LLAMADO EN NOMBRE DE LAS VICTIMAS IGNORADAS

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Observando que, Argentina atraviesa por una situación económica critica, momentos de conflictividad social e inseguridad jurídica. Así también ha tomado estado público que la justicia ha sido degradada a extremos impensables, en razón de la presión ejercida sobre los Magistrados por el gobierno de turno, todo ello en un marco de grave corrupción institucional, puesta en evidencia en la actualidad. En este contexto se omite investigar los crímenes cometidos por los miembros de grupos terroristas que actuaron en los años 60/ 70′. Los autores de estos crímenes aún gozan de impunidad y protección institucional. El recuerdo de las victimas extranjeras se oculta bajo un manto de silencio cómplice.
Constatando que esa política de discriminación jurídica, determinó que más de 2800 hombres y mujeres, representantes de distintos estamentos sociales ( ≈ 20 sacerdotes católicos, 110 magistrados, 60 mujeres, abogados, médicos, agentes del Estado), estén ilegalmente privados de libertad, condenados y/o juzgados en flagrante violación de los principios jurídicos universales de derechos humanos, a quienes se les aplica la excepcionalidad como norma, la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, se ignoran los principios de la prescripción penal, y del debido proceso. Todo ello afecta la vigencia del El Estado de Derecho. Este sistema jurídico aplicado en Argentina no es utilizado por ningún país miembros del G20 dónde, se respetan las garantías constitucionales y convencionales suscriptas por esos Estados.
Reconociendo que, actualmente el terrorismo internacional es una amenaza mayor que afecta a todos los países tal como lo demuestran los atentados en diversas ciudades del mundo. Aunque debemos recordar que en la Argentina de los años 60/ 70′ “marca el comienzo de un periodo que se caracterizó por la generalización y gravedad de la acción terrorista evidenciadas, no solo por la pluralidad de bandas que aparecieron en la escena, sino también por el gran número de acciones delictivas que emprendieron e incluso por la espectacularidad de muchas ellas”: Esas organizaciones terroristas son responsables de más de 1500 asesinatos y 25000 hechos delictuosos (Juicio a los comandantes en la Causa 13/84).
Recordando que, entre las víctimas de esos crímenes se cuentan ciudadanos, empresas y representaciones diplomática acreditadas en Argentina. Hay españoles, italianos, alemanes, británicos, americanos, franceses, belgas, suizos, portugueses, ex-yugoslavos, neerlandeses, austriacos, croatas, poloneses… (Wahrilch, Morg Roig, Jercib, Dal Bosco, Sobral, Hab de Koval, Rodriguez Quintana, Gasparoux, Egan, Rotta, Salustro, Do Santos, Franconeri, Capdevielle, Giovanelli, Egan, Swint y otros), empleados, empresarios, industriales, residentes en el país, honestos hombres y mujeres, respetuosos de las instituciones del Estado, que acompañaban el desarrollo de la Nación. Ninguno de ellos es reconocido en Argentina o en sus propios países como víctima de organizaciones terroristas, menos aún por las asociaciones de derechos humanos, sus militantes, parlamentarios, personalidades.
En nombre de esos numerosos ciudadanos extranjeros asesinados por grupos terroristas, que no figuran en el Parque ni en el Museo de la Memoria, olvidados por sus propias Embajadas y más aún, las autoridades extranjeras que visitan nuestro país omiten rendirles homenaje. Y en el de las victimas secuestradas, heridas, amenazadas por esos mismos grupos ilegales (Adgen, Browertkoning, Napoli, Bendandi, Nitry, Wipper, Watsenstein, Hernandez, Sylvester, Squimer, Gockler, Tanasijevic, Perriaux, van der Paune, Grove, Russo, Barca, Barella, Krupp, Callegari, Bricombe, Lockwood, Kurt Gebhardt, Agosti, Heywood, Schmidt, Marinott, Hayes, Boisset, Romeo, Mascardi, Deloubieux y otros), cuya situación está alejada de los intereses de la justicia, del gobierno y los medios en Argentina.
Solicitamos a los representantes de los países miembros del G20 e invitados al Foro Internacional rechazar la proposición del gobierno argentino de visitar el Parque de la Memoria, el Museo de la Memoria, arrojar flores al Rio de la Plata, no otorgar entrevistas a los representantes de las ONG y asociaciones de derechos humanos que defienden únicamente la militancia de la violencia armada de los años 60/70 porque entre ellos también están los responsables de crímenes contra sus ciudadanos. Tal solicitud se funda en el hecho que realizar esas actividades constituirá deshonrar la memoria de las víctimas connacionales.
Hacemos un llamado a los miembros y participantes del G20:

Suspender inmediatamente (Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Canadá…), las subvenciones, contribuciones y ayudas financieras con las ONG, asociaciones y organizaciones de Derechos Humanos de Argentina que reconocen únicamente como victimes los ex miembros de grupos terroristas, hasta que la situación de las victimas extranjeras y los autores de esos crímenes y delitos sean clarificadas.
Suspender inmediatamente con Argentina toda colaboración, proyecto, programa, en curso con las asociaciones, organizaciones de Derechos Humanos, y sus personalidades de referencias.
Prohibir el ingreso y permanencia en los países del G20, a los ex miembros de organizaciones terroristas de la Argentina de los 70′ y a sus defensores, las organizaciones, asociaciones, militantes y referentes de derechos humanos, hasta el total esclarecimiento judicial de los crímenes perpetrados contra las victimas de esos países.
Determinar en los países miembros del G20, la responsabilidad penal de los ex refugiados argentinos, en los crímenes y delitos contra los ciudadanos y empresas de esos países. Ayer miembros de organizaciones terroristas en Argentina, hoy ciudadanos naturalizados europeos, defensores de los derechos humanos.
Proceder al reconocimiento de las víctimas que dejaron las organizaciones terroristas en Argentina en los 70′, por sus respectivos gobiernos, sus embajadas en Argentina y asociaciones de víctimas del terrorismo de los respectivos países.
Crear una comisión ad-hoc integrada por los representantes del G20 para investigar los asesinatos, atentados, amenazas ejercidas por los grupos terroristas en Argentina contra los ciudadanos y empresas extranjeras en los 70′. La justicia y los gobiernos argentinos no pueden determinar sin juzgar responsabilidades de unos e inocencia de otros, dejando las victimas sin protección.
Disponer las medidas tendientes a rechazar toda cooperación judicial, demanda de extradición, por acusaciones jurídicamente inexistentes de delitos de lesa humanidad violatorias de los principios de legalidad, de no retroactividad, prescripción, debido proceso, excepcionalidad, responsabilidad penal colectiva, principio de analogía penal…Buenos Aires, 26 septiembre 2018.
Firmantes: María Elena García, abogada, ddhhyjusticia@gmail.com Presidenta Colectivo personas privadas de libertad y Acceso a la Justicia https://www.facebook.com/ddhhpp.org/
Prisionero en Argentina, https://prisioneroenargentina.com/ email@prisioneroenargentina.com

Noting that, Argentina is going through a critical economic situation, moments of social conflict and legal uncertainty, this has also taken public status that justice has been degraded to unthinkable extremes, because of the pressure exerted on the judges by the government of the day, all in a context of serious institutional corruption, evidenced at present. In this context, it is not necessary to investigate the crimes committed by the members of terrorist groups that acted in the 60s / 70s. The perpetrators of these crimes still enjoy impunity and institutional protection. The memory of foreign victims is hidden under a cloak of complicit silence.
Noting that this policy of legal discrimination, determined that more than 2800 men and women, representatives of different social classes (≈ 20 Catholic priests, 110 magistrates, 60 women, lawyers, doctors, agents of the State), are illegally deprived of their liberty, convicted and / or judged in flagrant violation of the universal legal principles of human rights, to whom exceptionality as a rule, criminal retroactivity, collective criminal responsibility, criminal analogy, the principles of criminal prescription, and due process are ignored. All this affects the validity of the Rule of Law. This legal system applied in Argentina is not used by any member country of the G20 where, the constitutional and conventional guarantees subscribed by those States are respected.
Recognizing that, at present, international terrorism is a major threat that affects all countries, as shown by the attacks in various cities of the world. Although we must remember that in the Argentina of the 60s / 70s “marks the beginning of a period that was characterized by the generalization and seriousness of the terrorist action evidenced, not only by the plurality of bands that appeared on the scene, but also because of the large number of criminal actions they undertook and even because of the spectacular nature of many of them “: These terrorist organizations are responsible for more than 1,500 murders and 25,000 criminal acts (Trial of commanders in Case 13/84).
Recalling that among the victims of these crimes are citizens, companies and accredited diplomatic representations in Argentina. There are Spaniards, Italians, Germans, British, Americans, French, Belgians, Swiss, Portuguese, ex-Yugoslavs, Dutch, Austrians, Croats, Poles … (Wahrilch, Morg Roig, Jercib, Dal Bosco, Sobral, Hab de Koval, Rodriguez Quintana , Gasparoux, Egan, Rotta, Salustro, Do Santos, Franconeri, Capdevielle, Giovanelli, Egan, Swint and others), employees, businessmen, industrialists, residents of the country, honest men and women, respectful of State institutions, who accompanied the development of the Nation. None of them is recognized in Argentina or in their own countries as victims of terrorist organizations, still less by human rights associations, their militants, parliamentarians, personalities.

On behalf of those numerous foreign citizens killed by terrorist groups, who do not appear in the Park or in the Museum of Memory, forgotten by their own Embassies and even more, the foreign authorities who visit our country fail to pay tribute to them. And in that of the victims kidnapped, wounded, threatened by those same illegal groups (Adgen, Browertkoning, Napoli, Bendandi, Nitry, Wipper, Watsenstein, Hernandez, Sylvester, Squimer, Gockler, Tanasijevic, Perriaux, van der Paune, Grove, Russo , Barca, Barella, Krupp, Callegari, Bricombe, Lockwood, Kurt Gebhardt, Agosti, Heywood, Schmidt, Marinott, Hayes, Boisset, Romeo, Mascardi, Deloubieux and others), whose situation is remote from the interests of justice, government and the media in Argentina.
We ask the representatives of the G20 member countries and invited to the International Forum to reject the Program of the Argentine government to visit the Memory Park, the Memory Museum, throw flowers to the Rio de la Plata, not give interviews to the representatives of NGOs and human rights associations that defend only the militancy of armed violence of the 60s / 70s because among them are also responsible for crimes against their citizens. This request is based on the fact that carrying out these activities will dishonor the memory of the fellow national victims.

We call on the members and participants of the G20:
Suspend immediately (European Union, Japan, United States, Canada …), subsidies, contributions and financial aid with the NGOs, associations and Human Rights organizations of Argentina that recognize only as victims the former members of terrorist groups, until the situation of foreign victims and the perpetrators of those crimes and crimes are clarified.
Suspend immediately with Argentina all collaboration, project, program, ongoing with associations, Human Rights organizations, and their personalities of references.
Prohibit the entry and stay in the G20 countries, the former members of terrorist organizations of Argentina of the 70 ‘and their defenders, organizations, associations, militants and human rights referents, until the total judicial clarification of the crimes perpetrated against the victims of those countries.
Determine in the member countries of the G20, the criminal responsibility of the former Argentine refugees, in the crimes and crimes against the citizens and companies of those countries. Yesterday members of terrorist organizations in Argentina, today naturalized European citizens, defenders of human rights.
Proceed to the recognition of the victims that left the terrorist organizations in Argentina in the 70’s, by their respective governments, their embassies in Argentina and associations of victims of terrorism of the respective countries.
Create an ad-hoc commission composed of representatives of the G20 to investigate the murders, attacks, threats exerted by terrorist groups in Argentina against citizens and foreign companies in the 70’s. Justice and the Argentine governments cannot determine without judging responsibilities of some and innocence of others, leaving the victims without protection.
Provide measures to reject any judicial cooperation, extradition request, for legally non-existent accusations of crimes against humanity that violate the principles of legality, non-retroactivity, prescription, due process, exceptionality, collective criminal responsibility, analogy principle criminal … Buenos Aires, September 26, 2018.

Petitioners: María Elena García, lawyer, ddhhyjusticia@gmail.com Collective President DDHHPP https://www.facebook.com/ddhhpp.org/
Prisionero En Argentina https://prisioneroenargentina.com/ email@prisioneroenargentina.com

Observant que, l’Argentine traverse actuellement une situation économique critique, des moments de conflit social et d’insécurité juridique. Également, il est devenu de notoriété publique que la justice a été dégradée jusqu’à des extrémités impensables, en raison de la pression exercée sur les magistrats par le gouvernement du moment, tout cela dans un cadre de grave corruption institutionnelle, mise en évidence récemment. Dans ce contexte, il a été omis d’enquêter sur les crimes commis par les membres de groupes terroristes qui ont agis dans les années 60-70’. Les auteurs de ces crimes jouissent encore d’une impunité et d’une protection institutionnelle. Le souvenir des victimes étrangères se cache sous un manteau de silence complice.
Constatant que, cette politique de discrimination juridique a conclu que plus de 2800 hommes et femmes, représentant différentes catégories socio-professionnelles (≈ 20 aumôniers des armées, 110 magistrats, 60 femmes, avocats, médecins, agents de l’Etat) soient illégalement privés de liberté, condamnés et/ou jugés en flagrante violation des principes juridiques universels des droits de l’homme, à qui s’appliquent l’exceptionnalité comme norme, la rétroactivité pénale, la responsabilité pénale collective, l’analogie pénale, sont ignorés les principes de la prescription pénale et du procès équitable. Tout cela affecte la permanence d’un Etat de droit. Ce système juridique appliqué en Argentine n’est utilisé par aucun pays membre du G20, où se respectent les garanties constitutionnelles et conventionnelles signées par ces Etats.
Reconnaissant que, actuellement le terrorisme international est une menace majeure qui touche à tous les pays comme le démontrent les attentats en diverses villes du monde. Même si nous devons nous rappeler que dans l’Argentine des années 60-70’ « marque le commencement d’une période qui a été caractérisée par la généralisation et la gravité de l’action terroriste, mises en évidence non seulement par la pluralité de bandes qui sont apparues dans la scène, mais aussi par le grand nombre d’actions délictueuses qu’ils ont entreprises et même par l’aspect spectaculaire de plusieurs d’entre elles” : ces organisations terroristes ont été responsables de plus de 1500 assassinats et 25000 faits délictueux (Procès aux commandants dans l’affaire 13/84).
Rappelant que, parmi les victimes de ces crimes se trouvent des citoyens, des entreprises et des représentations diplomatiques accréditées en Argentine. Il y a des espagnols, italiens, allemands, britanniques, américains, français, belges, suisses, português, ex-yougoslaves, néerlandais, autrichiens, croates, polonais…(Wahrilch, Morg Roig, Jercib, Dal Bosco, Sobral, Hab de Koval, Rodriguez Quintana, Gasparoux, Egan, Rotta, Salustro, Do Santos, Franconeri, Capdevielle, Giovanelli, Egan, Swint et d’autres) employés, hommes d’affaires, industriels, résidents du pays, hommes et femmes honnêtes, respectueux des institutions de l’Etat, qui accompagnaient le développement de la Nation. Aucun d’eux n’est reconnu en Argentine ou dans son propre pays comme victime des organisations terroristes, encore moins par les associations de droits de l’homme, ses militants, parlementaires et personnalités.
Au nom de ces nombreux ressortissants étrangers assassinés par des groupes terroristes, qui ne figurent pas ni dans le Parc ni dans le Musée de la Mémoire, oubliés par ses propres Ambassades et plus encore, les autorités étrangères qui visitent notre pays omettent de leur rendre hommage. Et aussi de celui des victimes séquestrées, blessées, menacées par les mêmes groupes illégaux, (Adgen, Browertkoning, Napoli, Bendandi, Nitry, Wipper, Watsenstein, Hernandez, Sylvester, Squimer, Gockler, Tanasijevic, Perriaux, van der Paune, Grove, Russo, Barca, Barella, Krupp, Callegari, Bricombe, Lockwood, Kurt Gebhardt, Agosti, Heywood, Schmidt, Marinott, Hayes, Boisset, Romeo, Mascardi, Deloubieux et d’autres), dont la situation est éloignée des intérêts de la justice, du gouvernement et les médias en Argentine.
Nous sollicitons aux représentants des pays membres du G20 et aux invités du Forum International de rejeter la proposition du gouvernement argentin de visiter le Parc de la Mémoire, le Musée de la Mémoire, de lancer des fleurs au Río de la Plata, de ne pas accorder d’entretiens aux représentants d’ONG et d’associations de droits de l’homme qui défendent uniquement le militantisme de la violence armée des années 60-70’ parce que parmi eux se trouvent les responsables des crimes commis contre leurs compatriotes. Une telle demande s’appuie sur le fait que réaliser ces activités contribuera à déshonorer la mémoire des victimes concitoyennes.
Nous faisons un appel aux membres et participants du G20 :
Suspendre immédiatement (Union Européenne, Japon, Etats-Unis, Canada…) les subventions, contributions et aides financières aux ONG, associations et organisations de droits de l’homme d’Argentine qui reconnaissent uniquement comme victimes les anciens membres de groupes terroristes, jusqu’à ce que la situation des victimes étrangères et des auteurs de ces crimes et délits soit clarifiée.
Suspendre immédiatement avec l’Argentine toute collaboration, projet, programme en cours avec les associations, organisations de droits de l’homme et leurs personnalités de références.
Interdire l’entrée et le séjour dans les pays du G20, aux ex-membres d’organisations terroristes de l’Argentine des années 70 et à ses défenseurs, les organisations, les associations, militants et référents des droits de l’homme, jusqu’au total éclaircissement judiciaire des crimes perpétrés contre les victimes de ces pays.
Déterminer dans les pays membres du G20 la responsabilité pénale des ex-réfugiés argentins dans les crimes et délits contre les ressortissants et les entreprises de ces pays. Hier, ils étaient des membres d’organisations terroristes en Argentine, aujourd’hui des citoyens naturalisés européens, défenseurs des droits de l’homme.
Procéder à la reconnaissance des victimes des organisations terroristes en Argentine dans les années 70, par ses gouvernements respectifs, ses ambassades en Argentine et associations de victimes du terrorisme des pays respectifs.
Créer une commission ad hoc formée par des représentants du G20 pour enquêter sur les assassinats, les attentats, les menaces exercées par les groupes terroristes en Argentine contre les citoyens et les entreprises étrangères dans les années 70. La justice et les gouvernements argentins ne peuvent pas déterminer sans juger des responsabilités des uns et innocence des autres, en laissant les victimes sans protection.
Disposer les mesures destinées à rejeter toute coopération judiciaire, de demande d’extradition, pour des accusations juridiquement inexistantes de crime contre l’humanité attentatoires des principes de légalité, de non rétroactivité, de prescription, de procès équitable, exceptionnalité, responsabilité pénale collective, principe d’analogie pénale … Buenos Aires, 26 septembre 2018.
Signataires : María Elena García, ddhhyjusticia@gmail.com, avocate, présidente Collectif personnes privés de liberté et accès à la justice https://www.facebook.com/ddhhpp.org/
Prisionero en Argentina, https://prisioneroenargentina.com/ , email@prisioneroenargentina.com



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