Destitución del superdelegado Gabino Morales por violencia política y sexual

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En los días recientes han sido noticia de interés público las conductas de violencia política, hostigamiento, amenazas, abuso sexual y difusión ilícita de imágenes, cometidas por Gabino Morales Mendoza, delegado de programas para el desarrollo en el estado de San Luis Potosí en contra de mujeres militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), conductas que si bien habían permanecido soterradas, fue hace un par de semanas que cobraron relevancia por su gravedad insostenible.

San Luis Potosí tiene una deuda histórica con las mujeres: el abuso de poder, las omisiones para atender, prevenir y sancionar las violencias, el inacceso a la justicia, la revictimización por parte de autoridades, las desapariciones forzadas, los feminicidios que obligaron a decretar la Alerta de Género en seis municipios, son solo algunos ejemplos de la lucha que por lo menos durante una década venimos enfrentando las mujeres que habitamos el territorio potosino. Hemos aprendido a ser una sola voz para señalar las violaciones a nuestros derechos y los atentados a nuestra dignidad, de ahí que nuestra postura es clara: ¡cero tolerancia a la violencia!, ¡cero tolerancia al acoso ejercido desde espacios de poder!

Tan solo unos días después que Gabino Morales Mendoza asumiera el cargo de superdelegado en San Luis Potosí, comenzó la indignación colectiva aparejada a los cada vez más frecuentes testimonios de mujeres a quienes les infligía desde hacía tiempo conductas de hostigamiento, abuso e intimidación, las cuales se recrudecieron a partir de que tuvo la certeza de su nombramiento como delegado de programas para el desarrollo en la entidad. No son secreto las ofertas que ha hecho a mujeres y hombres de Morena para colocarles en puestos de trabajo a cambio de complicidad, silencio y respaldo en las conductas ya señaladas. Si bien, al principio parecían acuerdos intramuros, con el paso del tiempo han traspasado la aparente confidencialidad precisamente porque MORALES MENDOZA tergiversó los acuerdos políticos en acciones lascivas en perjuicio de las militantes.

El pasado 27 de enero la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena sancionó a Gabino Morales con la suspensión para ocupar cargos dentro del partido, tras haber acreditado las pruebas sustantivas de actos de violencia política de género en contra de Martha Lisset García señalados dentro del expediente CNHJ-SLP-737/18, y si bien es cierto que la citada Comisión de Honor y Justicia decretó con tales medidas la conclusión del caso, no menos cierto es que Gabino Morales Mendoza se encuentra en calidad de imputado ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí dentro de las carpetas de investigación CDI/FGE/I/D022776/18 y CDI/FGE/I/D023177/19 por la posible comisión de los delitos de hostigamiento, amenazas, abuso sexual y difusión ilícita de imágenes cometidos en agravios de la misma Martha Lisset García así como de Sarahí Veloz, quienes hoy además están padeciendo doble victimización, acoso y denuestos, alentados por el propio GABINO MORALES MENDOZA desde la posición de poder que continúa ostentando.

Desde el primer día de gobierno el presidente de México ha reivindicado el Estado de Derecho como eje de su administración, y al ser Morena un partido político de hombres y mujeres libres que luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro país con el objetivo de garantizar a las y los habitantes una vida digna, con derechos plenos y sin privilegios, presentamos por esta vía la exigencia del respeto irrestricto a los derechos humanos de las víctimas, que implican la observancia a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de trascender el discurso para ejecutar las acciones que garanticen los derechos de las mujeres de manera contundente, y para ello es fundamental que el primer frente de batalla para la construcción de la igualdad,  la esfera pública, el último escalón en  la toma de decisiones que repercuten en la vida de las mujeres, esté integrado por personas que tengan el férreo compromiso de proteger la vida y la dignidad todas, y eso solo podrá lograrse si GABINO MORALES MENDOZA enfrenta su defensa y representación penal conforme a las reglas del debido proceso, es decir, en igualdad de condiciones respecto de las víctimas y no desde una posición asimétrica en donde es él quien detenta el poder.  

En este sentido, la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011 reconoce entre otras, su transversalidad en el actuar del Estado como titular del orden público mexicano que incluso incluye a particulares, cambiando entonces la manera del actuar del orden tanto público como privado con base en los Derechos Humanos, entendiendo así la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. derivado de lo anterior, el estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cuando ocurran, a la luz de los instrumentos internacionales en la materia desde los estándares más altos.

Finalmente, estimamos necesaria la urgencia del respeto irrestricto de los Derechos Humanos de las Mujeres en el marco del fortalecimiento del Estado de Derecho que tanto énfasis ha hecho este gobierno y que consideramos que la Cuarta Transformación de este país también nos debe alcanzar a nosotras las mujeres desde la tolerancia cero a cualquier forma de violencia en razón de género, más aún desde la congruencia de la materialización de las obligaciones jurídicas como políticas que tiene este gobierno, pues nunca más un Estado sin nosotras.

Por lo antes expuesto y fundado, quienes suscribimos el presente, solicitamos:

Primero.- La separación inmediata de Gabino Morales Mendoza del cargo de delegado de programas para el desarrollo en el estado de San Luis Potosí.

Segundo.- Dictar las medidas cautelares y protocolos necesarios para garantizar la integridad de las víctimas.

Tercero.- Garantizar el cese de las agresiones y el hostigamiento a las víctimas así como a las personas que les brindan acompañamiento y defensa.

Tercero.- A todas las autoridades en la esfera de sus atribuciones, garanticen la protección, erradicación y sanción de todas las formas de violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí.