justicia transicional otras medidas distintas a las judiciales para reparar los delitos de menor gravedad y los daños materiales, dentro de la construcción de un clima de desistimiento de la violencia, prevención, reencuentro y reparación.  

Esto debe ser fortalecido con un diálogo con todas las fuerzas políticas del mundo indígena sin ningún tipo de exclusión. El sistema de los parlamentos que dieron fin a la Guerra de Arauco demuestra que esto es y siempre ha sido posible.

Lejos de proponer en lo inmediato un pacto concreto –los que despiertan suspicacias en el mundo indígenas por las decepciones de intentos pasados-, los socialistas queremos proponer un proceso de paz basado en los derechos humanos y la justicia social, y rechazamos por ello cualquier forma de pacificación unilateral o impuesta, que no hará sino continuar o profundizar el conflicto. En ese sentido manifestamos nuestra disconformidad con los resultados unilaterales y limitados de la reciente Comisión Especial Asesora para la Araucanía.

Si bien, es necesario que el Estado pida perdón a las víctimas indígenas y no indígenas, individualmente, y que pida perdón a los pueblos indígenas colectivamente por sus heridas pasadas y recientes, pero esto sólo tendrá un valor si inaugura el camino a un cambio político real respecto de la situación presente. Los ejemplos de Australia y Canadá son ilustrativos de nuevas formas de entendimiento que parten de peticiones de perdón reales.  

5.     Las tareas del presente: Vicepresidencia Indígena y coyuntura presidencial

El Partido Socialista cuenta desde hace años con una Vicepresidencia Indígena en la Directiva Nacional. Por razones que no queremos calificar, este cargo ahora está vacío y esto es determinante en la falta de presencia que el PS a nivel central mantiene en los temas indígenas, a pesar a la importante labor de compañeros y compañeras en otros niveles. Esta carencia ha dificultado generar una propuesta política indígena del PS, una agenda legislativa, así como hacer presente nuestra opinión sobre las políticas indígenas del gobierno, para corregirlas o mejorarlas.

Al respecto, el XXX Congreso acordó lo siguiente: 

 “III. EL PARTIDO SOCIALISTA PARA LAS TAREAS DEL FUTURO.

4. El Congreso mandata la realización de una Conferencia Nacional Indígena Socialista, que fije la política del Partido en materia de los pueblos originarios. Esta Conferencia debe realizarse antes de la de Organización y debe incorporar, en aquellos lugares donde existan condiciones para hacerlo, a un/a encargado/a de asuntos indígenas.

Junto con esto, se establece modificar el actual sistema de elección del Vicepresidente Indígena, el que deberá́ ser elegido en elección directa, regular y universal (un militante indígena, un voto), en todas las comunas que tengan militantes de pueblos indígenas, en las elecciones generales del Partido.

En forma transitoria, se efectuará la elección en el año 2016, para regularizar la actual orgánica indígena.” 

Este mandato no ha sido puesto en práctica, y los firmantes demandamos una pronta solución que cumpla con la generación democrática y transparente de un Vicepresidente/a indígena para nuestro partido.

Hacemos presente que para la creación de un padrón indígena dentro del PS estamos perdiendo la valiosa oportunidad de haber usado el proceso legal de refichaje para constituirlo.

Además, consideramos que es fundamental que el PS a través de sus instancias programáticas, de formación a todo nivel y del Instituto Igualdad pueda conducir una discusión especial acerca de las propuestas del socialismo en cuanto a los pueblos indígenas.

Debemos ser capaces de incidir en la agenda de la próxima campaña presidencial, estampando nuestro sello como socialistas con nuestro compromiso con el reconocimiento del Plurinacionalismo, la auto-determinación y los demás derechos colectivos para los pueblos indígenas. Debemos ser capaces, en suma, de atrevernos a corregir nuestros errores y olvidos, y a liderar un giro profundo en las políticas de esta República para nuestros pueblos indígenas.

 

Salvador Millaleo Hernández, Miembro Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente

Diva Millapán González, Dirigenta de movimiento por derechos de mujeres mapuche

Emilia Nuyado Ancapichún, Consejera Nacional de CONADI

Marcos Valdés Huecul, Director del Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21

Hortencia Hidalgo Cáceres, dirigenta del Consejo Autónomo Aymara

Arturo Cona Pirul, dirigente mapuche urbano

Nelly Hueichan Ancalef, Presidenta de la Organización Mapuche Trepeiñ Pu Lamgen de Peñalolén

Alfonso De Urresti, Senador 

Maya Fernández, Diputada

Leonardo Soto, Diputado 

Daniela Ciccardini, Diputada de la República

Daniel Melo, Diputado de la República 

 

 



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