Pacto Ciudadano para la implementación del Acuerdo de Paz

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Carta abierta al Estado colombiano (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y autoridades electorales)

Pacto Ciudadano para la implementación del Acuerdo de Paz

Quienes firmamos esta Carta Abierta expresamos nuestro respaldo al Acuerdo de Paz y a la convocatoria de un Pacto Ciudadano para garantizar su implementación oportuna y eficaz en todo el país.

El 24 de noviembre se firmó en el Teatro Colón el Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera con modificaciones que surgieron de los resultados del plebiscito.

Este acuerdo, aprobado por el Congreso de la República, depositado como acuerdo especial del derecho internacional humanitario en Berna (Suiza), ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y apoyado por varias instancias internacionales, fue suscrito por el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP y ambas partes asumieron, desde el momento mismo de la firma, compromisos y obligaciones que deben ser cumplidas.

Las FARC-EP deben dejar las armas, reincorporarse a la vida civil y separar la política de la violencia. El Estado colombiano debe implementar las garantías políticas y de seguridad necesarias para la reincorporación a la vida civil y la participación en el sistema democrático de las FARC-EP, debe igualmente garantizar la realización de la reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos. Tanto el Estado colombiano como las FARC-EP deben revelar las verdades de la guerra, contribuir a la reparación de las víctimas y ofrecer garantías de no repetición.

El Estado tiene la obligación de adecuar las normas legales y constitucionales al espíritu del Acuerdo, darle seguridad jurídica a los excombatientes en transición a la vida civil, proteger sus vidas, crear una institucionalidad para construir paz y, lo más importante, asegurar la realización de derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las poblaciones más vulnerables, especialmente de las comunidades rurales en zonas de la guerra.

Nos acercamos al día D más 180 (1 de junio de 2017) y, según el informe del Observatorio de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, difícilmente se llega a un 12% en la implementación. Si bien hay avances legislativos y mínimos avances institucionales y administrativos, el panorama no es el mejor.

Alrededor de siete mil guerrilleros de las FARC-EP se concentraron en 26 Zonas Veredales y Puntos de Transición y Normalización e iniciaron, no sin dificultades, el proceso de desarme y reincorporación. Esto ocurre a pesar del ambiente de incertidumbre que les genera la precaria infraestructura de los campamentos, la lenta aplicación de la ley de amnistía, los obstáculos para crear un programa de protección de los guerrilleros y la creciente presencia y acciones paramilitares en las zonas campamentarias.

Ahora la Corte Constitucional acaba de declarar inexequibles varios artículos del acto legislativo aprobado por el Congreso con el fin de acelerar el proceso de implementación, y esa decisión pone en peligro la culminación del proceso legislativo que se requiere para el cumplimento del Acuerdo.

Hay un compromiso firmado entre dos partes, con testigos internacionales y una inmensa responsabilidad del Estado, la guerrilla y la sociedad para ponerle fin al conflicto armado. El país no puede permitir que se incumpla la palabra y que no se honre el Acuerdo.

Por eso apoyamos la iniciativa de convocar un Pacto Ciudadano que garantice la implementación del Acuerdo Final y asegure un camino de confianzas para transitar a la terminación del conflicto, con cambios que integren la justicia social, la justicia climática, la democracia profunda y la paz.

Llamamos al Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado, a asegurar la articulación de toda la institucionalidad, en todas las ramas del

poder público (nacionales y locales) para que actúe en forma coherente y armónica en el marco del artículo 22 de la Constitución de 1991 que consagra la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Reclamamos del Congreso la aprobación del paquete legislativo de reformas que aún faltan para avanzar en la implementación en temas tan urgentes como la reforma rural integral, la política antidrogas, la participación política y la Justicia Especial para la paz en estricto acatamiento a los términos del Acuerdo.

Pedimos a la Corte Constitucional y demás tribunales del poder judicial tener en cuenta el espíritu supremo de la paz en sus decisiones y asumir el compromiso de apoyar la transición democrática del enfrentamiento bélico a la superación definitiva del conflicto armado.

Exigimos a toda la institucionalidad, incluidos gobiernos locales, asumir el compromiso de contribuir a la superación del conflicto armado en Colombia.

Clamamos antes la comunidad internacional para que reafirme y fortalezca su apoyo a este Acuerdo y su implementación como el camino para terminar una guerra y empezar a construir paz.

Convocamos a la sociedad colombiana a considerar que es el momento de entrar al siglo XXI, que es necesario aprender a vivir sin la zozobra de la muerte por pensar distinto, que Colombia necesita más democracia en términos políticos, económicos y sociales y no más guerras y odios. También convocamos a la sociedad a respaldar el proceso de paz entre el Gobierno y el ELN y que puede ayudar a superar el actual momento de incertidumbre.

Nosotros nos vamos a movilizar para ejercer el poder constituyente que nos asiste en el marco de la democracia y la ciudadanía para definir un rumbo de vida, democracia y paz para Colombia. Así tengamos que convocar una nueva institucionalidad que piense el país del futuro y deje atrás el pasado de guerra y privilegios que ya es hora de superar.

Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz



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