Compromiso político y social por una mejor República Dominicana

0 personas firmaron. ¡Ayuda a conseguir 5,000!


Con firmar esta petición y compartirla en tus redes, ayudas a difundir estos 20 retos para el 2020 propuestos por organizaciones políticas, sociales y ciudadanas que regenerarían República Dominicana si se asumen a partir de un cambio de gobierno. 

De cara a las elecciones del 2020, un grupo de organizaciones políticas, sociales y ciudadanas han alcanzado consenso sobre los siguientes 20 retos para el 2020, basados en lineamientos fundamentales para una transición democrática que alentarían las bases de un nuevo modelo de desarrollo político, económico y social.

¿Cuáles son estos 20 retos para el 2020? 

1.- Prioridades Políticas e Institucionales

l.1.- Reformas políticas e institucionales para restablecer la democracia y la  separación e independencia de los poderes del Estado, especialmente del Judicial, del Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas, los órganos electorales, la Defensoría del Pueblo y las superintendencias,

1.2.- Declarar la guerra total a la corrupción y la impunidad, con la revisión de las medidas preventivas y de controles internos y sociales, para establecer una seguridad jurídica que favorezca la inversión y el desarrollo, incluyendo una drástica   reducción del clientelismo y del rentismo. Con el compromiso de solicitar a las Naciones Unidas la constitución de una Comisión Internacional contra la impunidad, como se ha hecho en dos países centroamericanos con resultados positivos.

1.3.- Puesta en práctica de inmediato de programas y acciones integrales de prevención  y control de la delincuencia para garantizar la seguridad ciudadana,  lo que incluirá el narcotráfico y todo tipo de violencia contra la mujer, la niñez y la adolescencia, con incorporación de toda la sociedad organizada.

1.4.- Políticas efectivas de control de la inmigración, con cumplimiento de las leyes, comenzando por sancionar y eliminar el tráfico humano a través de la frontera y restringir el trabajo de los inmigrantes a los que se hayan acogido al Programa Nacional de Regularización de Extranjeros, con los ajustes que correspondan en función de las necesidades reales de los sectores productivos, siempre con respeto a los derechos humanos y en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

1.5.- Fortalecer la descentralización y el carácter subsidiario de  los ayuntamientos   con el cumplimiento de la Ley General de Municipios y del DN incluyendo el 10 por ciento de los ingresos nacionales y que estos asuman de manera efectiva sus competencias, haciendo efectivo el presupuesto participativo, con controles para eliminar el clientelismo y la hipertrofia administrativa.

1.6.- Dar seguimiento a la aplicación de las recién aprobadas leyes de Partidos y Agrupaciones Políticas y del Régimen Electoral, apoyando sus aspectos positivos y buscar la modificación de aquellos que vulneren preceptos constitucionales y democráticos procurando una adecuada reglamentación de las mismas. 

1.7.- Promover una reforma político-electoral integral, acorde con los principios constitucionales para garantizar la equidad, la transparencia y el pleno respeto al derecho ciudadano a elegir y ser elegido libremente.

1.8.- Aprobar la Ley de Participación Social para promover la organización de la ciudadanía en todos los sectores.

1.9.- Garantizar la condición de servicio y honorabilidad de la función pública, cumpliendo la ley que la norma, con una reestructuración de la administración de las instituciones públicas, reduciendo su hipertrofia, eliminando organismos inoperantes y fusionando los redundantes.

1.10.- Dar renovado impulso a la protección del medio ambiente en función del desarrollo sostenible, con amplia participación social, aprobar la  ley de reordenamiento territorial y reducir las vulnerabilidades que ponen en riesgo la vida humana, las especies y los recursos naturales, así como garantizar la preservación y la gestión eficiente de los recursos hídricos.

1.11.- Eliminar todo tipo de discriminación, con especial promoción de todos los derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas mayores y con discapacidades.

1.12.- Proclamar el imperio de la ley, dando plena vigencia y seguimiento a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

 

2.- Prioridades Económicas y Sociales

 

2.1.- Concertar los pactos fiscal y eléctrico y la Ley de Responsabilidad Fiscal instituidos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y aplicar el conjunto legislativo de administración financiera del Estado, con estrictos controles sobre el gasto público, incluyendo la Ley de Salarios del Estado, extendiéndola a todas las instituciones estatales, así como la definición de una política racional de financiamiento y promoviendo un sistema tributario que procure la justicia social.

2.2.- Concentrar esfuerzos para superar lo antes posible la precariedad del sistema energético nacional que por más de medio siglo afecta el sistema productivo y la vida social dominicana incentivando firmemente la generación de energía limpia y alternativa.

2.3.- Rescatar la salubridad pública del colapso en que se encuentra, con mayor inversión y metas de corto y largo plazo en orden a garantizar servicios integrales de calidad para toda la población, y realizar las reformas  que demanda el Sistema Nacional de Seguridad Social.

2.4.- Orientar la inversión del 4% del PIB para la educación a mejorar la calidad del sistema, a la educación técnico-profesional y a diversificar la formación de los recursos humanos con énfasis en la promoción y fortalecimiento de la cultura nacional y el desarrollo de las capacidades artísticas y deportivas.

2.5.-Promover un nuevo modelo de crecimiento que potencie a los sectores productivos y auspicie la libre competencia y la productividad con empleos de calidad para lograr la autonomía alimentaria del pueblo dominicano y multiplicar las exportaciones, favoreciendo una relación trabajo-capital que garantice los derechos de cada sector.

2.6.- Afrontar el caos y el elevado costo del transporte urbano e interurbano potenciando su colectivización.

2.7.- Asumir la necesidad de un mejoramiento masivo de las viviendas y construcción de las nuevas unidades de carácter social que demanda el crecimiento poblacional, estimulando la concertación público-privada y con la comunidad.

2.8.- Fortalecer las políticas sociales para eliminar la indigencia y reducir efectivamente la pobreza en que subsiste alrededor del 40 por ciento de la población.

 

Firmando esta petición estamos exigiendo rendición de cuentas de parte de nuestros gobernantes.