Muy pronto el Senado de Chile votará la Ley Sence, una de las promesas de campaña de Sebastián Piñera. Desde sus orígenes este proyecto de ley ha sido cuestionado por todos los actores del mundo de la capacitación.

Algunos la critican por que no se consultó a nadie y se hizo entre cuatro paredes (Ver opinión de Asexma). Otros hablan lisa y llanamemente de una ley corrupta hecha para favorecer los intereses de unos pocos gremios empresariales (ver reportaje en El Mostrador).

La ex autoridades del ministerio del Trabajo bajo Bachelet 2, Alejandra Krauss, ministra y Pedro Goic, director nacional de Sence, sostienen que afectará a los trabajadores que menos ganan (7 de cada 10 trabajadores gana menos de 550 mil pesos, Fundación Sol), ya que el copago sólo favorecerá a quienes ganan más, y en ese caso una mayoría significativa de nuestra fuerza laboral no accederá a la capacitación. Entonces, quiénes podrían pagar por la capacitación. Con seguridad el 1,7% de personas que gana sobre 3 millones de pesos, y quizá, con suerte, el 13,3% de los ocupados con ingresos mayores o iguales a $1.000.000. (Ver entrevista en RH Management)

Por su parte, el presidente de la Asociación de Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación, Asotic, Michel Faure, va más lejos y afirma que el gobierno de Sebastián Piñera quiere meterle la mano al bolsillo a los trabajadores para financiar una agenda social prometida en campaña. ¿Qué significa? El pozo que dispone el Estado para la franquicia Sence es de 140 mil millones de pesos, y en lógica de buen especulador bursátil de nuestro presidente, ahí hay una oportunidad de apropiación (ver Crónica de la economía chilena, de Carlos Tromben).

Asimismo, Carlos Linares, presidente de la Asociación de Organismos Técnicos de Capacitación de Chile, AGMO, denuncia la letra chica de la ley de modernización de franquicia tributaria y habla de cesantía para el sector.

Por lo último, la mesa de Unidad Social, que representa a cientos de sindicatos y movimientos sociales, rechazan tajantemente este proyecto que lo consideran regresivo. Denuncian que el copago provocará una disminución masiva de capacitación en más de 600 mil trabajadores menos calificados.

¿A quiénes beneficia entonces este proyecto? ¿Quién gana en la pasada?

¡No han entendido nada!

Exigimos que los parlamentarios escuchen a los actores vinculados al sistema y NO aprueben una ley mala para Chile.

Desde el estallido social tenemos la oportunidad de pensar un nuevo país, y el sistema de capacitación es fundamental para enfrentar la revolución industrial 4.0 y la automatización del trabajo. Por ello, es clave organizar una mesa amplia que considere a trabajadores, sindicatos, movimientos sociales, gerentes RH, expertos, gremios empresariales, CUT, Otec, Otic, académicos, entre otros. ¡No podemos dejar afuera el Chile que despertó!

Por este motivo, un presidente con un 6% de apoyo, un parlamento con el 3% y partidos con el 2%, NO pueden aprobar un proyecto que impactará la vida a millones y permitirá la refundación de la industria de la capacitación a manos de unos pocos, los más ricos.

Inacap ya fue regalado a los empresarios, Confederación de la Producción y Comercio, CPC, por Pinochet vía decreto en enero de 1989. ¿Los senadores favorecerán nuevamente a unos pocos con la capacitación?

Señores y señoras parlamentarios póngase del lado correcto de la historia y RECHACEN la Ley Sence.