Con motivo de la tramitación del proyecto de ley LGTBI en Asturias, denunciamos que el consejero y la directora general han rechazado escuchar a profesionales, familias y asociaciones feministas, evitando justificar por qué la defensa de estos derechos implicaría alterar el funcionamiento de los servicios públicos.

Consideramos que los servicios públicos autonómicos no son homofóbicos ni discriminatorios, el proyecto se presenta como un conjunto de instrucciones sancionadoras — 23 infracciones— hacia el personal público, esto se califica como una “ley mordaza”.

Criticamos el carácter maniqueo del debate político, donde solo se considera válida la aprobación del texto, descartando matices. 

Señalamos la descalificación de opiniones críticas y el silencio del grupo socialista.

Reclamamos un debate real y transparente sobre el articulado, denunciamos la falta de información a la sociedad. El proyecto no ha sido remitido a sectores directamente afectados —educación, sanidad, residencias o deporte—, lo que evidencia una ausencia de consulta.

Nuestras propuestas de modificación son:

1. Eliminar artículos que obliguen a los empleados públicos a registrar cambios de sexo, actuando al margen del Registro Civil.

2. Extremar la cautela en menores atendiendo a evidencias científicas.

3. Preservar el juicio clínico y la objeción de conciencia del personal sanitario.

4. Suprimir el régimen sancionador excesivo.

5. Evitar la participación de personas de sexo masculino en competiciones deportivas femeninas.

6. Apoyar a familias de menores trans, sin imponer decisiones.

7. Reconocer la realidad de las personas destransicionadas y proporcionarles el apoyo que necesiten.

Concluimos que el texto es coercitivo y alejado de la realidad social, reclamamos un enfoque participativo. Compartimos la necesidad de combatir la discriminación, rechazamos hacerlo a costa de los derechos de mujeres, menores y profesionales, defendemos vías alternativas de avance social. No existe un conflicto entre feminismo y colectivo LGTBI