La Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana está apoderada de un recurso de casación atacando una sentencia dictada en contra de varios imputados. Se trata de un proceso penal que está repleto de irregularidades y que en un escenario en el que se respete el debido proceso, los derechos fundamentales y esas garantías mínimas que establece nuestra Constitución, no es posible que se dictara una sentencia de condena. 

Es alarmante la cantidad de irregularidades que tiene este proceso y que los jueces que hasta el momento han estado apoderados han querido mantener a toda costa.

Hablamos de allanamientos practicados en violación a lo que establece el art. 182 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público transgredió el alcance de la autorización judicial, ocupando objetos que no estaba permitido y realizó diligencias sin contar con autorización de un juez. 

Es una sentencia que está fundada en pruebas obtenidas en violación a la ley y por lo tanto debe declararse su nulidad, otro ejemplo que puedo mencionarles es una prueba que debió aportarse al proceso como pericial y cumplir con los requisitos que establecen los artículos 204 y siguientes del Código Procesal Penal. 

Unamos nuestras voces para corregir esta acción grave de injusticia.

Este caso no es solo una injusticia que afecta sólo a los imputados de ese proceso, es un reflejo de las fallas en nuestro sistema judicial que afectan a cada ciudadano dominicano que pudiera ser sometido penalmente. Cuando se ignoran los derechos de uno, se ponen en riesgo los derechos de todos. Es una llamada de atención sobre la importancia de la justicia y la equidad en nuestra sociedad.

Este caso sienta un precedente peligroso para otros futuros, por lo tanto su revisión y correcta solución, apegado a lo que establecen nuestras leyes, es un paso crucial hacia un sistema más justo y confiable para todos.

La urgencia de actuar nunca ha sido mayor. Cada día que pasa sin una decisión apegada al debido proceso es otro día de injusticia para un país y una sombra sobre la integridad de nuestro sistema judicial. 

Hoy, alzamos nuestra voz para pedir justicia. No mañana, no en un futuro indefinido, sino ahora.

Solicitamos una revisión inmediata y justa por parte de autoridades competentes. Cada firma es un paso hacia la justicia, un grito contra la impunidad, contra actuaciones arbitrarias y negligentes del Ministerio Público.

Tu firma puede ser la diferencia entre la justicia y la continuación de una grave injusticia. ¡Actúa ahora! 

Apoya la causa y defiende los valores de justicia y derechos humanos en nuestra nación.