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Petitioning Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Lic. Raúl Plascencia Villanueva
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Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Lic. Raúl Plascencia Villanueva

Pídele a la CNDH que presente acción de inconstitucionalidad contra la #LeyJavierDuarte

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El pasado martes 20 de Septiembre, el Congreso del Estado de Veracruz-Llave aprobó la propuesta del Lic. Javier Duarte Ochoa, gobernador de esa entidad, sobre la adición de un capítulo al código penal del estado, en donde se establece un delito denominado Perturbación del orden público. En el texto de dicho artículo se indica que se sancionará “A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público” La iniciativa aprobada en Veracruz se deriva de una serie de acontecimientos que ocurrieron durante las últimas semanas, que derivaron en la detención de 2 usuarios de la red social Twitter. Ante la presión recibida para liberar a estas personas, el gobernador propuso como solución al problema el establecimiento del delito ya mencionado Este 21 de Septiembre, a las personas detenidas les fueron retirados los cargos y fueron liberadas. A pesar de ello, no dejaremos de hacer presión, ya que los hechos han puesto en evidencia la intolerancia del gobierno del estado de Veracruz ante las opiniones en contra y la difusión de la lamentable situación que se vive en el estado. El gobierno encabezado por Duarte, en colusión con el Congreso Local, aprobaron esta reforma con el fin de criminalizar las opiniones vertidas en las redes sociales. Por lo anterior, unamos esfuerzos y solicitemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que presente una acción de inconstitucionalidad contra la aprobación de esta Ley.

Letter to
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Lic. Raúl Plascencia Villanueva
El que suscribe la presente, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, solicita:

Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos a su cargo, ejerza la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contemplada por el inciso g, fracción II del artículo 105 constitucional dentro del plazo de 30 días naturales siguientes, contra la publicación del Decreto por el que se adiciona un capítulo III al Título XXII y se adiciona el delito contenido en el artículo 373 “Perturbación del orden público” al Código Penal del Estado de Veracruz aprobado por el Congreso del Estado el martes 20 de septiembre de este año y publicado el mismo día en la Gaceta Oficial del Estado.

Dicho artículo 373 establece:

“A quien por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros: de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida.

Se entiende que si bien existen límites a la libertad de expresión, en una sociedad democrática estos no deben constituirse en obstáculos para el ejercicio de la libertad misma que la vacíen de sentido como sucede en el caso concreto.

Consideró que el artículo 373 adicionado atenta contra la libertad de expresión consagrada en el artículo 6 constitucional, a saber: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público;…” por la siguientes razones:

1. Afirmar algo no implica la voluntad de difundir extensivamente y menos de perturbar el orden. Se puede afirmar al responder a una pregunta, también se puede afirmar algo al repetir lo que alguien más dijo, incluso una afirmación puede darse en un contexto privado.

2. Se exige de la simple afirmación de una idea un requisito obligatorio de veracidad sin el cual, la simple opinión equivoca no intencional sobre un hecho, puede ser penalizada.

3. No precisa los medios por los que se emite la idea, más aún, los abarca todos (“A quien por cualquier medio”). Un “medio” puede ser una conversación persona a persona, una llamada telefónica, un correo electrónico o cualquier comunicación en Internet: hasta una señal con las manos.

4. Al utilizar la palabra “otros” (aparatos) amplía las posibilidades de que “otros” “aparatos” puedan ser mencionados en una simple expresión o en el contexto de una expresión: con esto, podría caerse en el supuesto de perturbación del orden público.

5. La redacción del delito no califica sobre la intencionalidad de la conducta. Con dolo o sin él, la pena se impondría más bien por la magnitud de la perturbación causada e independientemente de la intención de generarla.

6. Cuando se sucedan hechos de violencia se inhibirá el libre intercambio de información valiosa y oportuna para la seguridad de las personas, condición que integra el concepto de orden público como lo ha sostenido la Corte Interamericanade Derechos Humanos en la opinión consultiva OC-5/85:
“… el mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse. En este sentido, también interesa al orden público democrático -tal como está concebido por la Convención Americana- que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información.”

Por lo anterior, sostengo que de conformidad con los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales (artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros), que las restricciones a la libertad de expresión están justificadas en cada caso: solo de manera excepcional, en conductas determinadas y específicas, y no en definiciones amplias y generales como las descritas por el citado artículo 313.

Con redacciones genéricas como las aprobadas por el congreso veracruzano, los supuestos que pueden configurase en el tipo penal son amplísimos. Una gama extensa de conductas pueden ser consideradas como perturbadoras del orden, lesionando con esto gravemente la libertad con la que las personas expresarán sus ideas en lo sucesivo. Adicionalmente, su vaga redacción confiere al juzgador una capacidad subjetiva que se aleja de los principios de certeza y legalidad que caracterizan la imposición de penas.

México transcurre por un momento social difícil. No será con medidas draconianas o restrictivas del libre flujo de la información y de las opiniones, como podremos trascender esta complicada realidad de violencia respetando escrupulosamente nuestros derechos fundamentales.

Atentamente