Decision Maker Response

Silvia Vazquez’s response

Sep 9, 2021 — Hola a todas las personas que firmaron esta petición. Soy Silvia Vazquez, precandidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidenta del Partido Verde. Además fui directora de Asuntos Ambientales de Cancillería. En noviembre del 2020 renuncié al cargo cuando mi trabajo empezó a ir en contra de mis convicciones. Debido a fuertes discrepancias con el Acuerdo porcino decidí renunciar al cargo de directora de Asuntos Ambientales.

Parece ser que el gobierno y, especialmente Cancillería, olvidó que Argentina ha suscrito a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y al Acuerdo de París, donde se compromete con los objetivos de desarrollo sostenible y con la mitigación y adaptación al cambio climático.

El avance del acuerdo porcino con China definitivamente va en contra de los compromisos que tomó nuestro país. Hay muchísimas cuestiones que se están dejando de lado a la hora de pensar en el acuerdo porcino con China. Los riesgos sanitarios, tanto de humanos como de los animales, los daños ambientales y sociales tienen que ser contemplados.

Desde el Partido Verde estuvimos exigiendo a Cancillería para que la planificación y la ejecución de las actividades productivas sean realizadas con una evaluación ambiental estratégica que mida las tres dimensiones del desarrollo sostenible y ese triple impacto: ambiental, social y económico.

Sostuve en el dictamen referido al Memorándum del acuerdo porcino con China que se “estima necesario previo a la toma de una decisión nacional que se efectúe la elaboración de una EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) que estudie, mida, evite o minimice los impactos ambientales negativos, como son: las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema productivo y del transporte, los impactos en los recursos naturales soberanos, la inadecuada localización territorial, los riesgos sanitarios humanos y animales, el impacto en la biodiversidad y bosque nativos y el cuidado del patrimonio histórico y cultural, etc.” Y que “entiéndase que es necesario cumplir con lo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública y la convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil, para que ejerzan su derecho a opinar en decisiones cuyos efectos se trasladarán a las generaciones futuras garantizando la plena participación democrática. La Cancillería cuenta con el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCADS) a ese efecto.”

Una de las características salientes del texto es la reiteración sobre el carácter reservado del acuerdo. Por eso, consideramos que es muy importante abrir el proceso a la participación ciudadana, haciendo valer la Ley Nacional que garantiza el Acceso a la Información Pública.

Por último, cabe resaltar que Cancillería no es el único organismo capaz de frenar esto. El Ministerio de Ambiente tiene herramientas, desde la Ley General del Ambiente hasta la Ley de Información Pública y de Presupuesto mínimo de cambio climático para poder hacer una intervención sobre esto y exigir la participación que tiene que tener.

Estoy con ustedes en este pedido. Necesitamos información pública, necesitamos que abran canales para la participación ciudadana y exigimos una evaluación de triple impacto (social, ambiental y económica) antes de implementar cualquier política pública.