Carta Ciudadana Contra el Cierre de la Oficina de Protección de Derechos “Punta Arenas”.

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La ciudadanía organizada de Punta Arenas viene a oponerse a lo que hasta ahora es una decisión tomada, pero que puede ser revertida si actuamos a tiempo: El Cierre de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) “Punta Arenas”, dependiente de la Il. Municipalidad de la ciudad. Es menester recordar que, la perdida de esta OPD significa dejar sin atención a 3100 niños, niñas y adolescentes que han atravesado alguna vulneración a sus derechos y sus familias, reduciéndose inevitablemente la capacidad de respuesta de nuestro sistema a las necesidades de la ciudadanía, quedando más vulnerables.

La OPD Punta Arenas funciona en nuestra ciudad desde el año 2001, constituyendo un dispositivo de protección para la infancia y adolescencia, a cargo de trabajo de diagnóstico, derivación, intervención familiar y promoción de derechos. Es gracias a la existencia de programas como la OPD Punta Arenas que muchas familias no deben pasar por un innecesario proceso judicial para recibir apoyo en el cuidado de sus hijos e hijas, e incluso se puede indicar a la OPD Punta Arenas como sede central de la Red de Amigos por el Buen Trato en la Infancia, agrupación que desde hace 8 años busca difundir una cultura del buen trato en la ciudadanía. Todo esto se perderá una vez que la OPD Punta Arenas deje de funcionar, después de permanecer abierta 17 años.

Pero, si cerrar la OPD Punta Arenas es algo tan perjudicial para la ciudadanía, si son tantas las funciones que se pierden, y las personas que quedan en una posición más vulnerable ¿Por qué alguien habría de tomar esta decisión? Pues, como cada vez que los adultos pierden la perspectiva de lo importante, los motivos son netamente administrativos, y se refieren a las dificultades de este tipo que trae consigo el aceptar seguir ejecutando la OPD Punta Arenas, correspondiendo esta decisión a la primera autoridad de nuestra Il. Municipalidad, el Alcalde Claudio Radonich.

No queremos aquí cuestionar que ejecutar una OPD trae consigo procesos administrativos y condiciones labores propias de la oferta programática a nivel nacional y que pueden ser de difícil gestionar, no dudamos que nuestro alcalde está capacitado en la administración pública, pero queremos ser claros: Rechazamos enérgicamente las decisiones que ponen los problemas de los adultos por sobre las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Pues es usted, Alcalde Radonich, quien está llamado a dar una solución a los problemas que tiene nuestra municipalidad, y debilitar la oferta de protección no puede ser una alternativa.

Es inevitable que en este momento, en que nos enfrentamos a una nueva pérdida para la infancia y adolescencia, resuenen en nuestras cabezas los recuerdos de un año en que esta edad parece ser la más afectada. ¿Podemos acaso olvidar como el conflicto con los profesores mantuvo a niños, niñas y adolescentes privados de una adecuada experiencia educativa durante meses? Hoy nos preguntamos con más fuerza que ayer ¿Qué pasó con el gobierno de #LosNiñosPrimero? ¿Dónde están los que nos prometieron que lo primordial sería la protección de infancia y adolescencia? Es claro que con decisiones como ésta, no se está cumpliendo con esta promesa, que debería ser principio rector para toda sociedad humana, no estamos poniendo a los niños y las niñas primero.

Por otro lado, cabe señalar que nuestro Estado ha sido altamente cuestionado a nivel internacional, precisamente entre otros aspectos por la falta de programas de atención a infancia. Es así como, la Convención sobre Derechos del Niño -la cual ostenta rango constitucional en nuestro país-  se traduce en una serie de obligaciones destinadas a reconocer y promover el desarrollo pleno e integral de todo niño, niña y adolescente, en el marco internacional de los DD.HH.  No se debe olvidar que dicho instrumento internacional ha tenido como objetivo primordial imponer la obligación de los Estados Parte a la creación de una estructura de orden administrativa legal que permita la efectivización de los derechos contenidos en las normas internacionales en materia de Derechos Humanos. A continuación, mostramos algunos de los artículos que se contravienen con la decisión de no dar continuidad a la OPD Punta Arenas:

El Art. 3.2 de la Convención ordena a todos los Estados Parte, asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, debiendo tomar medidas legislativas y administrativas, como lo es precisamente la creación y mantención de instituciones como la OPD que se cerrará.

La vía de para la obtención del cumplimiento de los derechos reconocidos por la Convención, es el Principio de Efectividad, contenido en el Art. 4 de la Convención, el cual obliga a los Estados Partes a adoptar todas las medidas administrativas; reforzando dicha obligación, ordena adoptar dichas medidas hasta el máximo de los recursos de que se dispongan.  Esta herramienta contemplada por la Convención, se ve a su vez reforzada por lo prevenido en el Art. 18.2 en que se ordena al Estado Parte prestar asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velar por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.  De lo que se colige que, nuevamente la Convención ordena la creación de una estructura administrativa que dé atención a la infancia y sus familia.

Adicionalmente a esta estructura social administrativa que requiere la Convención, impone la obligación del Estado Parte de respetar que el cuidado de los niños sea ejercido por sus padres o familia extensa, lo que ya se visualiza en el preámbulo de la norma, debiendo promover una atención de carácter administrativa a los niños, niñas y adolescentes, evitando que el apoyo de éstos en la efectivización de sus derechos se haga a través de los Tribunales de Justica, acción que debiese ser la última medida y sólo frente a una grave vulneración de derechos a la que esta estructura administrativa no pueda dar respuesta. Como se desprende de los  Art. 2, 3,  4, 5, 6 y 9 de la Covención.

Alcalde Radonich, como podrá ver son muchos los motivos por los que esta ciudadanía organizada le pide que revierta la decisión de que la Il. Municipalidad deje de ejecutar la OPD Punta Arenas, ser recordado como el alcalde que perjudico en forma importante a nuestra infancia y adolescencia dos veces durante el mismo año es algo que aún está en sus manos cambiar, si toma la única decisión que continuará brindando la protección que niños, niñas y adolescentes necesitan: dar continuidad a la OPD Punta Arenas.

Katherine González Butcher, Abogada.

Roberto Herrera Ávila, Psicólogo.

 



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